Auto (34)
La Corte Constitucional dirimió un conflicto de competencia entre el Juzgado 039 de Pequeñas Causas y el Juzgado 031 Administrativo en Bogotá, declarando competente al primero para conocer una demanda ejecutiva presentada por FINAGRO contra Reforestadora del Sinú S.A. La decisión se basó en que el proceso ejecutivo corresponde a actividades del giro ordinario de una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, aplicando la exclusión del artículo 105.1 del CPACA y la competencia residual civil.
A través de un Auto reciente de la Corte Constitucional la Corporación solicitó información al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales sobre las medidas adoptadas para proteger a las personas desplazadas y a los firmantes del Acuerdo de Paz debido a la crítica situación humanitaria en el Catatumbo. En enero de 2025, se registraron aproximadamente 52,229 desplazados y 21,193 personas confinadas, junto con otros incidentes graves que afectan a los firmantes del Acuerdo. La Corte ha manifestado su preocupación por el aumento de esta problemática en la última década, exigiendo detalles sobre la implementación de una ruta integral de atención para las víctimas y sobre las acciones para mejorar la seguridad en los espacios de reincorporación. También se busca fortalecer la coordinación interinstitucional y fomentar soluciones duraderas ante la emergencia, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos de estas poblaciones vulnerables.
“La Corte Constitucional resolvió un Conflicto entre Juzgado Civil del Circuito de Anserma y el Juzgado 008 Administrativo del Circuito de Manizales, causado por una acción popular presentada por los personeros municipales de Viterbo, San José y Risaralda (Caldas), en contra de la sociedad Agropecuaria Rio Dulce S.A.S. con la finalidad de que se proteja el derecho a un ambiente sano en favor de las comunidades aledañas al lugar en donde la comentada sociedad adelanta sus labores porcícolas y realice adecuaciones técnicas necesarias, para la disposición y vertimientos de residuos y subproductos generados por dichas labores. Cumplidos los presupuestos del conflicto de jurisdicciones, la Sala Plena advierte que fue vinculada al proceso CORPOCALDAS, entidad de naturaleza pública, en forma concurrente con la sociedad demandada, de naturaleza privada. A la primera no se le acusa de ser la causante de la vulneración reprochada en la acción, pero su comparecencia tiene sentido porque sus funciones de supervisión se relacionan con el objeto del trámite judicial, al punto de estar directamente concernidas en las pretensiones de la demanda, aspecto a tener en cuenta mientras se decide la pertinencia de dicha vinculación. Bajo estos supuestos, es pertinente resolver en reiteración de lo dispuesto en Auto 1758 de 2024 que, las acciones populares presentadas concurrentemente en contra de particulares que no desempeñen funciones administrativas y entidades públicas o particulares que sí desempeñen funciones administrativas deben ser conocidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 472 de 1998”
La controversia se centra en la competencia judicial sobre un contrato entre la empresa SISPRO y Electricaribe, en el contexto de un conflicto de jurisdicción entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga. La Corte Constitucional determinó que la Jurisdicción Ordinaria es competente para conocer las demandas contractuales con empresas de servicios públicos privadas, incluso en liquidación, dado que el contrato no es estatal y carece de cláusulas exorbitantes.
La Corte Constitucional amplió hasta finales de enero de 2025 el plazo para que el ministerio de Ambiente actualice los términos de referencia genéricos para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de cambio climático pueden producir las obras o actividades cuya ejecución requiere licencia ambiental de la orden contenida en la Sentencia C-280/24.
La Corte Constitucional, a través del Auto 2049 de 2024, declaró el incumplimiento general en la suficiencia de los presupuestos máximos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se evidenció que el Ministerio de Salud no apropió los recursos necesarios para financiar servicios de salud, lo que representa un retroceso en el cumplimiento de órdenes anteriores. La Corte ordenó al Ministerio de Salud pagar los presupuestos máximos correspondientes a varios meses de 2024 y a crear una metodología unificada para su reajuste. Además, se abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud por no cumplir con las órdenes previas. La demora en los pagos y la falta de recursos ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS y el derecho a la salud de los afiliados. La situación es crítica, ya que los recursos asignados no son suficientes para cubrir los presupuestos del segundo semestre de 2024, lo que afecta gravemente el sistema de salud.
