El Ministerio de Transporte y el International Transport Forum (ITF) lanzaron la segunda edición del premio de periodismo ITF “Transporte y Movilidad en América Latina”, destinado a reconocer el trabajo de periodistas de la región en temas de transporte y movilidad. Las postulaciones están abiertas a periodistas que residan en América Latina y el Caribe, se aceptan trabajos en diversos formatos publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. El ganador recibirá un viaje a la Cumbre Mundial de Ministros de Transporte en Alemania en mayo de 2025, donde presentará su trabajo. Este premio busca fomentar el diálogo sobre el papel del transporte en el desarrollo económico, la sostenibilidad y la inclusión social en la región.

 La reciente Sanción de esta reforma judicial en Colombia moderniza el sistema de justicia y refuerza las funciones del Consejo Superior de la Judicatura en busca de garantizar su autonomía. La presidenta de la Corporación, destacó el compromiso del Estado para fortalecer la Rama Judicial, que asegura recursos suficientes para que los jueces cumplan con su labor. La reforma promueve la digitalización del sistema judicial, mejora las condiciones laborales de los servidores y fomenta la equidad de género en todas las cortes. Además, busca generar espacios de diálogo entre las Altas Cortes para diseñar políticas que fortalezcan la justicia, en busca de asegurar un servicio más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

La Sala de consulta y Servicios Civil del Consejo de Estado declaró competente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. Esta decisión, emitida el 6 de agosto de 2024, ha sido impugnada por Petro, quien solicita la nulidad del fallo, argumentando la falta de claridad legislativa sobre los eventos que constituyen nulidades en decisiones administrativas. El conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusaciones del Congreso resalta la tensión entre las instituciones encargadas de supervisar la conducta del presidente y la necesidad de definir claramente las normas que rigen estas investigaciones, así como el alcance del fuero presidencial en casos de sanciones.

En esta acción de tutela presentada por un campesino de 80 años en Santa Marta, se buscó proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, la vivienda y la dignidad humana en un proceso de restitución de tierras. La Corte Constitucional destacó la importancia de garantizar el acceso a la justicia y la defensa técnica, especialmente para las víctimas de desplazamiento forzado. En su decisión, la Corte anuló las decisiones del juzgado que afectaron al campesino y subrayó la necesidad de que los jueces valoren adecuadamente las pruebas y actúen con imparcialidad. Además, se resaltó que la falta de asesoría jurídica adecuada configuró un defecto procedimental absoluto, que vulneró sus derechos. Este caso refleja las dificultades que enfrentan quienes han sido despojados de sus tierras y la urgencia de abordar las irregularidades judiciales para asegurar un proceso justo y equitativo en la restitución de tierras, así se protege a las comunidades vulnerables.

Invías desmintió a través de un comunicado oficial, las afirmaciones de un concejal de Necoclí, Antioquia, sobre irregularidades en la contratación directa con la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, y aclara que el proceso se realizó conforme a la ley y en el marco de las consultas previas. El contrato, por más de 5.5 mil millones de pesos, tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial en comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras. Además, se ha confirmado que el viceministro de Deporte no es miembro activo de la agencia, desmiente así las acusaciones sobre su participación en la junta directiva. Invías reafirma su compromiso con el desarrollo y los derechos de estas comunidades, y promueve su empoderamiento y bienestar.

La CREG emitió esta Resolución que modifica la definición del Precio de Oferta Ajustado en el mercado eléctrico. Esta modificación busca mejorar la sostenibilidad y eficiencia del sistema y así garantizar su confiabilidad ante posibles riesgos de desabastecimiento, especialmente a la luz de las lecciones aprendidas del Fenómeno de El Niño. La resolución se fundamenta en las leyes 142 y 143 de 1994, que establecen las funciones de la CREG en la regulación del sector energético. Además, la CREG ha considerado los comentarios de los participantes del sector, incluyendo generadores, comercializadores y usuarios, durante el proceso de consulta pública, con un enfoque inclusivo y participativo en la toma de decisiones regulatorias.

La CREG en esta circular solicitó a las empresas de transmisión nacionales que reporten información sobre los activos de proyectos adjudicados en el Sistema de Transmisión Nacional desde 2002. Las empresas deben enviar esta información mediante el uso de un archivo Excel anexo al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. El plazo para cumplir con esta solicitud es de 10 días hábiles a partir del 9 de octubre de 2024. La CREG busca realizar un análisis detallado de las unidades constructivas de transmisión. La colaboración de las empresas es fundamental para el desarrollo del sector energético. La respuesta oportuna es crucial para el éxito de esta iniciativa.

La CREG convoca audiencias públicas para socializar la propuesta de regulación sobre la remuneración en la comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados. Las sesiones se llevarán a cabo en Bucaramanga, Bogotá, Montería y Pasto entre octubre y noviembre de 2024. Se invita a gobernadores, alcaldes y representantes de usuarios a participar, inscribiéndose y presentando ponencias con antelación. Este proceso busca fomentar la transparencia y la inclusión en la regulación del sector energético. La CREG ha puesto a disposición la información y documentos relevantes en su portal web. La participación ciudadana resulta fundamental para el desarrollo de políticas efectivas.