La CGR respondió a la Gobernación de Bolívar sobre la posibilidad de reorientar los recursos de las estampillas Pro-Electrificación Rural, Pro-Bomberos y Pro-Desarrollo para atender situaciones de desastre o calamidad pública a través del Fondo de Gestión del Riesgo. En primer lugar, el órgano de control precisó que, por mandato constitucional, no puede pronunciarse sobre la conveniencia o legalidad de modificar la destinación de estos recursos, pues ello implicaría coadministración, función que le está expresamente prohibida. Su papel se limita a orientar sobre el marco jurídico y ejercer control fiscal, no a decidir sobre la asignación concreta del gasto.