La Corte Constitucional, mediante un Auto, declaró el incumplimiento general en la suficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) para el sistema de salud. Se ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social crear una mesa de trabajo para revisar la UPC de 2024, actualizando su cálculo y considerando el rezago acumulado desde 2021. La Corte destacó que el Ministerio no ha avanzado en solucionar fallas en el sistema de información, lo que dificulta calcular una UPC adecuada. Las fallas incluyen la falta de mecanismos fiables para contrastar los datos de las EPS y la insuficiencia de la información utilizada para el cálculo. También se mencionó la necesidad de revaluar factores como la siniestralidad y la inflación en el cálculo de la UPC. El retraso en la equiparación del valor de la UPC entre el régimen subsidiado y el contributivo también fue señalado, lo que ha generado incumplimientos desde 2022. En resumen, la Corte exige al Ministerio realizar ajustes inmediatos para asegurar una financiación suficiente del Plan de Beneficios en Salud (PBS) en los próximos años.
Esta decisión se fundamentó en la necesidad de aclarar aspectos técnicos y de participación del pueblo Wayuu. Entre las medidas adoptadas, se destacan la inclusión del municipio de Maicao en el Comité Técnico de Información, la unificación de reglas para la aprobación de acuerdos, y la definición precisa del quorum y representación en el consejo del MESEPP. La Corte también solicitó un informe sobre el avance del Tablero de Control y el ajuste del protocolo para garantizar la representación efectiva del pueblo Wayuu. A pesar de las acciones implementadas, persiste la necesidad de fortalecer la participación del pueblo y asegurar una adecuada voz en la toma de decisiones, lo cual es fundamental para garantizar sus derechos en áreas como agua, alimentación y salud.
La Corte Constitucional convoca a una sesión técnica para el 16 de diciembre de 2024, con el objetivo de evaluar el avance en el cumplimiento de las órdenes dictadas en la Sentencia SU-288 de 2022. Esta sentencia busca garantizar el acceso progresivo a la tierra para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, mujeres rurales y desplazados por la violencia, entre otros grupos vulnerables. Sin embargo, se ha constatado que los informes de seguimiento de las entidades responsables son insuficientes, ya que se limitan a descripciones generales y no presentan una metodología clara para medir el cumplimiento. La sesión se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Corte Constitucional y sus redes sociales, permitiendo que la ciudadanía interesada pueda seguir el desarrollo de la evaluación. La Corte busca asegurar la ejecución eficiente de la política de tierras en el país.
La audiencia pública se llevará a cabo el 7 de octubre de 2024 en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, Bogotá. Los demandantes presentan varios argumentos principales en contra de la Ley 1816 de 2016, específicamente en relación con los incisos primero y segundo del artículo 28. Estos argumentos son: vulneración de la libertad de competencia: se sostiene que los incisos acusados limitan de forma desproporcionada la libre competencia, lo que va en contra del artículo 333 de la Constitución Política, que protege este derecho. Naturaleza de los monopolios rentísticos: los demandantes argumentan que la medida desconoce la naturaleza rentística de los monopolios previstos en el artículo 336 de la Constitución, que establece que los monopolios deben ser regulados de manera que no afecten la competencia. Derecho a la libre elección de los consumidores: se alega que la norma impide la libre elección de los consumidores en el abastecimiento del aguardiente, lo que contraviene el artículo 78 de la Constitución, que garantiza este derecho. En resumen, los demandantes consideran que la medida de suspensión de permisos para la introducción de aguardiente afecta negativamente la competencia y la elección de los consumidores en el mercado de licores destilados en Colombia.
