El Consejo de Estado, en apelación del fallo del Tribunal de San Andrés, analizó la persistente problemática de vertimientos de aguas residuales y deficiente saneamiento básico en el sector North End de la isla. Detectó que la autorización de nuevas construcciones urbanísticas se daba sin requerir certificado de capacidad del sistema de alcantarillado, contribuyendo a su colapso.
El Ministerio de Agricultura declaró nuevas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en municipios de Córdoba, Antioquia y Tolima, con el propósito de preservar suelos estratégicos para la actividad agropecuaria y fortalecer la seguridad alimentaria. Las resoluciones abarcan territorios con vocación agrícola y buscan orientar el uso sostenible del suelo, proteger ecosistemas asociados a la producción rural y prevenir transformaciones que afecten la capacidad productiva de estas zonas. Las medidas integran criterios agrarios y ambientales para garantizar la conservación de áreas destinadas a la producción de alimentos y promover el desarrollo rural sostenible en distintas regiones del país.
El Ministerio de Ambiente proyecta modificar el Decreto 1076 de 2015, para actualizar la regulación de la tasa por utilización del agua continental superficial y subterránea. Esta norma persigue garantizar la protección y el uso sostenible de los recursos hídricos, estableciendo nuevas definiciones, sujetos activos y pasivos, así como procedimientos claros para la causación, facturación y cobro de la tasa. Se incluye un mecanismo de autodeclaración de volúmenes extraídos que será verificado por las autoridades ambientales, quienes también podrán realizar visitas de control. El recaudo se destinará a planes de ordenación y recuperación de cuencas hidrográficas y páramos. La medida excluye las aguas marinas y entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2027, con el fin de fortalecer la eficiencia y transparencia en la gestión del agua y consolidar un modelo ajustado a las condiciones socioeconómicas y ambientales del país.
El Ministerio de Ambiente aclaró que los proyectos amparados por el régimen de transición y que cuentan con un Plan de Manejo Ambiental (PMA) deben modificarlo solo cuando se generen impactos ambientales adicionales o cambios en el uso de recursos naturales, conforme al Decreto 1076 de 2015. Para ajustes menores sin nuevas áreas ni impactos, no se requiere modificar el PMA ni tramitar una nueva licencia ambiental. La línea base para estudios de impacto ambiental considera las condiciones actuales para impactos adicionales y las previas para impactos sin cambios. Además, la autoridad ambiental no puede suspender actividades que operan con PMA vigente solo por solicitar licencia. Esta normatividad cumple con el Decreto 2106 de 2019, que evita duplicidad de trámites, y las controversias se resuelven por autoridades competentes
La Entidad unificó, compiló y actualizó la regulación del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), con el fin de mejorar la trazabilidad, transparencia y control en el transporte público terrestre automotor de carga. Esta norma consolida en un solo acto administrativo las disposiciones vigentes, adaptándolas a las recientes modificaciones del Decreto 1017 de 2025, y establece criterios técnicos, metodologías y plazos para el reporte de información por parte de generadores de carga, empresas de transporte y propietarios de vehículos. Asimismo, fortalece la seguridad jurídica, facilita el cumplimiento normativo y promueve la eficiencia y calidad del servicio en todo el territorio nacional. Además, contempla mecanismos de contingencia para asegurar la continuidad del registro ante fallas tecnológicas, contribuyendo a la optimización logística del país.