Corte Constitucional (1980)
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Se trata del fallo de la Corte en el que estudió la demanda contra los incisos 2 y 6 del artículo 50, el artículo 51 y el inciso 1º del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013. El demandante argumentó que estas disposiciones vulneraban el derecho a la vivienda digna, al permitir que los acreedores con garantía real obtengan un pago preferente en procesos de reorganización y liquidación, lo que podría perjudicar a los promitentes compradores de vivienda. La Corte, sin embargo, se declaró inhibida para pronunciarse de fondo, argumentando que la demanda carecía de sustento suficiente y que el legislador no había desprotegido a los promitentes compradores. Se destacó que la seguridad de la tenencia no se limita al derecho de propiedad, y que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la vivienda digna, independientemente de la situación de propiedad de los individuos.
La Corte Constitucional analizó la expresión "en primer grado de consanguinidad" en el artículo 24 de la Ley 2121 de 2021, que limitaba la flexibilidad horaria para trabajadores remotos a aquellos que cuidaban a familiares directos. La Corte consideró que esta limitación generaba una exclusión injustificada de otros familiares que también requieren cuidado, como niños, personas con discapacidad y adultos mayores, sin importar el grado de parentesco. Se argumentó que el derecho al cuidado es fundamental y debe ser garantizado en el ámbito laboral, promoviendo la conciliación entre la vida personal y el trabajo. La Corte concluyó que la disposición incurrió en una omisión legislativa relativa, al no reconocer situaciones análogas de trabajadores con responsabilidades familiares. Por lo tanto, se declaró inexequible la expresión cuestionada, ampliando así el alcance de los derechos laborales en el contexto del cuidado familiar, sin restringirlo a la consanguinidad en primer grado.
La Corte consideró que la empresa Proenso S.A.S. efectivamente vulneró los derechos fundamentales del actor al habeas data y a la intimidad. Se determinó que la divulgación de su diagnóstico de VIH positivo en el certificado de aptitud laboral, sin su consentimiento, constituyó una violación a su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. La Corte reafirmó la importancia de la confidencialidad en la información médica y la prohibición de discriminación hacia personas portadoras de VIH, destacando que dicha divulgación pudo haber influido en su exclusión del proceso de selección laboral, lo que también se relaciona con el derecho a no ser discriminado por su condición de salud.
La Corte Constitucional revisó una tutela presentada contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, que había negado la existencia de una relación laboral en un hotel. La accionante alegó que, tras la muerte de su jefe, renunció debido a insatisfacción con las condiciones laborales y la liquidación recibida, además de no estar afiliada al Sistema de Seguridad Social. La Corte encontró que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo al no aplicar correctamente el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece los elementos necesarios para considerar la existencia de un contrato laboral: la actividad personal del trabajador, la subordinación al empleador y el pago de un salario. La Corte subrayó que el trabajo es un derecho humano que requiere protección, y que los jueces deben declarar la existencia de una relación laboral cuando se verifiquen los elementos pertinentes, incluso si hay vacíos en los períodos alegados. La decisión del Tribunal fue anulada y se ordenó una nueva evaluación del caso.
La Corte Constitucional revisó una tutela presentada contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, que había negado la existencia de una relación laboral en un hotel. La accionante alegó que, tras la muerte de su jefe, renunció debido a insatisfacción con las condiciones laborales y la liquidación recibida, además de no estar afiliada al Sistema de Seguridad Social. La Corte encontró que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo al no aplicar correctamente el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece los elementos necesarios para considerar la existencia de un contrato laboral: la actividad personal del trabajador, la subordinación al empleador y el pago de un salario. La Corte subrayó que el trabajo es un derecho humano que requiere protección, y que los jueces deben declarar la existencia de una relación laboral cuando se verifiquen los elementos pertinentes, incluso si hay vacíos en los períodos alegados. La decisión del Tribunal fue anulada y se ordenó una nueva evaluación del caso.
