Consejo de Estado (6842)
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La Sala “anuló la Resolución 241 del 31 de diciembre de 2020, expedida por la CREG, por falta de competencia de esta entidad para fijar la contribución especial a su favor y a cargo de los prestadores de la cadena de combustibles líquidos por el periodo 2020. Lo anterior,
La Sala estudió la Resolución SSPD-20191000022815 del 19 de julio de 2019, por la cual esta Entidad fijó la tarifa de la contribución especial a la que están sujetos los prestadores para el año 2019, así como los actos administrativos que liquidaron la contribución a cargo de la
Revisada la norma cuya eficacia persiguió el demandante (artículo 355 de la Ley 685 de 2001), observó la Sala que en ella se establece el procedimiento para los contratos sobre áreas con inversión estatal, destacando que solo las que a la fecha de la promulgación de la citada
La Sala encontró que la actuación cuestionada no generó una transgresión de los derechos invocados y, por el contrario, las diferentes decisiones de la autoridad urbanística responden a que antes del año 2005 no existía certeza científica y técnica sobre la delimitación de los
La Sala evidenció que no existe certeza acerca de que el Acuerdo 032 de 2013 haya sido publicado el 31 de diciembre de 2013, antes del inicio del período gravable siguiente a su entrada en vigor para que tuviera aplicabilidad en la autoliquidación del ICA de la contribuyente
La Sala explicó por qué la causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento
No desconoció la Sala que la Fiscalía General de la Nación determinó finalmente la improcedencia de la acción de extinción de dominio por cuanto se demostró que el demandante era el legítimo propietario del bien, lo había adquirido lícitamente y no tenía vínculos con el
La Sala precisó que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, “la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
Para la Sala, “no es posible prorrogar los contratos de arrendamiento vigentes celebrados con los usuarios operadores de zonas francas que operan sobre los terrenos de propiedad de la Nación -como una forma de garantizar la disponibilidad jurídica exigida para la prórroga del
La demandante consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social, salud, mínimo vital y estabilidad laboral reforzada con ocasión de su desvinculación del cargo que desempeñaba en