El análisis del Consejo de Estado sobre la responsabilidad solidaria de los socios en el contexto de controversias contractuales destaca la importancia de la legitimación en causa, que se refiere a la capacidad de las partes para intervenir en un proceso judicial con interés legítimo. La legitimación activa corresponde a quienes pueden formular pretensiones, mientras que la legitimación pasiva se aplica a quienes pueden contradecirlas. En este contexto, se establece que las obligaciones derivadas de un contrato son exclusivas para quienes participaron en su formación, según el principio de relatividad contractual.
La Corte declaró inexequible el artículo 261 de la ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Esta norma autorizaba a las sociedades por acciones simplificadas (SAS) a negociar sus valores en el mercado público, pero la Corte argumentó que esta disposición carecía de relación directa con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, lo que violaba el principio de unidad de materia.
La DIAN PRECISÓ que todas las sociedades nacionales, incluso aquellas en proceso de disolución, liquidación o intervención judicial, están obligadas a identificar y reportar la información de sus beneficiarios finales en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB). Esta obligación se basa en los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario y en la Resolución 000164 de 2021.
La SSPD precisó que las empresas de servicios públicos pueden tener un objeto social múltiple, lo que les permite desarrollar actividades diversas, siempre que estas estén contempladas en su objeto social. No obstante, la prestación de servicios públicos domiciliarios debe ser la actividad principal y preponderante. Esto es esencial ya que la Ley 142 de 1994 considera estos servicios como esenciales, garantizando su calidad y continuidad para los usuarios.
La DIAN explica las obligaciones de las sociedades matrices en relación con los estados financieros consolidados. Según la Ley 222 de 1995, las matrices deben preparar y difundir estos estados, integrando la información de la matriz y sus subordinadas como un único ente. "Difundir" implica presentar esta información a las autoridades competentes, certificada por el representante legal y el contador. En contraste, el artículo 631-1 del Estatuto Tributario establece la obligación de "remitir" estos estados a la DIAN, lo que se refiere a una transmisión formal de información para el control tributario, sin implicar acceso público. También se define que entidades no pertenecientes a un grupo empresarial deben cumplir con estas obligaciones si están sujetas a normativas que los obliguen a preparar estados consolidados. La normativa resalta la importancia de estas obligaciones en la transparencia y la correcta fiscalización tributaria.