Consejo de Estado (6860)
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La Alta Corte consideró que la naturaleza de los “estudios normativos, teóricos, jurisprudenciales, y hasta probatorios, a desarrollarse para examinar lo relacionado con la forma de vinculación o incorporación de los docentes de hora-cátedra a las universidades públicas, supera y rebasa la dimensión y los límites de la etapa cautelar en la que se encuentra este proceso”,
Los propietarios y habitantes de los inmuebles ubicados en el barrio Betania, localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá D.C., desde hace 5 años han venido sufriendo afectaciones por el funcionamiento ilegal de bares y discotecas en esa zona, situación que ocasiona altos niveles de contaminación auditiva, afectaciones sanitarias, consumo de sustancias alucinógenas e inseguridad.
Consejo de Estado analizó aspectos relacionados con las atribuciones y límites de la autonomía tributaria concedida a los concejos municipales y distritales y a las asambleas departamentales. “De acuerdo con los artículos 287, 300-4 y 313-4 de la Constitución Política, las entidades territoriales gozan de autonomía para gestionar sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley
El Consejo de Estado declaró que la sociedad Aon Affinity Colombia Ltda., debe reintegrar a la DIAN la suma de $4.102.000, pagar los correspondientes intereses moratorios y pagar una sanción por devolución o compensación improcedente equivalente a $410.000. “La sanción por devolución y/o compensación improcedente es de aquellas que se impone en resolución independiente,
La Policía Nacional, en un retén, incautó un taxi y lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Sala concluyó que la Policía Nacional actuó en la forma dispuesta en la normativa constitucional y penal vigente para la época de los hechos, sin que del material probatorio se advierta la existencia de algún tipo de irregularidad al proceder a la retención del vehículo
“La parte demandante afirmó que sufrió un daño antijurídico por la invasión de sus inmuebles por terceros. Adujo que las demandadas no adoptaron las medidas necesarias para evitar la invasión y permitieron la instalación de infraestructura eléctrica y esto incentivó el presunto asentamiento ilegal”. Para la Sala, “las pruebas que obran en el expediente no permiten establecer
El Alto Tribunal señala que el artículo 670 del ET antes de ser modificado por el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016, no establecía como hecho sancionable “la disminución del saldo a favor devuelto y/o compensado mediante corrección voluntaria o provocada. Situación que cambió con la expedición del artículo 18 de la Ley 1430 de 2010, mediante el cual se dotó a la Administración
En el caso concreto, la Superintendencia de Industria y Comercio dio inicio al proceso de cobro coactivo con el mandamiento de pago que libró en contra de la Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA. El procedimiento de cobro coactivo en el cual se profirieron
La Sala le impuso la obligación a Serfinco “de pagar la tercera parte de la suma de $ 500.000.000 actualizada, esto es, el monto de $166.666.666 actualizados en favor del municipio de Silvia, que corresponde a un tercio de los recursos que no fueron realmente invertidos por Probolsa y que Serfinco contribuyó a que ingresaran al patrimonio de esta, al incumplir sus deberes como comisionista de bolsa, y especialmente, por privilegiar los intereses de una sociedad comercial que no estaba autorizada por el Estado”.
Mediante una resolución de la Fiscalía Delegada de la Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla, se ordenó la cancelación de un folio de matrícula inmobiliaria de la finca El Ensueño, ubicada en el municipio de Puerto Colombia y, a su vez, la entrega material del predio a Inversiones Prisma S.A. Los demandantes -quienes aducen ser los legítimos propietarios de la finca- pretendieron que se declarara la responsabilidad de las demandadas, porque, según ellos, con la expedición de esa decisión se configuró un error judicial.