proyecto de norma (22)
Tiene como objetivo facilitar el financiamiento de proyectos de emprendimiento y generación de empleo en municipios afectados por la disminución en la explotación de recursos naturales no renovables, promoviendo la diversificación económica y la ocupación progresiva de la mano de obra local en actividades distintas a la minería y extracción. Además, establece las líneas de inversión prioritarias, procedimientos para la viabilización, priorización y aprobación de proyectos, y las entidades responsables del proceso, contribuyendo al desarrollo sostenible y competitivo de estas regiones.
El proyecto de acuerdo modifica el artículo 5.2.1. del Acuerdo Único del SGR para adoptar la metodología de convocatorias públicas y competitivas en la distribución y asignación del 30% de los rendimientos financieros del SGR durante el bienio 2025-2026. Esta metodología, impulsada busca promover la participación de municipios donde se exploten recursos naturales no renovables y en zonas portuarias, evaluando proyectos según criterios de impacto social, fortalezas institucionales y necesidades básicas insatisfechas.
Su objetivo es el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, vial, educativa, ambiental, agrícola, pesquera y de servicios públicos. Se definen requisitos habilitantes, criterios de selección basados en aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, la asignación clara de riesgos contractuales, y límites en modificaciones y remuneración. El decreto también establece la formación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y mecanismos de seguimiento comunitario para garantizar transparencia y participación ciudadana en la ejecución de las AIPP. Además, estipula que la remuneración en los proyectos no podrá superar el 50 % del aporte público, asegurando la planificación, equidad y proporcionalidad en su asignación.
El proyecto de decreto busca modificar los lineamientos para el fortalecimiento de la Planeación Participativa y la reglamentación del Sistema Nacional de Planeación en Colombia, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2294 de 2023. Este cambio responde a la necesidad de garantizar una participación más inclusiva y efectiva de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Se reconoce que la participación ciudadana es un derecho humano fundamental y un componente esencial para el desarrollo territorial y la cohesión social, promoviendo una democracia más robusta.
El proyecto de norma busca establecer el procedimiento para calcular la Tasa Desempleo Estructural en 11.07% para 2023, que servirá como base para la ampliación de la licencia remunerada de paternidad. Esta resolución se enmarca en el parágrafo 2 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2114 de 2021, que amplía la licencia de paternidad a dos semanas, con la posibilidad de aumentar una semana adicional por cada punto porcentual de disminución de la tasa de desempleo estructural, hasta un máximo de cinco semanas.
Los comentarios se recibirán hasta el 1 de marzo de 2025 a los correos electrónicos: maguirreEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. El proyecto de norma del Departamento Nacional de Planeación (DNP) modifica los Títulos 12 y 13 del Decreto 1821 de 2020, estableciendo nuevas disposiciones para la financiación de proyectos de inversión con operaciones de crédito público respaldadas por la Asignación para la Inversión Regional. Se definen requisitos y condiciones para la aprobación de proyectos de inversión en fase III, que deben ser declarados de importancia estratégica. Se establece un procedimiento para contratar créditos públicos y la creación de un patrimonio autónomo, destinado a gestionar los recursos. Además, se señalan certificaciones y documentaciones necesarias para la aprobación de proyectos, como la falta de disponibilidad presupuestal y la declaratoria de importancia estratégica. El objetivo es asegurar la correcta distribución y uso eficiente de los fondos del SGR en los proyectos de inversión regionales y locales, fomentando una mayor cobertura y apoyo a poblaciones vulnerables.
El proyecto de norma establece que a partir del 1° de enero de 2025, los avalúos catastrales de predios urbanos y rurales no formados ni actualizados en 2024 tendrán un incremento del 3%, alineado con la meta de inflación proyectada por el Banco de la República. Este ajuste se fundamenta en el Índice de Valoración Predial (IVP) y el Índice de Precios al Productor Agropecuario (IPPA), que reflejan variaciones económicas. Además, se contempla que los catastros descentralizados pueden calcular un IVP diferencial. El decreto rige desde el 1° de enero de 2025 y sustituye disposiciones anteriores, buscando una actualización equitativa y acorde a las condiciones económicas del país.
Los interesados podrán enviar sus comentarios del 15 al 30 de noviembre de 2024 al correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Con el proyecto de norma el DNP busca asegurar la correcta transición e implementación de la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), que es crucial para la gestión de proyectos de inversión en Colombia. La PIIP ya ha comenzado a operar para entidades del PGN y se planea su implementación para entidades territoriales, lo que requiere un marco normativo claro. Se establece un plazo claro para la transición a la nueva plataforma, que no podrá superar el 30 de junio de 2026. Esto proporciona un marco temporal que permite a los actores involucrados planificar y ejecutar la transición de manera ordenada.
El proyecto de norma tiene por objeto fortalecer la Planeación Participativa en Colombia, promoviendo una adecuada articulación entre las instancias de distintos niveles territoriales y estableciendo acciones dirigidas a la gobernanza del Sistema Nacional de Planeación desde un enfoque de participación incidente. Este decreto se enmarca en el cumplimiento de lo dispuesto en el Punto 2 del Acuerdo Final de Paz y busca garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la participación ciudadana, tanto en espacios institucionales como en mecanismos autónomos. Se enfatiza la importancia de convocatorias amplias y transparentes, así como la preparación de los actores para asegurar una participación informada. Además, se establece la necesidad de rendición de cuentas y control social, promoviendo la transparencia y el acceso a la información. En resumen, el decreto busca integrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la gestión del desarrollo territorial, asegurando que las voces de todos los sectores sean escuchadas y consideradas.
En este proyecto de norma, la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR) busca adptar nuevos requisitos para la viabilización de proyectos de inversión, conforme a la Ley 2056 de 2020, con el objetivo de optimizar el uso de ingresos de recursos naturales no renovables. Estos requisitos incluyen la formulación de proyectos bajo la Metodología General Ajustada (MGA), presupuestos detallados, verificación de sostenibilidad y cumplimiento de normas de ordenamiento territorial, así como disposiciones para proyectos en resguardos indígenas.
