Prensa Jurídica
Se debe tener en cuenta si el revisor fiscal participó o no en la asamblea por medio de la cual se aprobó el acta adicional en la cual se aclaró la decisión. En caso de no haber participado, no es posible que el revisor fiscal firme el acta adicional de la asamblea y de fe de la misma, lo anterior, por cuanto éste nunca estuvo en la reunión.
Para los efectos de las reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando se hace referencia a «todos los socios o miembros» se entiende que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente. El representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión. Asimismo, deberá realizar la verificación de identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto los socios, sus apoderados o los miembros de junta directiva.
La Entidad indicó que la infraestructura de acueducto y alcantarillado se encuentra conformada por tres tipos de redes, (I) red matriz o primaria, cuyo diseño, construcción y mantenimiento está en cabeza de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, con cargo a las tarifas; (II) red local o secundaria, cuyo diseño y construcción corresponde a los urbanizadores, mientras esté vigente la licencia urbanística o su revalidación; y corresponde a los prestadores su administración, operación y mantenimiento una vez las hayan recibido y (III) las redes internas, cuyo diseño y construcción está a cargo de los urbanizadores, mientras que el mantenimiento se encuentra a cargo de los propietarios de los inmuebles. En ese sentido, por regla general, en toda infraestructura de tales servicios habrá unas redes externas (redes primarias y secundarias) a cargo de los prestadores y otras internas (domiciliarias) a cargo de los propietarios y/o usuarios que habitan o usan los inmuebles, en los términos señalados.
“No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno. El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la superintendencia”.
El artículo 19 de la Ley 142-94 establece el régimen jurídico de estos prestadores, indicando que, en lo no previsto en dicha Ley, se regirán por lo dispuesto en el Código de Comercio sobre sociedades anónimas (núm. 19.15); ello, sin perder de vista que, cuando la conformación de una ESP se realiza bajo la modalidad de una sociedad por acciones simplificada - SAS, será necesario dar aplicación integral y prevalente a las disposiciones aplicables a este tipo de sociedades, las cuales se encuentran contenidas en la Ley 1258 de 2008. Dependiendo de la naturaleza y porcentaje de los aportes de capital de la sociedad, esta será una Empresa de Servicios Públicos oficial, mixta o privada; así, cuando se trata de una de naturaleza mixta, sus aportes que provienen de la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas, deben corresponder a un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%), del total del capital.
El contrato de servicios públicos comienza su ejecución desde el momento en que el prestador del servicio público domiciliario: I) cuente con las condiciones uniformes definidas para prestarlo, II) recibe la solicitud de conexión del servicio por parte de un usuario potencial, III) verifica que tanto el solicitante como el inmueble se encuentran en las condiciones legales y técnicas para prestarlo, y IV) procede a efectuar la conexión del servicio en el inmueble solicitado. Es de resaltar que, desde el momento de la celebración del contrato de servicios públicos se harán exigibles los derechos y obligaciones derivadas de este, para el prestador, iniciar la operación del servicio y para el usuario, pagar el precio que se cause por el suministro del mismo.
La Entidad explicó que “no se tiene regulada cuál información debe usarse o cuál está catalogada como real y disponible. Esto pues en las redes de energía del país existe una cantidad considerable de circuitos y no se puede generalizar qué tipo de información puede o no tener disponible cada OR. Dado el caso que el OR no tenga ningún tipo de información para poder determinar la mínima demanda horaria del circuito o transformador de nivel 1 del año anterior al de la solicitud de conexión, se deberá aceptar la conexión.A continuación, citamos el parágrafo 2 del artículo 6 de la Resolución CREG 174 de 2021 a partir del cual se da el concepto anterior”.
La Resolución CRA 864 de 2018 que se compiló en la Resolución CRA 943 de 2021 prevé un mecanismo excepcional a través del cual, se puede solicitar ante la Comisión de Regulación el inicio de una actuación administrativa destinada a aprobar la modificación de carácter particular de fórmulas tarifarias de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, siempre y cuando se demuestre: 1.“Que la fórmula tarifaria que se pretende modificar, no garantiza el cumplimiento de alguno(s) de los criterios establecidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, debido a condiciones particulares de prestación del servicio del solicitante. 2. Que la solicitud de modificación de la fórmula tarifaria propuesta, garantiza los criterios establecidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994.” (Artículo 1.8.7.2.1.4. Resolución 943 de 2021)