Conceptos (53)
A través de este concepto de abogacía de la competencia de la SIC, la Entidad hace observaciones frente a un proyecto de norma en el que MinTic identificó que las normas que hacen referencia al tope máximo de ERE para uso en servicios móviles terrestres, no contemplaban reglas aplicables para la contabilización de dichos topes en los eventos en que existiera control societario, control competitivo, grupo empresarial o se hubiere implementado una figura asociativa entre los agentes respecto de los cuales se contabilizaría el mencionado tope. En consecuencia, el proyecto propone la introducción de las reglas para contabilizar los topes máximos de ERE por PRST ante los mencionados eventos.
A través de este concepto de abogacía de la competencia de la SIC se indica que el proyecto de norma de MinTic abarca las convocatorias que estén dirigidas a promover el acceso o servicio universal a las TIC en zonas rurales, urbanas o geográficamente aisladas, que priorice la población pobre y vulnerable, así como aquellas dirigidas a los PRST que brinden acceso a internet fijo residencial minorista que tengan menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC. La priorización de los proyectos presentados por los proveedores será ejecutada por el FUTIC o el tercero que este contrate, según los criterios de priorización y puntajes que se hayan definido en cada convocatoria.
De acuerdo con lo indicado en el concepto, “el proyecto de norma ordena el inicio del procedimiento de selección objetiva para el otorgamiento de permisos para el uso del ERE a nivel nacional. Estos permisos dan al asignatario el derecho de explotar el ERE por su cuenta y riesgo13, con una vigencia de 20 años contados desde la firmeza del acto administrativo particular de asignación del respectivo permiso. Esta subasta comprende ERE de múltiples rangos de frecuencia, que a su vez pertenecen a las tres bandas de frecuencia definidas por la regulación (bajas, medias y medias altas).
De acuerdo con el presente concepto de la abogacía de la competencia de la SIC, el proyecto de norma del ministerio de Minas tiene por objeto establecer una nueva categoría para sistemas de transporte por oleoducto multifásico y expedir la reglamentación aplicable al transporte de fluidos. El ámbito de aplicación se circunscribe a los oleoductos existentes, que pueden ser reclasificados en esta categoría; no obstante, si bien los fluidos multifásicos pueden estar compuestos por gas natural, el proyecto excluye al transporte de este hidrocarburo y lo remite al reglamento único de transporte de gas natural.
La SIC precisa que “Ley 2294 de 2023 (PND 2022-2026) concedió a la CRC el término de seis (6) meses desde su publicación para definir el indicador que sería el techo máximo para el incremento de la remuneración que deben reconocer los PRST por la utilización de los elementos pertenecientes a la infraestructura de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica o de telecomunicaciones en el despliegue de redes o en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Así mismo, dicho parágrafo dispuso que este indicador deberá tomar en consideración el criterio de costos eficientes, la representatividad de la canasta de insumos involucrados en la compartición de infraestructura y la capacidad de pago de los usuarios, así como la promoción del despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones y la marginalidad del uso de la infraestructura”.
La Entidad explicó que para la recolección de la autorización para el tratamiento de datos personales a través de cámaras en los edificios y conjuntos se pueden utilizar señales o avisos distintivos en las zonas de videovigilancia, principalmente en porterías, ascensores, garajes y todos los demás sitios en donde se utilizarán cámaras o mecanismos de vigilancia. Incluso, se pueden emplear anuncios de audio, en los casos en que sea posible, lo cual debe ser informado a los titulares.
Esta Superintendencia reconoce la relevancia de este proyecto como instrumento regulatorio a través del cual se actualizarán, de acuerdo con las necesidades presentes, los lineamientos correspondientes a la prestación del servicio de transporte fluvial. Tal y como lo afirma el regulador en el documento técnico-económico, la normativa actual que regula esta actividad sería insuficiente conforme con los requerimientos actuales. En este sentido, para la Autoridad de Competencia es clara la necesidad y la pertinencia de la regulación.
De acuerdo con este concepto de la SIC, la DIAN motiva la expedición de este proyecto de norma en la necesidad de derogar la Resolución No. 000042 de 2020 con el fin de desarrollar los cambios para la adecuada implementación del sistema de facturación, la obligación de que los facturadores incluyan la descripción del impuesto denominado “Impuesto saludable” en las facturas electrónicas y de esa forma actualizar la normativa vigente, adoptando la versión 1.9 del Anexo Técnico de la factura electrónica de venta y la versión 1.0 del Anexo Técnico del documento equivalente electrónico. El ámbito de aplicación abarca todo el territorio nacional e incluye a los sujetos obligados a cumplir con la expedición y entrega de la factura de venta o documentos equivalentes, y a generar y/o recibir los documentos que componen el sistema de facturación.
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC- rindió concepto favorable, pero con algunas sugerencias de modificaciones al articulado del proyecto de ley 023 de 2023 Cámara, “Por la cual se crea la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales – ANSDAE”. Considera que la Agencia sería una entidad que requeriría del apoyo permanente de la SIC en lo que respecta a temas de bioseguridad, seguridad de la información e incidentes de seguridad. Agrega la superintendencia que una manera como se podría lograr mayor articulación entre ambas entidades sería la inclusión de la SIC en el Consejo Directivo de la ANSDAE.
De acuerdo con el presente concepto, Este proyecto se enmarca dentro de la política de Transición Energética Justa adoptada mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Esta política está compuesta por cinco ejes fundamentales: (I) mayores inversiones en energías limpias y descarbonización; (II) la sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles; (III) mayor eficiencia energética; (IV) revisión y eventual flexibilización de la regulación para acelerar la generación de energías limpias, y (V) reindustrialización de la economía colombiana.
