Acceso   

Ingrese a su cuenta

Usuario *
Clave *
Recordarme
Jueves, 30 Mayo 2024

Edición 1175 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

La Sala declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Concesionaria San Rafael S.A., por los daños causados a la demandante, derivados de la explotación de materiales de construcción de una faja de terreno comprendida dentro de área de la concesión minera.  Con el contrato de concesión minera suscrito entre la demandante y el Ministerio de Minas, en septiembre de 1995 se le otorgó a la actora un Título Minero, debidamente inscrito, para la explotación de minerales para construcción (gravas y arenas) dentro de un globo de terreno situado en el municipio de Coello-Tolima, con una duración de treinta (30) años. La titular ha venido explotando de manera gradual y progresiva el área de la concesión. A su vez, el INCO suscribió en agosto de 2007 un contrato con la Concesionaria San Rafael S.A., para la construcción del proyecto vial Girardot – Ibagué - Cajamarca que pasaría en su recorrido por una faja de terreno de la concesión minera que aún no estaba siendo explotada.

La Entidad explicó que la Ley 2010 de 2019, que recogió las disposiciones contenidas en la Ley 1943 de 2018 declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-481 de 2019, creó a partir del 1 de enero de 2020 el impuesto unificado que se paga bajo el Régimen Simple de Tributación -Simple-, con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen previsto en la ley. Los empresarios, emprendedores, comerciantes y profesionales pueden optar por acogerse a este régimen.

“El artículo 95 de la Ley 685 de 2001, relativo a la naturaleza de la explotación, refiere que: “La explotación es el conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción o captación de los minerales yacentes en el suelo o subsuelo del área de la concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y abandono de los montajes y de la infraestructura.”, e indica que: “El acopio y el beneficio pueden realizarse dentro o fuera de dicha área. Constituyéndose el beneficio de los minerales, en el proceso de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares, a que se somete el mineral extraído para su posterior utilización o transformación, la ejecución de obras de infraestructura relacionadas con el proyecto minero, - infraestructura relacionada con el acopio y beneficio-, requerirá de los permisos y autorizaciones que las autoridades competentes establezcan que se deben acreditarse para el efecto”.

La ANLA explicó que la oposición en el trámite de concesión de aguas, contenida en el artículo 2.2.3.2.9.7. del Decreto 1076 de 2015 exige: I) que la persona (opositor) fundamente y acredite el derecho o interés legítimo, para poder oponerse al otorgamiento de la concesión; II) esta oposición deberá hacerse valer ante la autoridad ambiental competente, antes o durante la visita ocular que ésta practique en el desarrollo del trámite; III) la autoridad ambiental competente podrá exigir al opositor y al solicitante de la concesión los documentos, pruebas y estudios de orden técnico y legal que juzgue necesarios para que se remitan en un término no mayor a treinta (30) días; IV) la oposición se decide conjuntamente en la resolución que otorgue o niegue la concesión. El alcance de la figura de la oposición a la que se hace referencia lleva a deducir, que contrario a lo afirmado en la consulta, no podría entenderse como “una norma especial que regula la participación como tercero interviniente, de manera específica del trámite de concesión de aguas”, pues la oposición a la concesión de aguas requiere para su ejercicio, del derecho o interés legítimo en cabeza de quien la invoque, es decir, acreditar un interés real, mientras que el tercero interviniente no tiene que demostrar interés jurídico alguno.

“Los fundamentos de esta determinación consistieron en que al entregar al Ministerio de Vivienda o al IGAG (Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira) el garantizar la administración, operación y mantenimiento de los componentes del proyecto multipropósito del río Ranchería, que termina por involucrar varias fases pendientes de desarrollo y ejecución, tal medida no resulta directa y específicamente encaminada a conjurar la emergencia, sino a intervenir una realidad anterior mucho más prolongada que la propia de los estados de excepción (urgencia e inmediatez), al involucrar soluciones permanentes a una problemática que aqueja de tiempo atrás al departamento de La Guajira. De otra parte, al ligarse la creación del patrimonio autónomo a la existencia del IGAG (Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira) sobre el cual se sostuvo la inexequibilidad, deviene tal disposición igualmente en inconstitucional”.