La Corte Constitucional reiteró que el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes debe basarse en un análisis exhaustivo de la dependencia económica y la pérdida de capacidad laboral. En un caso reciente, se evaluó la situación de un hombre diagnosticado con esquizofrenia, quien fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 65%. Su madre, actuando como agente oficiosa, presentó una tutela tras la negativa de Colpensiones de reconocer la pensión, argumentando que no se acreditó la dependencia económica debido a la falta de convivencia y la exoneración de la cuota alimentaria por parte del padre. Sin embargo, la Corte determinó que la convivencia no es un requisito exclusivo y que la dependencia económica estaba claramente establecida. La Corte ordenó a Colpensiones reconocer y pagar el 50% de la pensión, enfatizando la importancia de valorar adecuadamente las pruebas en casos de personas con discapacidad y garantizar sus derechos fundamentales.
El micrositio pedagógico de la Corte Constitucional, creado para el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, ofrece un espacio interactivo para conocer los avances en la superación de las fallas estructurales del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. En la sección "inicio", se explica el contexto de la sentencia, la creación de la Sala Especial de Seguimiento, sus funciones y los boletines informativos sobre decisiones recientes. La sección "seguimiento" detalla el proceso de valoración, los niveles de cumplimiento y los ejes temáticos de las órdenes emitidas, así como una síntesis de los mandatos y su evolución desde 2008. Además, incluye una sección "multimedia" con videos de inspecciones judiciales y sesiones técnicas, y una sección "asuntos de interés" que proporciona normatividad relevante y decisiones de tutela sobre derechos relacionados con la salud, como el derecho al diagnóstico y los servicios de cuidado y enfermería.
La Corte Constitucional, al analizar la tutela de una mujer que sufrió acoso sexual y laboral en su trabajo, reafirmó la necesidad de proteger los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. La accionante, quien trabajó en el área de facturación, denunció comentarios inapropiados y despido injustificado mientras atendía una emergencia médica de su hijo. La Corte destacó la importancia de aplicar la perspectiva de género en estos casos, recordando que las mujeres tienen derecho a un entorno laboral libre de violencia y discriminación. Se ordenó a la entidad que reconociera las prestaciones sociales adeudadas, reintegrara a la mujer a un puesto vacante y elaborara un protocolo para prevenir y actuar ante el acoso laboral y sexual. Además, se enfatizó que los empleadores deben asesorar a las trabajadoras sobre las rutas de atención disponibles y no normalizar la violencia, cumpliendo así con su obligación de garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso.
La Corte declaró inconstitucionales ciertas limitaciones al fuero de paternidad establecidas en la Ley 2141 de 2021. Específicamente, se invalidaron las expresiones “y no tenga un empleo formal” y “y una declaración, que se entiende presentada bajo la gravedad del juramento, de que ella carece de un empleo”. La Corte argumentó que estas limitaciones introducían un trato discriminatorio hacia los trabajadores que comparten la crianza con mujeres que tienen empleo formal, vulnerando así los principios de igualdad y no discriminación. Se enfatizó que el fuero de paternidad debe garantizar la protección contra despidos independientemente de las condiciones laborales de la pareja, promoviendo una distribución equitativa de las responsabilidades familiares. Esta decisión busca fortalecer los derechos laborales y asegurar condiciones dignas y justas para todos los trabajadores, reconociendo la importancia de la corresponsabilidad en la crianza de los hijos.
La Corte declaró inexequibles ciertas disposiciones del Estatuto Notarial que discriminaban a personas con discapacidades físicas o mentales, específicamente las que obligaban a los notarios en estas condiciones a retirarse de su cargo. La Corte argumentó que estas normas violaban el principio de igualdad y la prohibición de discriminación consagrada en el artículo 13 de la Constitución. Se destacó la necesidad de adoptar ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus funciones notariales en igualdad de condiciones, siempre que su situación no impida el desempeño de las labores esenciales del cargo. Además, se exhortó al Consejo Superior de la Carrera Notarial y a la Superintendencia de Notariado y Registro a eliminar las barreras que enfrentan estas personas, promoviendo un entorno laboral inclusivo y accesible. Esta decisión representa un avance significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito notarial.
