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Martes, 27 Febrero 2024

Edición 1117 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

“La originalidad hace referencia a la individualidad de la obra, a ese sello o marca personal que el autor imprime en su creación y que la hace única frente a las demás”. Es así como en virtud de la expedición del Código General del Proceso, (Ley 1564 de 2012), a la DNDA le fueron asignadas funciones jurisdiccionales en lo que respecta a los procesos de naturaleza civil que se originen por controversias relacionadas con derecho de autor y derechos conexos; por lo tanto, esta Entidad actúa como juez, y no como entidad administrativa, garantizando la imparcialidad de los pronunciamientos judiciales y su debida independencia.

La Entidad explica que en Colombia existen dos vías de protección a los derechos de autor a través de acciones judiciales. Una es la acción penal, que se encuentra regulada en la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por violación a los derechos morales y patrimoniales de autor, cuyas denuncias e investigaciones de los presuntos delitos se encuentra radicada en la Fiscalía General de la Nación. La segunda son las acciones civiles, que de ellas conoce la jurisdicción ordinaria (juzgados, tribunales, Corte Suprema) y, eventualmente, la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Este es el enlace del proyecto de Ley 2170-2023. Hay que señalar, sin embargo, que la sociedad de gestión de derechos de productores fonográficos UNIMPRO tiene entre sus miembros tanto a productores fonográficos nacionales como extranjeros, por lo que el impacto en los ingresos totales ha de ser marginal. Respecto al impacto en la distribución de dichos ingresos, sí es posible que se modifique, aunque no por el monto total del porcentaje establecido debido a que ya existe un porcentaje de consumo de música local. Es incierto sin embargo el significado del término “música emergente”, de cuya definición reglamentaria se podrá determinar con precisión el correspondiente impacto.

Encontramos que a través de la RM 638-2023 , se busca incluir contenidos educativos que promuevan una cultura de valores en la formación escolar. Este programa podría permitir la inclusión del valor de respeto a la propiedad intelectual y la legalidad, así como un rechazo a la piratería. A su vez, el Decreto legislativo 1591-2023, que modifica la Ley 30096, (Ley de delitos informáticos), promueve el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales por niñas, niños y adolescentes. Se encuentra también el Decreto Legislativo 1605, que modifica el Nuevo Código Procesal Penal y fortalece el rol de investigación de la Policía Nacional en la investigación de delitos; esta labor tendrá incidencia en la persecución penal de los delitos contra la propiedad intelectual. Por último, a través del Decreto Legislativo 1614, se agravan las penas por acceso a sistemas informáticos, se penaliza la colaboración en el fraude informático y se añade la suplantación de páginas web en el tipo penal de fraude informático. Estas modificaciones pueden ser utilizadas en las acciones penales contra la piratería digital.

El marco normativo preexistente, se aplicaba exclusivamente a delitos de alta gravedad, tales como, el sicariato, la pornografía infantil, el genocidio, el tráfico ilícito de drogas, entre otras; con esta reforma (Decreto Legislativo 1607-2023), se puede utilizar dicho marco reforzado de investigación a los delitos contra el derecho de autor y los derechos conexos. La ventaja es obtener la facultad de levantamiento de reservas y secretos tales como el bancario, bursátil, de comunicaciones, así como poder incrementar las sanciones penales por concurso de delitos por la pertenencia a una organización criminal. Esta norma eleva el nivel de observancia en materia de Propiedad intelectual en el país.