El Gobierno lanzó la Política Nacional de Hidrógeno, un CONPES ambicioso que busca consolidar al país como líder en energías de bajas emisiones. Con una inversión indicativa de 86.424 millones de pesos y la participación de 27 entidades, la estrategia se propone fortalecer la inversión, la demanda, la infraestructura, la gobernanza y la innovación para el despliegue del hidrógeno de bajas emisiones y sus derivados para 2031. Este plan es crucial para descarbonizar sectores difíciles de electrificar como la industria y el transporte, y proyecta ingresos de hasta 6 mil millones de dólares anuales para 2050. Supera desafíos previos en financiación y desarrollo de infraestructura, marcando un paso firme hacia la diversificación energética y la reindustrialización justa.

El Ministerio de Ambiente precisó que los plazos para el trámite y decisión de licencias, permisos y demás instrumentos de control ambiental son de obligatorio cumplimiento para las autoridades, no meramente orientativos. El documento detalla las causales para la suspensión o ampliación de términos, principalmente amparadas en la Ley 1437 de 2011 y situaciones extraordinarias como caso fortuito o fuerza mayor. La Entidad enfatiza la obligación de las autoridades ambientales de garantizar la eficiencia, celeridad y oportunidad en la evaluación, regida por principios constitucionales (Art. 209). El Ministerio también menciona lineamientos para el fortalecimiento institucional, como la digitalización (Ley 2052 de 2020) y simplificación de procesos (Ley 1753 de 2015).

El Ministerio de Ambiente aclaró el alcance del artículo 6 de la Ley 2173 de 2021, que impone a medianas y grandes empresas la obligación de sembrar árboles como parte de su gestión ambiental. La entidad precisó que esta es una obligación legal de carácter imperativo. Su incumplimiento se configura como una infracción ambiental, sujeta a las investigaciones y sanciones previstas en el régimen sancionatorio ambiental general establecido por la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024. Las autoridades ambientales están facultadas para ejercer control, seguimiento e imponer medidas correctivas. No obstante, la exigibilidad de la ejecución material de la siembra y la presentación de los programas quedan condicionadas a la delimitación y publicación de las "Áreas de Vida" por parte de los municipios o distritos, según la Resolución 358 de 2026.

Colombia Compra clarificó el régimen contractual aplicable a los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Ante la inquietud sobre si entidades con regímenes especiales, como asociaciones de municipios o empresas de economía mixta, pueden aplicar el derecho privado, la entidad ha sido enfática. Colombia Compra Eficiente sostiene que, según el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, todo ejecutor de proyectos SGR, independientemente de su régimen contractual general, debe someterse estrictamente al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). Esto implica que no se pueden invocar excepciones a la Ley 80 de 1993, garantizando que los recursos de regalías se ejecuten bajo las normas de derecho público para asegurar transparencia y eficiencia.

La CRA expidió el nuevo Marco Tarifario para el servicio público de aseo dirigido a los grandes prestadores, con el que busca transformar la gestión de residuos sólidos en Colombia. La metodología, resultado de seis años de estudios y un amplio proceso de participación ciudadana, promueve la transición hacia un modelo más moderno y sostenible, alineado con los principios de la economía circular y la política de "Basura Cero". La regulación deja atrás un esquema centrado en la disposición de residuos en rellenos sanitarios para priorizar la separación en la fuente, el aprovechamiento y el tratamiento de los residuos sólidos. Asimismo, fortalece el reconocimiento del papel de los recicladores de oficio, beneficiará a más de 35 millones de habitantes de municipios con más de 5.000 suscriptores al servicio de aseo y fomentará la valorización de los residuos como fuente de nuevas materias primas y energías renovables, reduciendo de manera progresiva su disposición final. En este nuevo modelo, los alcaldes tendrán un papel clave en la implementación y fortalecimiento de la política de "Basura Cero". CRA Resolución 1040-2026 /Comunicado de prensa nuevo marco tarifario grandes prestadores de aseo