Acceso   

Ingrese a su cuenta

Usuario *
Clave *
Recordarme
Martes, 27 Febrero 2024

Edición 1117 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

La liquidación consiste en un instrumento por medio del cual se realiza la comprobación definitiva de las cuentas derivadas de la ejecución del negocio jurídico, con el propósito de finalizar dicha relación. En tal ejercicio se admite la inclusión de los acuerdos, conciliaciones y transacciones necesarias para poner fin a las divergencias presentadas y declarar la paz y salvo respecto de las obligaciones adquiridas en virtud de la ejecución contractual. De este modo, la liquidación debe incluir no solo las generalidades del contrato -su identificación, partes, objeto y alcance, así como el precio, plazo, suspensiones y prórrogas- sino de manera especial, el balance técnico, económico, financiero, administrativo y jurídico del contrato, mediante el análisis de lo acontecido durante el curso de su ejecución (previa constatación del porcentaje de cumplimiento de las obligaciones, actas, facturas o cuentas y sumas pendientes de pago, la amortización del anticipo, las multas o sanciones impuestas al contratista, la vigencia de las garantías y su extensión) y los ajustes, revisiones, actualizaciones o reconocimientos a que haya lugar, todo ello en aras de mantener la equivalencia de las prestaciones pactadas, según el mandato del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y poder llegar al cierre definitivo del contrato. Por razón de quienes intervengan en la liquidación del contrato estatal, este acto puede ser bilateral, unilateral o judicial.

A través del presente concepto la CGR indicó que para efectos de surtir las notificaciones del Proceso Fiscal de Cobro Coactivo (PFC), se aplica lo dispuesto en el Código General del Proceso, atendiendo la regia especial de procedimiento establecida en el artículo 90 de la Ley 42 de 1993, sin acudir a la Ley 2213 de 2022, que no es aplicable al PFC que desarrolla la Contraloría General de la Republica, toda vez que el ámbito de aplicación de esta disposición legal comprende de forma expresa las actuaciones judiciales en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales, mientras que, la Contraloría General de la Republica como órgano de control fiscal no ejerce función jurisdiccional ni arbitral y sus actuaciones correspondientes a la función pública de vigilancia y el control fiscal son de carácter administrativo incluido el Proceso Fiscal de Cobro Coactivo (PF)-.

A través del presente concepto se indicó que, la “Matriz 1  - Experiencia  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3, para la Matriz 1 – Alta Complejidad”  en el capítulo 6 establece las actividades relacionadas con “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA” el artículo 6.4 contempla unas “cuantías del proceso de contratación” las cuales están delimitadas por rangos de Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), en tal sentido, la Experiencia General requerida para la actividad 6.4. en todos los rangos de SMMLV en que se enmarque un proceso de selección será: “construcción o rehabilitación o mejoramiento o mantenimiento o conservación de espacio público asociado a la infraestructura de transporte, adicionalmente se tendrán en cuenta plazoletas, plazas o plazuelas”

La Sala explicó que el convenio interadministrativo de cooperación no tiene como finalidad la prestación conjunta de servicios que se hallaren a su cargo o el cumplimiento de funciones administrativas. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia pidió que se declara el incumplimiento por parte de EMTEL, por la supuesta desatención de las obligaciones contraídas a través de un convenio interadministrativo de cooperación; además, solicitó que se liquidara judicialmente el referido negocio jurídico. El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda y liquidó el contrato con un salvo en favor de la entidad contratista (cooperante). Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora pide que se revoque y se declare la responsabilidad patrimonial contractual de la empresa demandada. 

Un oferente solicitó la declaratoria de responsabilidad de una ESE por rechazar su propuesta al considerarla artificialmente baja sin adelantar un procedimiento para ello, lo que conllevó a la declaratoria desierta del proceso de selección. La Sala reiteró que tal y como se decidió para las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, en la Sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020, “salvo las excepciones establecidas en la ley, las controversias relativas a los actos precontractuales deben tramitarse a través del medio de control de reparación directa”. Esta lógica, ha considerado esta Subsección en otras oportunidades, resulta aplicable también a otras entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación, como lo es el Hospital demandado por disposición del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. En consideración a lo anterior, el acta por la cual se declaró desierto el proceso es un acto jurídico de carácter privado, que no tiene naturaleza de “acto administrativo”. En esos términos la reparación de los eventuales perjuicios sufridos se derivaría de la responsabilidad del Hospital por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en la etapa precontractual, sin perjuicio de que este, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, deba observa, entre otros, los principios de la función administrativa.