Acceso   

Ingrese a su cuenta

Usuario *
Clave *
Recordarme
ST Sent. de Tutela

ST Sent. de Tutela (26)

La Corte constitucional ordenó a la Secretaría de Edición de Palmira verificar la situación en la que se encuentran los 10 niños y niñas que fueron retirados de manera forzosa por el Colegio Villa de las Palmas, en razón de su situación de discapacidad, para asegurar que se está garantizando su derecho fundamental a la educación inclusiva. De no ser así, deberá adoptar las medidas pertinentes.

El Actor, persona de 70 años, manifestó que, desempeñándose como taxista, fue atacado con arma de fuego, recibiendo tres impactos de bala, hechos ocurridos en agosto de 1994. Para la Corte, se le está lesionando el derecho fundamental a la seguridad social en la medida en que Colpensiones no tuvo en cuenta que previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,

Para la Corte es evidente la necesidad de un acompañante para la asistencia a las citas médicas con especialistas y las terapias de rehabilitación integral pues se trata de dos menores de edad, de dos y nueve años, que no pueden valerse por sí mismas. Se trata de una familia con dos pequeñas niñas en situación de discapacidad, con solo un proveedor económico para el

La decisión tuvo lugar luego de que la actora se inscribió a diferentes convocatorias de empleo en el sector asegurador. Durante los procesos de selección, la sociedad Consultoría Seguridad Integral y Compañía Limitada realizó estudios sobre sus circunstancias personales, académicas y profesionales y en los antecedentes encontrados se reflejó que la evaluada aparecía

“La Corte Constitucional recordó que la estabilidad laboral reforzada no protege exclusivamente a quienes presentan una pérdida de capacidad laboral (PCL) calificada, sino también a aquellas personas que tienen una afectación en su salud que les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores y que, por este hecho, pueden ser objeto de tratos discriminatorios”.

El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al resolver una tutela a favor de una ciudadana, a quien su EPS le exigía tener un acompañante para poder acceder al servicio de transporte ambulatorio que la llevaba de Roldanillo (Valle del Cauca) a Cali, donde recibía tratamiento de hidroterapia para su condición médica.

El paciente, de 102 años, padece demencia senil con algunas limitaciones funcionales, hipertensión arterial controlada, enfermedad ácido péptica y trauma en cadera derecha. Se encuentra afiliado actualmente a la EPS SANITAS en calidad de beneficiario. Se presentó acción de tutela contra esta EPS por considerar que le fueron vulnerados los derechos a la salud,

El actor que fue excluido de un proceso de selección laboral para el cargo de tripulante de cabina por su diagnóstico de VIH. Manifestó que le practicaron un examen de consumo de drogas psicoactivas y el resultado fue “alterado” debido a los retrovirales que utiliza para su tratamiento.

En la acción de tutela, la Corte concluyó que la omisión en la determinación del tratamiento para atender los diagnósticos del accionante de paraplejia, trauma raquimedular y diversos trastornos mentales y de la personalidad comprometen la faceta diagnóstica de su rehabilitación integral y su salud mental. Por lo anterior, la Sala concedió el amparo definitivo de los

A través de una tutela, la Corte Constitucional ordenó a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que “reanude la atención de salud que requiere un paciente relacionado con sus diagnósticos “síntomas ansiosos secundarios a acentuación de rasgos de la personalidad (…) con discontrol de impulsos”,