El Gobierno Nacional ha adoptado un amplio paquete de medidas, marcando la hoja de ruta en diversos sectores. Se destacan nuevas disposiciones tributarias urgentes para enfrentar desafíos ambientales y financieros, con nuevos impuestos a la extracción de carbono y petróleo, hasta el fortalecimiento de la infraestructura y el saneamiento fiscal territorial. Se adoptó la prórroga de regímenes pensionales de alto riesgo. También se avanza en la simplificación de trámites para la titulación de tierras en resguardos indígenas y la integración de la protección animal y biodiversidad en la educación ambiental. Estas normativas abarcan una amplia gama de áreas, incluyendo el sector minero, medio ambiente, agrario, infraestructura, salud, laboral y financiero, y han sido cuidadosamente clasificadas por sector para una mejor comprensión de su impacto integral.

La SIC analizó el proyecto que modifica la regulación de finanzas abiertas en Colombia, destacando su potencial para fomentar la competencia mediante la interoperabilidad entre agentes financieros. Sin embargo, advierte riesgos de barreras de entrada, consolidación de posiciones dominantes, y asimetrías entre grandes plataformas tecnológicas. La SIC recomienda incorporar expresamente sus observaciones en el acto administrativo y sugiere mantener vigilancia estricta para evitar distorsiones en la dinámica competitiva. Además, señala la necesidad de progresividad en la implementación y ajustes en los costos de acceso para proteger a las pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo así un mercado financiero más justo y competitivo.

El Gobierno colombiano promulgó el Decreto 1069 de 2025, que modifica el Libro 17, Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, para fortalecer el sistema de órdenes de pago y transferencias de fondos. El decreto establece que entidades con más de 1,5 millones de depósitos a la vista deberán ofrecer servicios de transferencias inmediatas mediante sistemas de pago de bajo valor. También impone la implementación de sistemas para administrar riesgos, garantizar seguridad, transparencia y eficiencia en transacciones. Además, la Superintendencia Financiera de Colombia debe publicar listados y emitir instrucciones para asegurar el cumplimiento normativo antes de 2026, promoviendo inclusión financiera y fortalecimiento del mercado de pagos.

La SIC estableció reglas estrictas para el tratamiento de datos personales en el sector fintech, enfocándose en la protección, transparencia y legalidad. Destaca la necesidad de legitimidad y temporalidad en el uso de datos, el principio de minimización, y el consentimiento informado diferenciado entre usos necesarios y accesorios. Para datos biométricos, exige autorización explícita, medidas de seguridad adicionales, prohibición de compartir con terceros y eliminación tras la relación contractual. Además, garantiza el derecho a explicaciones claras sobre decisiones automatizadas, promoviendo una cultura de responsabilidad y transparencia digital que favorece la inclusión financiera y protege derechos fundamentale.

“El análisis revela que el impuesto causó efectos reales negativos sustanciales sobre la inversión, la acumulación de capital, la productividad y el empleo de las PYMES, entre otros. Es decir, las empresas gravadas con el impuesto redujeron su desempeño real tras la reforma, en comparación con las empresas que no lo fueron”. El Banco de la República analiza la reforma del impuesto al patrimonio en 2010 que incluyó a más PYMES al reducir el umbral de patrimonio sujeto a gravamen. Esto aumentó la cantidad de empresas contribuyentes y el recaudo fiscal, pero generó efectos negativos como caída en inversión, productividad, empleo y acumulación de capital en las PYMES afectadas.