Sección 3 (1897)
En el presente caso, las inconformidades de la tutelante giraron en torno a los factores salariales que conforman el IBL para reliquidar su pensión de vejez. Adujo que se incurrió en defecto sustantivo por dos razones: indebido análisis y aplicación del régimen que regula el IBL
“La parte demandante interpuso el medio de control de nulidad contra el Decreto 1851 de 2015 “por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas y se subroga un capítulo del Decreto 1075 de 2015. El
“Tal y como lo aceptó el mismo INGEOMINAS en el informe, la administración se equivocó al rechazar la propuesta del actor, ya que algunas de las superposiciones invocadas no existían, siendo posible que se continuara el trámite con el área libre. Por ello, dicho acto se
La Sala analizó la caducidad de la acción por daños derivados de la ocupación permanente o definitiva de inmuebles. Las pretensiones se circunscriben al reconocimiento y pago de la indemnización por concepto de la servidumbre impuesta en el predio del actor por parte de
“Para la Sala, a pesar de las actuaciones realizadas por el [tercero] para sustraer el vehículo del Parqueadero Cundinamarca, dichas maniobras no desvirtúan la responsabilidad de la entidad demandada, por su omisión en el cumplimiento de las reglas consistentes en el registro,
“La Fiscalía inició, en forma oficiosa, trámite de la acción de extinción del derecho de dominio sobre los bienes de varias personas, entre ellas, la anterior propietaria de un lote de terreno, que había sido comprado por la ahora demandante. En esa misma fecha ordenó la
La Sala precisó que mediante “el acuerdo 1236 del 16 de enero de 2013, corregido por el acuerdo 1238 del 27 de febrero siguiente, la CDMB declaró, reservó, delimitó y alinderó un área de 11.700 hectáreas localizada en los municipios de Suratá, California y Vetas del
La Ley 100 de 1993 establece en su artículo 194 que la prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado (ESE’s), entidades que constituyen una categoría especial
En el presente caso la Sala advirtió que el objeto de la controversia recayó en el incumplimiento del contrato de administración de recursos del Régimen Subsidiado y sus otrosíes. “De conformidad con lo anterior, dado que se trata de un recurso de anulación contra un laudo
Para la Sala es claro que la demanda se circunscribió a la petición de nulidad de unas Resoluciones proferidas por la ANM, sin que en modo alguno la sociedad concesionaria lograra acreditar que tales actos fueran contrarios a lo dispuesto en los artículos 87, 88 y 91 del