Prensa Jurídica
Esta Comisión de Regulación establece las fórmulas para la fijación de tarifas y señala los criterios generales sobre el abuso de posición dominante, además promueve la competencia entre los prestadores. Particularmente, para el costo de disposición final (???)4 en la Resolución CRA 943 de 20215, que compila la Resolución CRA 720 de 20156, es importante tener en cuenta que el costo allí definido considera, entre otras, la normatividad ambiental y las recomendaciones técnicas incluidas en el Título F del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. En cuanto al reconocimiento de los costos, se consideran los costos de inversión, administración y costos de operación durante los veinte (20) años de vida útil del relleno sanitario. Adicionalmente, se incluyen los costos relacionados durante la etapa de posclausura de diez (10) años.
Precisiones de la CRA en relación con la aplicación de los subsidios y las contribuciones
En relación con la aplicación de los subsidios y las contribuciones, el parágrafo del artículo 2.1.2.1.10.7. y el parágrafo 3 del artículo 2.1.1.1.6.4. de la Resolución CRA 943 de 2021, establecen que, en todo caso para la determinación de las tarifas a aplicar a los suscriptores y/o usuarios, las personas prestadoras deberán dar cumplimiento a la metodología vigente para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, la cual está establecida en el artículo 2.3.4.2.2. del Decreto 1077 de 2015.
La actualización de las tarifas es una decisión de la entidad tarifaria local, teniendo en cuenta que se debe presentar una acumulación de por lo menos el 3%. La persona prestadora puede dejar que se presente una acumulación mayor al 3% para realizar la actualización. La variación se calcula teniendo en cuenta el momento en que inicia la aplicación de las tarifas, desde ahí se empieza a tener en cuenta los incrementos del IPC y una vez dichos incrementos al ser sumados sean superiores al 3% se puede aplicar dicho valor.
Si bien las entidades exceptuadas de la Ley 80 de 1993 tienen discrecionalidad en la estructuración de sus reglamentos internos, es preciso que todos los aspectos contenidos en estos guarden armonía con las leyes que le resulten aplicables. De este modo, se deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Dentro de estos, se deben observar principios constitucionales como la eficacia, economía, celeridad, moralidad, entre otros. Como mínimo, en las reglas diseñadas por la entidad se deben indicar cuáles son sus procedimientos de selección y una descripción de cada uno de ellos, al igual que las etapas que los componen, los cuales deben estar alineados con la garantía de los principios de la función administrativa. En este mismo sentido, deberán cumplir con el mandato establecido en el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 en relación con las convocatorias limitadas a Mipymes y su norma reglamentaria.
Una de las consecuencias más importantes de la inclusión en el REDAM es la aparición de una inhabilidad para celebrar contratos con el Estado. Al respecto, conforme al artículo 6.1 ibidem, “El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado”. Dicha restricción se suma al catálogo del artículo 8 y siguientes de la Ley 80 de 1993, especialmente, cuando –conforme al literal a) del numeral 1– “Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales […] Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes”, el cual se extiende también a las entidades de régimen exceptuado en virtud del inciso primero del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y al régimen de las ESAL de acuerdo al artículo 6 del Decreto 092 de 2017.
Aprobado por las Comisiones Económicas del Congreso Presupuesto General de la Nación 2024 por 502,6 billones de pesos
Sin cambios a los 86 artículos, incluída la vigencia, las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley de presupuesto 2024, por un monto de $502,6 billones. En el artículo 83 de la ponencia, se propone que durante la vigencia 2024, el Ministerio de Minas destine recursos para promover y cofinanciar proyectos dirigidos a la prestación del servicio público de gas combustible a través del desarrollo de infraestructura del Gas Licuado de Petróleo - GPL por red a nivel Nacional y masificar su uso en el sector rural y en los estratos bajos urbanos. Por otro lado, en el proyecto se propone apropiar 6 mil millones de pesos para la nivelación salarial para los empleados de planta no vinculados a las Unidades de Trabajo Legislativo del Congreso de la República. El proyecto pasa ahora a consideración de las plenarias de Senado y Cámara.
Ante la pregunta formulada por el ministerio de Salud sobre ¿desde qué mes se consideraría que se hizo efectivo el incremento de los dos puntos porcentuales de la contribución del valor de la prima anual establecida para el SOAT en el artículo 3 de la Ley 2161 de 2021, desde el 26 de noviembre de 2021 o partir del 1 de enero de 2022?, la Sala respondió: “La Ley 2161 de 2021 entró a regir el 26 de noviembre de 2021, y en consecuencia, a partir de ese día se hizo efectivo el incremento señalado en su artículo 3°”
En este caso, la ANLA, en cumplimiento del artículo 2.2.2.4.1.5. del Decreto 1076 de 2015, que establece los requisitos de la solicitud de audiencia pública ambiental, indicó en primer lugar que si bien, la celebración de esta puede ser solicitada por tres entidades sin ánimo de lucro, en este caso no fueron aportados los certificados de constitución y representación legal de la Fundación Biodiversidad, la Veeduría Santiago de Cali “Álvaro Lemos Barrote”, la Corporación Ekoinc, y Urbanidad Nativa, congregados en el Círculo de Pensamiento Ambiental.