El Gobierno reglamentó el Banco de Áreas para la Formalización Minera. Este instrumento clave destina exclusivamente zonas del Estado para el uso formal de mineros tradicionales y de pequeña escala, garantizando que estas áreas solo se asignarán para procesos de formalización y no podrán destinarse a otras actividades. La Agencia Nacional de Minería administrará este Banco, con un plazo de seis meses para expedir su manual operativo. La medida busca impulsar una minería formal y responsable, reconociendo a quienes históricamente han trabajado la tierra.

El Consejo de Estado, Sección Primera, remitió a la Sección Cuarta una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por EMPSACOL S.A. E.S.P. contra la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). La controversia se relaciona con la liquidación de un crédito dentro de un proceso de cobro coactivo y con la posible prescripción de la acción de cobro al momento de expedirse la resolución que lo autorizó. El Tribunal Administrativo de Santander había declarado la nulidad de la resolución de 2017 mediante la cual se liquidó el crédito, al considerar que la acción de cobro estaba prescrita, y ordenó finalizar el proceso de cobro coactivo. La CAS interpuso recurso de apelación contra esa decisión.

La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenó acciones urgentes y compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, debido al bajo nivel de cumplimiento de las órdenes encaminadas a garantizar el acceso a agua potable para la niñez Wayuu. La decisión se fundamentó en el incumplimiento reiterado de los municipios de Maicao, Manaure y Uribia en la caracterización de la población infantil, así como en la falta de cumplimiento de Corpoguajira frente a la entrega del estudio sobre minería y agua, y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio respecto de las medidas ordenadas para garantizar el suministro del recurso. La Sala advirtió que no existen avances verificables en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, y rechazó cualquier reducción del estándar mínimo establecido de 20 litros diarios por persona. Descargar Auto/ Comunicado de prensa

El Ministerio de Minas oficializó una nueva Guía Metodológica para evaluar el origen de emanaciones de hidrocarburos en superficie; un paso para estandarizar los criterios técnicos en Colombia. Este instrumento busca determinar si las manifestaciones superficiales de hidrocarburos son de origen natural o antrópico, facilitando una respuesta coordinada y eficiente de las autoridades competentes. La guía, elaborada con el apoyo de entidades como el Servicio Geológico Colombiano, la ANH y la ANLA, tiene un carácter técnico y orientador. Su finalidad es mejorar la identificación, registro y análisis de estos eventos, optimizar la gestión del riesgo y fortalecer la articulación interinstitucional, sin modificar competencias existentes ni generar nuevas cargas regulatorias, contribuyendo a la protección ambiental y la toma de decisiones informadas.

El Gobierno lanzó la Política Nacional de Hidrógeno, un CONPES ambicioso que busca consolidar al país como líder en energías de bajas emisiones. Con una inversión indicativa de 86.424 millones de pesos y la participación de 27 entidades, la estrategia se propone fortalecer la inversión, la demanda, la infraestructura, la gobernanza y la innovación para el despliegue del hidrógeno de bajas emisiones y sus derivados para 2031. Este plan es crucial para descarbonizar sectores difíciles de electrificar como la industria y el transporte, y proyecta ingresos de hasta 6 mil millones de dólares anuales para 2050. Supera desafíos previos en financiación y desarrollo de infraestructura, marcando un paso firme hacia la diversificación energética y la reindustrialización justa.