La UPME, informa a los titulares de proyectos clase 1 con capacidad de transporte sobre el nuevo formato oficial para solicitar cambios de Fecha de Puesta en Operación (FPO) y cambios de titularidad. Se destaca que para los cambios de FPO es necesario presentar una curva S actualizada y un documento justificativo cuando aplique. Se invita a los interesados a una capacitación en vivo el 24 de enero de 2025 a las 10:00 a.m. a través del canal oficial de la UPME en YouTube. Las solicitudes de cambio deben ser radicadas a partir del 25 de enero de 2025, y se recuerda que los campos del formato no deben ser alterados.
La financiación colaborativa es un mecanismo de financiamiento que permite a múltiples aportantes contribuir con fondos para apoyar proyectos productivos, utilizando plataformas tecnológicas. Este sistema se destaca por su capacidad para facilitar el acceso a recursos financieros, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y emprendedores que buscan desarrollar sus iniciativas. A través de la financiación colaborativa, los receptores de fondos pueden presentar sus proyectos a una comunidad de inversores interesados, quienes pueden aportar capital a cambio de una rentabilidad económica. Este enfoque no solo promueve la innovación y el emprendimiento, sino que también diversifica las alternativas de financiamiento más allá de los esquemas tradicionales. Además, se busca garantizar altos estándares de transparencia e integridad en el proceso, lo que permite a los aportantes tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. En resumen, la financiación colaborativa es una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico y empresarial.
El Ministerio de Ambiente aborda la diferencia entre las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, según la Ley 2387 de 2024. La Entidad precisa que ambas son autoridades ambientales en sus jurisdicciones y tienen potestad sancionatoria sobre infracciones a la normatividad ambiental. Sin embargo, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible están diseñadas para administrar recursos naturales en regiones específicas, como la Amazonía y el Chocó, y tienen características especiales en su organización y funcionamiento, tal como se establece en la Ley 99 de 1993. Esta ley regula la creación y transformación de estas corporaciones, diferenciándolas en la integración de sus consejos directivos y en su financiación. El concepto se emite a solicitud de la profesional Gladys Patricia Hernández Rojas y se aclara que no es de obligatorio cumplimiento, conforme a la Ley 1755 de 2015.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia informa sobre la armonización de la regulación colombiana con la Decisión CAN 816, que establece un marco regulatorio para la interconexión de sistemas eléctricos en la Comunidad Andina. Esta norma requiere el desarrollo de reglamentos operativos y comerciales, los cuales fueron adoptados por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 2402 de 2024. Para facilitar esta armonización, la Comisión, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, contrató un estudio de consultoría que identificó cambios necesarios en la regulación y su impacto, finalizando en 2022. Se invita a los interesados a enviar comentarios sobre el estudio hasta el 4 de marzo de 2025, a través del correo electrónico proporcionado.
El Consejo de Estado analizó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se inhibió de fallar sobre la demanda presentada contra la Resolución 041 de 2010 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esta resolución estableció la sustitución de gas natural por combustibles líquidos, lo que generó costos adicionales para ciertos usuarios, afectando a las empresas demandantes. El Consejo consideró que la inhibición del tribunal fue injustificada, ya que el acceso a la administración de justicia implica el derecho a obtener una decisión fundamentada sobre el fondo del asunto.