proyecto de norma (37)
El Gobierno impulsa un proyecto para crear la Política de Calidad Acústica en Colombia. El DNP, junto a Ministerios de Ambiente, Salud, Defensa y Transporte, lidera la formulación e implementación de esta política, buscando garantizar el derecho a un ambiente sano, la salud pública y una vivienda digna, reconociendo el ruido como factor de deterioro ambiental. A través de este decreto, el DNP establece un marco para que entidades nacionales y territoriales coordinen acciones de prevención, mitigación y control del ruido, integrando la calidad acústica en la planificación urbana y las normas de construcción. Además, el DNP preside la Comisión de Seguimiento e Implementación, encargada de monitorear su progreso mediante planes de trabajo anuales, asegurando que la política se materialice con recursos existentes y la participación ciudadana, mejorando así la calidad de vida en todo el país.
El proyecto de decreto modifica el Decreto 2972 de 2010, actualizando la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental (CONASA) con el fin de fortalecer la coordinación intersectorial para la implementación de la Política Integral de Salud Ambiental (PISA). Incluye la participación de ministerios como Salud, Ambiente, Agricultura, Ciencia y otros, adecuando su composición a las transformaciones institucionales recientes. Además, establece la administración del Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA) bajo el Ministerio de Salud, impulsa la creación de Consejos Territoriales en Salud Ambiental y promueve la gestión integral de los determinantes socioambientales en salud para mejorar la calidad de vida y afrontar desafíos ambientales y climáticos.
La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías publicó un proyecto de acuerdo que modifica el marco normativo existente para la viabilización de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR. Esta actualización, que reforma el Acuerdo 03 de 2021, introduce requisitos sectoriales específicos para garantizar el cumplimiento de condiciones jurídicas, técnicas, financieras, ambientales y sociales, optimizando así el uso de las regalías. El documento incluye directrices detalladas para el sector Salud y Protección Social, ajustes para proyectos de transporte y la compra de predios, y habilita al DNP para realizar cambios formales en los formatos. Estas medidas buscan racionalizar procesos, mejorar la calidad de las inversiones y alinear la gestión de proyectos con las leyes 2056 de 2020 y actos legislativos previos, impulsando el desarrollo y bienestar en las regiones colombianas.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) puso en consideración un proyecto de resolución con el que pretende reglamentar y compilar disposiciones del Decreto Único del Sistema General de Regalías (SGR), con el objetivo de actualizar, armonizar y fortalecer la gestión de los recursos provenientes de regalías en el país. Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra la unificación de criterios técnicos y procedimentales para la formulación, presentación, viabilización, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR. La iniciativa busca reducir ambigüedades normativas y facilitar la aplicación homogénea de las reglas por parte de entidades territoriales y ejecutores.
El DNP publicó para comentarios un proyecto de decreto que fija los requisitos para la celebración y ejecución de las Alianzas de Impacto Público Privado (AIPP), mecanismo orientado a fortalecer la provisión de bienes y servicios con impacto social mediante la articulación entre el sector público y actores privados. La iniciativa define condiciones técnicas, jurídicas y financieras que deberán cumplir las entidades estatales y los aliados privados, así como reglas sobre estructuración, seguimiento, gestión de riesgos y evaluación de resultados. El objetivo es dar mayor seguridad jurídica, transparencia y control a estas alianzas, asegurando que los proyectos respondan a necesidades públicas verificables y generen valor social medible.
La Agenda Regulatoria 2026 del Departamento Nacional de Planeación articula un conjunto de proyectos normativos clave para el país, encaminados a actualizar, modificar o derogar regulaciones obsoletas, adaptándose a evoluciones tecnológicas y necesidades sociales. Destacan iniciativas como la política de calidad acústica, regulaciones para ciudades verdes y resilientes, y ajustes a avalúos catastrales. La participación interinstitucional es fundamental, integrando ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura, Transporte, y otros sectores estratégicos. Además, se contempla un proceso de consulta pública abierto para garantizar la transparencia y la inclusión ciudadana, con el fin de fortalecer el marco normativo y mejorar la gestión pública. Esta agenda reafirma el compromiso con la modernización y sostenibilidad normativa en Colombia.
El proyecto de norma modifica el artículo 2.2.2.1.11.8 del Decreto 1082 de 2015 para permitir la reprogramación del plazo y/o la distribución anual de vigencias futuras en proyectos de Asociación Público Privada, sin aumentar el monto total autorizado por el CONFIS. Busca facilitar una gestión presupuestal adecuada sin afectar competencias ni requerir nueva autorización. Establece requisitos como justificación técnica, legal y financiera, nuevo cronograma, certificación de no incremento del contrato y conceptos favorables del Ministerio, DNP y Ministerio de Hacienda. Aplica a entidades del orden nacional bajo la Ley 1508 de 2012 y entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
El proyecto de norma establece los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública para la gestión de pasivos ambientales en Colombia, conforme a la Ley 2327 de 2023. Involucra al Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Salud, Ambiente, Minas y Energía, Agricultura, Transporte, Cultura y Vivienda, y coordina con autoridades indígenas y comunidades afrocolombianas. Se realizaron cuatro audiencias territoriales para garantizar la participación ciudadana y se elaboró un diagnóstico del problema, con ejes estratégicos y plan de seguimiento. La resolución entra en vigencia tras su publicación oficial.
Se busca modificar la Resolución 0005 de 2024 para actualizar la metodología de identificación de tipologías de entidades territoriales, orientada al reconocimiento de sus capacidades. Se incorporan los 12 municipios antes denominados "centros de aglomeración" dentro del cálculo general de tipologías, ubicándolos en las tipologías 1 y 2. Además, se establece un ponderador individual para cada municipio, calculado exclusivamente con base en el índice de distancias y densidades (IDD), mejorando la precisión y reflejando la heterogeneidad territorial. Las tipologías tienen como objetivo caracterizar el territorio según sus capacidades propias, sin reemplazar las categorías legales vigentes. La resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación
