El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) tiene a consideración la declaración de importancia estratégica de un proyecto nacional orientado a impulsar la reconversión productiva en zonas con presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. La iniciativa, liderada por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio, busca promover alternativas económicas lícitas y sostenibles en 20 municipios priorizados, con beneficio estimado para 31.031 familias entre 2026 y 2031. El programa contempla la entrega de activos productivos, infraestructura agroindustrial, fortalecimiento de capacidades técnicas y procesos de comercialización asociativa, con el propósito de superar las limitaciones económicas de los proyectos legales, consolidar la paz territorial y reducir el riesgo de retorno a economías ilícitas.

El Ministerio de Agricultura avanza con la adopción de lineamientos para los Planes de Desarrollo Sostenible en las Zonas de Reserva Campesina. Este proyecto busca consolidar la protección constitucional del campesinado, garantizando sus derechos a la tierra, a la soberanía alimentaria y a un desarrollo integral. Los planes, formulados participativamente con organizaciones campesinas, son ahora determinantes clave para el ordenamiento territorial y la gestión ambiental. La iniciativa promueve la equidad, la producción sostenible y la integración de estas zonas en la planificación nacional y regional, marcando un paso fundamental para la paz y el bienestar rural con el apoyo de agencias como la ANT y ADR.

El Gobierno, mediante un proyecto de decreto, busca adoptar la Política Pública de Acción Comunal, reglamentando el artículo 84 de la Ley 2166 de 2021. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio del Interior en concertación con la Confederación Nacional de Acción Comunal y el DNP, busca fortalecer la organización democrática, participativa y representativa de la acción comunal en todo el territorio nacional. Con una vigencia de diez años, la política se estructura en seis ejes estratégicos y catorce líneas temáticas para solucionar trece problemáticas identificadas. Los objetivos incluyen impulsar el desarrollo territorial y económico, fortalecer la incidencia política, proteger el medio ambiente, fomentar la identidad cultural y construir tejido social, garantizando la formación y seguridad de líderes comunales.

El Ministerio de Agricultura dio a conocer un proyecto para adoptar el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina, buscando fortalecer las territorialidades campesinas del país. Esta iniciativa, enmarcada en el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección, establece una ruta integral para el ordenamiento social de la propiedad rural, la promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles, el mercadeo de productos, y la investigación con participación comunitaria. Su objetivo es garantizar el acceso equitativo a la tierra, combatir su concentración y el fraccionamiento antieconómico, y priorizar la producción de alimentos. Además, el programa contempla la delimitación de nuevas zonas, la implementación de planes de desarrollo sostenible y una fuerte coordinación interinstitucional para asegurar la justicia agraria y la conservación ambiental, con activa participación de las organizaciones campesinas.

 La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) analizó el proyecto que actualiza y armoniza las regulaciones sobre publicidad, promoción y exhibición de productos de tabaco, sus derivados y sucedáneos, conforme a la Ley 2354 de 2024 y el Convenio Marco de la OMS. El proyecto busca prohibir la exhibición pública de estos productos y establecer estrictos mecanismos de doble verificación para evitar su venta a menores de edad en el comercio electrónico. La SIC reconoce que, aunque estas restricciones podrían limitar la competencia al afectar la promoción comercial, están plenamente justificadas por el interés superior del Estado en proteger la salud pública y, especialmente, a niños, niñas y adolescentes, un objetivo respaldado por la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, la SIC sugiere al regulador profundizar en la justificación de la razonabilidad y proporcionalidad de las nuevas obligaciones operativas y tecnológicas para el comercio electrónico.