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 Así mismo, la providencia analizó las reglas de la prescripción trienal de la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las mismas. La Sala consideró que “que pese a que en el régimen anualizado de cesantías el empleador se encuentra obligado a consignar la suma respectiva por esta prestación social en el fondo de cesantías al que se encuentre afiliado el trabajador,

La Sala accedió a las súplicas de la demanda de “un docente que prestó servicios en forma discontinua en el sector público docente y privado distinto a dicha actividad, quien solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a la Secretaría de Educación Municipal de Cali, la cual le fue negada por no cumplir el requisito de edad consagrado en la Ley 71 de 1998. Contra dicha decisión interpuso el recurso de reposición frente al cual guardó silencio la administración”.

Para la Sala, “resulta desproporcionada la carga que le exige la SSPD a la ETB S.A. E.S.P., pues demanda de ella la respuesta sobre un asunto del que no tuvo la posibilidad de conocer. Adicionalmente, se evidencia que las conclusiones que deriva la SSPD del expediente administrativo no guardan relación con las pruebas aportadas. Tampoco se encuentra que la SSPD

La Sala consideró que los demandados, al expedir las resoluciones mediante las cuales se reconocieron unos auxilios educativos para primaria, secundaria y educación superior de hijos de empleados públicos del concejo municipal de Barrancabermeja (Santander) y se ordenaron sus respectivos pagos, incurrieron en indebida destinación de dineros públicos.

Consejo de Estado declaró que no es nulo el decreto expedido por el Distrito de Barranquilla, en el que se establecieron disposiciones en materia de espacio público, para el desarrollo de desfiles de Carnavales en la Vía 40.

“La Sala Especial de Decisión profiere sentencia de única instancia dentro del proceso que se adelanta en virtud del medio de control inmediato de legalidad de la Resolución 000097 del 21 de marzo de 2020 "Por la cual se suspenden términos judiciales en la Justicia Penal Militar y Policial, como medida preventiva para afrontar la emergencia sanitaria a causa del

La Sala consideró que los actores desvirtuaron la presunción de legalidad del acto de elección del diputado, “señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega, teniendo en cuenta que ni la objeción de conciencia ni la autorización que otorguen las colectividades políticas, pueden ser patentes para librar al demandado de incurrir en doble militancia en la modalidad de apoyo,

 Se presentó demanda para obtener la nulidad del Decreto 3035 de 28 de octubre de 2013, “por medio del cual se determina la categoría del Departamento del Tolima para la vigencia fiscal de 2014”, proferido por el Gobernador del del Tolima, con fundamento en que el Departamento del Tolima debe ubicarse en la primera categoría para el año fiscal 2014 y el

La Sala Plena consideró que “es procedente avocar conocimiento para conocer del asunto con el fin de que, mediante auto de unificación jurisprudencial, se definan si los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021 deben ser aplicados o, por el contrario, han de ser exceptuados de su aplicación por su presunta inconstitucionalidad e inconvencionalidad, toda vez que,

“La regulación específica aduanera (parágrafo 1° del artículo 393-15 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 4051 de 2007) no estableció la manera en que debe acreditarse la experiencia de quien pretende ser usuario operador de una Zona Franca Permanente, el cual debe constituirse como una persona jurídica nueva con ese único propósito.