El Departamento Nacional de Planeación (DNP) puso en consideración un proyecto de resolución con el que pretende reglamentar y compilar disposiciones del Decreto Único del Sistema General de Regalías (SGR), con el objetivo de actualizar, armonizar y fortalecer la gestión de los recursos provenientes de regalías en el país. Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra la unificación de criterios técnicos y procedimentales para la formulación, presentación, viabilización, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR. La iniciativa busca reducir ambigüedades normativas y facilitar la aplicación homogénea de las reglas por parte de entidades territoriales y ejecutores.
El DNP publicó para comentarios un proyecto de decreto que fija los requisitos para la celebración y ejecución de las Alianzas de Impacto Público Privado (AIPP), mecanismo orientado a fortalecer la provisión de bienes y servicios con impacto social mediante la articulación entre el sector público y actores privados. La iniciativa define condiciones técnicas, jurídicas y financieras que deberán cumplir las entidades estatales y los aliados privados, así como reglas sobre estructuración, seguimiento, gestión de riesgos y evaluación de resultados. El objetivo es dar mayor seguridad jurídica, transparencia y control a estas alianzas, asegurando que los proyectos respondan a necesidades públicas verificables y generen valor social medible.
La Agenda Regulatoria 2026 del Departamento Nacional de Planeación articula un conjunto de proyectos normativos clave para el país, encaminados a actualizar, modificar o derogar regulaciones obsoletas, adaptándose a evoluciones tecnológicas y necesidades sociales. Destacan iniciativas como la política de calidad acústica, regulaciones para ciudades verdes y resilientes, y ajustes a avalúos catastrales. La participación interinstitucional es fundamental, integrando ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura, Transporte, y otros sectores estratégicos. Además, se contempla un proceso de consulta pública abierto para garantizar la transparencia y la inclusión ciudadana, con el fin de fortalecer el marco normativo y mejorar la gestión pública. Esta agenda reafirma el compromiso con la modernización y sostenibilidad normativa en Colombia.
El proyecto de norma modifica el artículo 2.2.2.1.11.8 del Decreto 1082 de 2015 para permitir la reprogramación del plazo y/o la distribución anual de vigencias futuras en proyectos de Asociación Público Privada, sin aumentar el monto total autorizado por el CONFIS. Busca facilitar una gestión presupuestal adecuada sin afectar competencias ni requerir nueva autorización. Establece requisitos como justificación técnica, legal y financiera, nuevo cronograma, certificación de no incremento del contrato y conceptos favorables del Ministerio, DNP y Ministerio de Hacienda. Aplica a entidades del orden nacional bajo la Ley 1508 de 2012 y entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
El proyecto de norma establece los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública para la gestión de pasivos ambientales en Colombia, conforme a la Ley 2327 de 2023. Involucra al Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Salud, Ambiente, Minas y Energía, Agricultura, Transporte, Cultura y Vivienda, y coordina con autoridades indígenas y comunidades afrocolombianas. Se realizaron cuatro audiencias territoriales para garantizar la participación ciudadana y se elaboró un diagnóstico del problema, con ejes estratégicos y plan de seguimiento. La resolución entra en vigencia tras su publicación oficial.
Se busca modificar la Resolución 0005 de 2024 para actualizar la metodología de identificación de tipologías de entidades territoriales, orientada al reconocimiento de sus capacidades. Se incorporan los 12 municipios antes denominados "centros de aglomeración" dentro del cálculo general de tipologías, ubicándolos en las tipologías 1 y 2. Además, se establece un ponderador individual para cada municipio, calculado exclusivamente con base en el índice de distancias y densidades (IDD), mejorando la precisión y reflejando la heterogeneidad territorial. Las tipologías tienen como objetivo caracterizar el territorio según sus capacidades propias, sin reemplazar las categorías legales vigentes. La resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación
El proyecto de norma actualiza la forma en que se identifican las distintas tipologías de entidades territoriales, con el objetivo de reconocer mejor sus capacidades y ayudar en la toma de decisiones de política pública. Se incluyen municipios que antes estaban en categorías especiales dentro del cálculo general, simplificando y mejorando el sistema. También cambia la forma de calcular el ponderador, haciendo que sea personalizado para cada municipio en lugar de ser grupal, lo que permite reflejar mejor sus diferencias. Estas mejoras buscan hacer la clasificación más precisa y útil, para asignar recursos y diseñar políticas de manera más efectiva, siguiendo la ley y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
El proyecto de norma del DNP tiene como objetivo principal establecer y adicionar requisitos sectoriales al Acuerdo Único del Sistema General de Regalías (SGR) para la viabilización de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del SGR. Busca unificar criterios y procedimientos para garantizar que los proyectos cumplan con estándares técnicos, ambientales, sociales y administrativos específicos según su sector, facilitando así su evaluación, transparencia y ejecución efectiva. Además, promueve la articulación entre entidades involucradas y asegura el cumplimiento normativo para optimizar el uso de los recursos públicos destinados al desarrollo regional y nacional.
El documento establece la adopción de una metodología para medir el desempeño en la gestión de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), con el fin de garantizar transparencia, eficiencia y control en la ejecución de estos proyectos. Se resalta el papel del DNP en la supervisión y evaluación, asegurando que las entidades beneficiarias y ejecutoras cumplan con los estándares establecidos. La metodología incluye indicadores de gestión, seguimiento del avance físico y financiero, y criterios de calificación que incentivarán una planificación rigurosa y reportes oportunos. Además, se contempla la actualización de capacidades institucionales y la consideración de externalidades, fortaleciendo así el sistema de monitoreo y promoviendo una gestión más efectiva de los recursos públicos destinados al desarrollo territorial.
El proyecto de norma busca fortalecer la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, en línea con la Constitución y tratados internacionales. Reglamenta aspectos clave de la Ley 1618 de 2013 y otras leyes relacionadas, ampliando las acciones afirmativas en contratación pública y fomentando la inclusión laboral mediante mecanismos de preferencias y cuotas. Propone flexibilizar requisitos habilitantes en los procesos de contratación para facilitar la participación de emprendimientos y empresas dirigidas por personas con discapacidad, promoviendo la igualdad material y el acceso a oportunidades. Además, busca consolidar políticas públicas integrales que impulsen el empleo y la inclusión social, asegurando la continuidad y coherencia en la regulación del apoyo a esta población en el ámbito laboral y empresarial.