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Comunicados Sala Plena

Comunicados Sala Plena (46)

En decisión adoptada por la Corte Constitucional en Sala Plena del junio 3 de 2021, la Corporación se declaró inhibida para pronunciarse de fondo, sobre la impugnación de la paternidad o la maternidad por los padres biológicos, “por ineptitud sustancial de la demanda al no cumplirse ninguno de los requisitos especiales para la conformación de un cargo por omisión legislativa relativa contra el artículo 217 del código civil, parcial”.

 En decisión adoptada por la Sala Plena del 2 de junio de 2021, la Corte reiteró estarse a lo resuelto en la sentencia C-504 de 2020, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 313 de la ley 1955 de 2019 (PND). en dicha providencia se declaró inconstitucional la sobretasa por kilovatio hora de energía eléctrica consumida para fortalecer el fondo empresarial en el territorio Nacional

La decisión la adoptó la Corte en la Sala plena que tuvo lugar el pasado 2 de junio, en la que se estudió la constitucionalidad del artículo 532 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso, relativo al Régimen de insolvencia de las personas naturales no comerciantes, cuyo artículo reza: “ÁMBITO DE APLICACIÓN. Los procedimientos contemplados en el presente título sólo serán aplicables a las personas naturales no comerciantes.

En Sala Plena del 2 de junio, la Corte declaró inexequible, el artículo 98 de la Ley 2008 de 2019, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020”. La Corte concluyó que la disposición acusada “vulneraba el principio de unidad de materia por cuanto: excedía la vigencia

“La Corte se pronunció en relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 7 (parcial) de la Ley 1949 de 2019. De conformidad con la demanda, tal disposición debía declararse inexequible por cuanto atribuir la competencia de los recobros a la ADRES desconocía: (I) el derecho al debido proceso, pues, al permitirse realizar descuentos directos se erigiría

La Corte declaró exequibles los artículos 1, 3, 4 y 8 de la Ley 2038 de 2020 “Por medio de la cual se crea el Fondo de Sustentabilidad pro Cartagena 500 años para la erradicación de la pobreza extrema en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para el año 2033”. La Corte concluyó mayoritariamente que, en los términos de la Constitución Política la pobreza debe ser entendida y abordada como una situación multidimensional de afectación de derechos.

La Corte tuteló “el derecho fundamental al debido proceso en el trámite legislativo del senador Roy Leonardo Barreras Montealegre, así como los derechos a la reparación integral, a la igualdad y a la participación política de ciertas organizaciones de víctimas, estas últimas objeto de agencia oficiosa por el citado congresista, en favor de varias organizaciones de derechos humanos que las representan,

Norma acusada: Decreto 2109-2019- (art. 125, parcial): requisitos únicos del permiso o licencia ambiental. “La Sala Plena reconoció que la citada prohibición de exigir requisitos, información y datos adicionales en la fase de solicitud de aprobación de autorizaciones ambientales, aunque no despojaba a las CAR de sus competencias constitucionales y legales, sí restringía su autonomía funcional y limitaba el alcance del principio de rigor subsidiario, desarrollado por la jurisprudencia constitucional”.

 “Lo anterior al vulnerar el límite establecido en el inciso 2 del artículo 338 superior referente a la recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en el beneficio que les proporcione a los contribuyentes”. La Corte decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-464 de 2020, mediante la cual se decidió: (I) “Declarar inexequible la expresión “y todos aquellos que

La Corte decidió declarar inexequibles el parágrafo 1 del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y el parágrafo 1 del artículo 76 de la Ley 734 de 2002, éste último con efectos a partir del 13 de enero de 2021, fecha en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició su funcionamiento. Añade el comunicado que sintetiza la decisión que “antes de la reforma