La SSPD explicó la aplicación de los incentivos en la gestión de residuos sólidos, destacando su rol interpretativo sin aprobación previa de actos contractuales. El análisis se centra en el "Incentivo por Regionalización de Rellenos Sanitarios" y el "Incentivo al Aprovechamiento de Residuos Sólidos" (IAT). Se confirma que, aunque el incentivo original de 2007 fue derogado, la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1753 de 2015 (Art. 88) lo conservaron y crearon el IAT. Estos incentivos, considerados tasas, compensan a los municipios anfitriones y fomentan proyectos de valorización, con recursos destinados a saneamiento básico y el desarrollo de infraestructura de aprovechamiento, respectivamente, así como a la formalización de recicladores. La SSPD enfatiza la obligatoriedad del cálculo tarifario para garantizar la compensación a los usuarios.

Este es el comunicado oficial de la Corte que declaró inexequible el decreto con el que el Gobierno había declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el país. Tras evaluar los argumentos del Ejecutivo, la Corte concluyó que no se cumplían los requisitos constitucionales para activar este mecanismo excepcional. En particular, determinó que la mayoría de los hechos invocados -como la crisis fiscal, la situación del sistema de salud, la no aprobación de leyes de financiamiento o los efectos de la ola invernal- no eran sobrevinientes ni imprevisibles, sino problemas estructurales que deben atenderse por vías ordinarias.

El Ministerio de Agricultura busca declarar 5.703,85 hectáreas en Tenjo, Cundinamarca, como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Este proyecto de norma busca salvaguardar suelos fértiles de la Sabana, vitales para el abastecimiento de Bogotá y amenazados por la expansión urbana. Basada en el derecho a la alimentación, la adaptación al cambio climático y el manejo sostenible del suelo, la medida obliga a Tenjo a incorporar esta protección en sus planes de desarrollo, garantizando la prevalencia de actividades agropecuarias. El proyecto, fruto de amplias consultas, respeta los derechos adquiridos y se implementará con un plan de acción y evaluación quinquenal, asegurando la continuidad productiva del campo.

El Ministerio de Vivienda proyecto crear un Comité Especial de Atención de Emergencias, adscrito al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, para abordar la crisis hídrica y de saneamiento básico. Su creación responde a la emergencia económica, social y ecológica declarada por Decreto 0150 de 2026, que afectó gravemente a departamentos como Córdoba, Antioquia y La Guajira tras eventos climáticos severos. Este comité busca estructurar y ejecutar proyectos de agua potable y saneamiento con rapidez y flexibilidad, removiendo barreras administrativas. Podrá definir condiciones diferenciadas de focalización y financiación, aprobar la viabilidad técnica de proyectos, gestionar cooperación y proponer la ejecución directa de intervenciones para garantizar el acceso a estos servicios esenciales.

El Ministerio de Ambiente confirmó la aplicabilidad de la cesión parcial de licencias ambientales en proyectos mineros, incluso cuando el polígono inicial se divide. La condición indispensable es que el polígono ambiental original se mantenga. La entidad subraya que no es necesario un nuevo trámite de licencia ambiental para el área cedida; en su lugar, debe gestionarse la cesión parcial conforme al Decreto 1076 de 2015 y la Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Para que la cesión parcial proceda, las obligaciones deben ser fraccionables. El Ministerio enfatiza que las Autoridades Ambientales deben adherirse a esta normativa, aunque aclara que los conceptos jurídicos emitidos no son vinculantes, sirven como una guía fundamental para la correcta aplicación de la legislación.