Sección 3 (1897)
La controversia giró en torno “al detrimento patrimonial que sufrió la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA, al verse obligada a prestar servicios de recaudo y facturación del impuesto al alumbrado público en favor del municipio de Bucaramanga, sin recibir
Para la Sala, “en vista de que la Superintendencia informó que ya resolvió el recurso de apelación presentado por la aquí accionante y la Subsección verificó que la resolución fue notificada a las partes interesadas, esta Sala procederá a declarar la improcedencia del amparo por
Teniendo en cuenta la exposición de los antecedentes realizada con antelación, correspondió a la Corporación determinar si el pliego de condiciones y la resolución de apertura de una Licitación Pública, adelantada por la USPEC, son ilegales por infringir el Plan Básico de
Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la Sala avocó el conocimiento de un proceso, con el fin de unificar jurisprudencia en cuanto a los efectos que produce la ausencia de salvedades cuando las partes pactan suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo
Sobre el punto, la Sala recuerda que en el presente caso “el proceso de selección se abrió el 13 de octubre de 1995, fecha para la cual el artículo 30 del Decreto 1522 de 1983 se encontraba vigente disponía: "El Comité Calificador evaluará las propuestas, calificará los aspectos
La Sala observó que “el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto proferido el 28 de abril de 2021, rechazó la demanda por considerar que: I) el Oficio de 26 de agosto de 2019 y las facturas referidas supra debieron ser incluidos como actos acusados en la demanda y
“La nulidad absoluta de las escrituras públicas con las que el actor pretendía acreditar el derecho de propiedad del inmueble, declarada en el marco de un proceso ordinario civil que promovió el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá
Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la Sala estudió la normatividad relacionada con la responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros dirigidos en forma Indiscriminada contra la población. “Según la demandante, la presencia habitual de
[D]ado que está probado que el Consorcio tenía derecho al ajuste de sus honorarios básicos por la elaboración de los diseños arquitectónicos de la Institución Educativa, y como la SED no acreditó haber pagado suma alguna por este concepto, la Sala concluye que la entidad
“Las cláusulas restrictivas de responsabilidad necesariamente implican la necesidad de ponderar el principio de la autonomía privada con el principio de la reparación integral, con miras a unos límites que garanticen un mínimo de derechos para aquella parte que en últimas