Consejo de Estado (6841)
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El Municipio contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. “En su contestación sostuvo que la administración municipal fue diligente en atender el mantenimiento de la red de alcantarillado de la zona; que los terrenos de ese sector del municipio son de gran ascendencia
Para la Sala, en el presente caso, la prueba documental relacionada con el proyecto hidroeléctrico Río Porce III adelantado por EPM demuestra que su utilidad pública se declaró en 2003, y que la zona afectada por el mismo comprendía varios municipios del departamento de
La Sala indicó que al igual que lo dispuesto en el actual Código de Minas (Ley 685 de 2001), el anterior Código de Minas (Decreto 2655 de 1988) estableció un “sistema de inscripción, autenticidad y publicidad de los actos de la administración y de los particulares que tengan
En el año 2012 el funcionario del grupo de cartografía y geografía de la Dirección de Consulta Previa, realizó un concepto geográfico, cartográfico y espacial para identificar grupos étnicos en el proyecto «perforación exploratoria área de interés Porro Norte Bloque Vim5”. Esta
Loa demandantes argumentaron que con ocasión del Acuerdo 024 de 16 de agosto de 2019, por medio del cual el Concejo Municipal de Riohacha autorizó al alcalde distrital para que constituyera una sociedad de economía mixta organizada como E.S.P. para la prestación de los
Para la Sala, “el yerro invocado por la parte actora a partir de una discrepancia en la interpretación del artículo 209 de la Ley 223 de 1995 sobre la causación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, que debió aplicar el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, lo
“La diferencia entre convenio y contrato administrativo radica en que en los convenios se busca cumplir, de manera conjunta, las funciones a cargo de las entidades públicas que suscriben el acuerdo o prestar los servicios que les han sido encomendados por la ley, mientras que
La Sala trajo a colación un fallo del año 2020 en el que se definió “si la determinación de los cargos de interconexión del servicio de telecomunicaciones era un deber que correspondía asumir a la autoridad administrativa, en este caso a la CRC, o si se trataba de un asunto de
Usosaldaña solicitó que se declarara la nulidad de un acto que otorgó una Licencia Ambiental; con el alcance de los efectos de la nulidad de la Resolución demandada, solicitó dejar sin efectos jurídicos y terminar los derechos a favor de la beneficiaria de la Licencia Ambiental y
El Despacho precisó hacer hacer uso de la facultad oficiosa, para contar con elementos probatorios adicionales para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con la responsabilidad de la CARDER y de EMPOCABAL EICE ESP en la transgresión de