Sección 3 (1898)
La Sala concedió la indemnización del lucro cesante, debido a que la parte actora acreditó que para el momento en el que fue privado de la libertad el demandante ejercía como albañil y agricultor. La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 15 de
Las partes celebraron un contrato de concesión a través del cual la entidad “entregó unos bienes de su propiedad al contratista, para que éste los explotara, básicamente, mediante la prestación del servicio de imágenes diagnósticas a los usuarios del hospital,
En la demanda, la aseguradora planteó que la entidad pública no podía cuantificar unilateralmente la pérdida por la realización de los siniestros de incumplimiento, en la medida que los convenios de cofinanciación incluyeron cláusulas penales de estimación
El municipio de Purificación, Tolima instauró demanda de repetición en contra de unos exfuncionarios, con el fin de declarar patrimonialmente responsables a éstos de un pago a favor de Ecopetrol, por la suma que esa entidad territorial pagó con ocasión de
La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta por Intralot de Colombia, en ejercicio de la acción de nulidad y se dirigió en contra de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, en liquidación. La parte demandante solicitó declarar la nulidad de la Resolución No. 922 de 12 de agosto de 2010, mediante la cual Etesa resolvió el recurso de reposición interpuesto por el
la Sala verificó que el mayor plazo de ejecución fue pactado en forma bilateral por las partes en diversas modificaciones al contrato, en las que el contratista no manifestó desacuerdo, salvedad o intención de presentar futuras reclamaciones por mayores costos. El Consejo de Estado advirtió que, tanto las modificaciones, como las actas de suspensión fueron acordadas en forma bilateral,
El procedimiento policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, en el caso de los bienes rurales, se encuentra reglado por el Decreto 747 de 1992. “En este procedimiento policivo se despliega la función de policía para preservar el orden público y evitar la perturbación de la posesión, y cuya regulación la complementan los procedimientos señalados en los Códigos de Policía
El Consejo de Estado confirmó el auto del 18 de agosto de 2020, mediante el cual se resolvieron las solicitudes de interpretación prejudicial elevadas por la parte demandante y, particularmente, la expresión contenida en el apartado 5º de los considerandos de la
La Sala confirmó la sentencia de condena de primera instancia “porque el dictamen pericial sobre el que se basó el tribunal para declarar la responsabilidad de la demandada no se extralimitó en su objeto y las pruebas valoradas en conjunto acreditan la relación de causalidad entre la operación del relleno sanitario y los daños sufridos por los predios de los demandantes”.
La parte demandante “solicitó que se declarara la nulidad absoluta, total o parcial, del contrato por abuso o desviación de poder como consecuencia de que la entidad modificó, sin que él lo notara, la minuta del contrato comparada con la minuta publicada como anexo del pliego. Adicionalmente, solicitó que se declarara que los supuestos en que se fundó el modelo contractual no se