La Resolución de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) establece la creación de Comités Primarios en cada dependencia de la entidad. Estos comités tienen como objetivo garantizar la participación de los servidores y colaboradores en la autoevaluación de la gestión, así como en la socialización de directrices de la alta dirección. Se busca detectar riesgos y proponer mejoras para el desarrollo normal de las funciones y la ejecución de planes de gestión. La resolución se fundamenta en principios de la función administrativa, como la igualdad y la eficacia, y se apoya en normativas como el artículo 2.2.5.5.52 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 9 del Decreto 2121 de 2023. La resolución entra en vigencia al día siguiente de su expedición y deroga la resolución 608 de 2019. La comunicación de esta resolución se realizará a través del GIT de Gestión de Talento Humano a las diferentes oficinas y coordinadores de la UPME.

Este proyecto establece el precio promedio internacional del carbón de referencia y los percentiles de precios promedio mensuales, que son necesarios para determinar los puntos adicionales a la tarifa general del impuesto sobre la renta para el año gravable 2024. Los comentarios se recibirán durante diez días calendarios, hasta el 27 de enero de 2025, a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

La UPME, informa a los titulares de proyectos clase 1 con capacidad de transporte sobre el nuevo formato oficial para solicitar cambios de Fecha de Puesta en Operación (FPO) y cambios de titularidad. Se destaca que para los cambios de FPO es necesario presentar una curva S actualizada y un documento justificativo cuando aplique. Se invita a los interesados a una capacitación en vivo el 24 de enero de 2025 a las 10:00 a.m. a través del canal oficial de la UPME en YouTube. Las solicitudes de cambio deben ser radicadas a partir del 25 de enero de 2025, y se recuerda que los campos del formato no deben ser alterados.

 Descargar texto : lineamientos básicos sobre la modalidad de toma de posesión con fines liquidatorios de las empresas de servicios públicos. Es importante destacar que esta modalidad no necesariamente implica la liquidación de la empresa, sino que permite realizar acciones para sanear las causas de la intervención y asegurar la continuidad del servicio.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha emitido una resolución que establece disposiciones unificadas y un marco metodológico para regular el presupuesto máximo destinado a la gestión y financiación de servicios y tecnologías en salud que no están cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta normativa busca garantizar que los servicios y tecnologías no excluidos de la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) sean gestionados de manera eficiente y equitativa. La resolución también se fundamenta en la Ley 1955 de 2019, que establece que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben gestionar estos recursos con base en un presupuesto máximo asignado anualmente por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Además, se contempla un procedimiento para la asignación del presupuesto en caso de que no se cuente con los resultados de auditoría en los plazos establecidos.

La norma se hizo pública recientemente y regula la Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legalización y Formalización Minera, conforme a la Ley 2250 de 2022. Establece que, tras una reunión con la autoridad ambiental, el solicitante tiene 15 días hábiles para presentar información adicional, con posibilidad de prórroga. La autoridad ambiental debe verificar la documentación en un plazo de cinco días hábiles después de recibir la información complementaria. Si el solicitante no cumple, se considera que ha desistido de la solicitud. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene un plazo de 15 días hábiles para decidir sobre la sustracción de áreas de reserva forestal. La resolución también menciona la necesidad de un acto administrativo que certifique la formalización minera y la presentación de documentos cartográficos y formularios específicos. Finalmente, se establece que el acto administrativo final será notificado a las partes interesadas y se podrá interponer recurso de reposición.

La financiación colaborativa es un mecanismo de financiamiento que permite a múltiples aportantes contribuir con fondos para apoyar proyectos productivos, utilizando plataformas tecnológicas. Este sistema se destaca por su capacidad para facilitar el acceso a recursos financieros, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y emprendedores que buscan desarrollar sus iniciativas. A través de la financiación colaborativa, los receptores de fondos pueden presentar sus proyectos a una comunidad de inversores interesados, quienes pueden aportar capital a cambio de una rentabilidad económica. Este enfoque no solo promueve la innovación y el emprendimiento, sino que también diversifica las alternativas de financiamiento más allá de los esquemas tradicionales. Además, se busca garantizar altos estándares de transparencia e integridad en el proceso, lo que permite a los aportantes tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. En resumen, la financiación colaborativa es una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico y empresarial.

El Gobierno estableció modificaciones y adiciones a normativas relacionadas con la reforma agraria y el desarrollo rural. Su objetivo principal es definir criterios y parámetros para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) impulse la adquisición de predios rurales mediante procedimientos de negociación directa, en conformidad con las leyes vigentes. Se busca garantizar el acceso a la tierra, promover su uso social y ecológico, y asegurar la seguridad jurídica sobre la propiedad. El decreto también enfatiza la importancia de la adecuada explotación de recursos naturales y la integración de la producción agrícola con otros sectores económicos. Además, se establecen mecanismos de articulación con el servicio público registral para facilitar estos procesos. En resumen, el decreto busca fortalecer la gestión del acceso a la tierra y fomentar un desarrollo rural integral y sostenible en Colombia.