El Consorcio Avenida Primera de Mayo 2010, solicitó condenar al IDU a liquidar un contrato de obra pública y a pagarle distintas sumas de dinero a título de reajustes causados por el mayor plazo en la ejecución de la obra contratada. Para la Sala, la Sala comparte la decisión del Tribunal de negar esta pretensión. “En efecto, la pretensión de reconocimiento de
La Providencia abordó los siguientes temas: cesión de contrato, pago de retención en garantía -reajuste de precios- contrato a precio global, contrato a precios unitarios, sobrecostos por gestión socio ambiental, manejo de tráfico, y señalización y pago de interventoría por el contratista. Liberty Seguros, a la cual le fue cedido un contrato de obra, solicitó, entre
La sala revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato proferido por Fundación Salud y Bienestar, porque el contrato estaba regido por el derecho privado y la contratante no podía aplicar el artículo 45 de la ley 80 que consagra tal potestad. “También revocó la decisión de anular el contrato
A través del presente decreto se reglamenta el artículo 6 de la Ley 1920 de 2018, con el fin de establecer una puntuación adicional como incentivo para la vinculación de mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de 45 años en los procesos de contratación pública. Puede conocer los detalles consultando el documento publicado por la entidad.
Para la Sala, resulta claro que “el registro presupuestal es requisito de ejecución, no de perfeccionamiento del contrato, de ahí que tampoco tenga la potencialidad de generar la nulidad del mismo”. La Sala concluyó que la falta de disponibilidad presupuestal, así como la falta de registro o reserva presupuestal no afectan la validez del contrato ni de su