Consejo de Estado (6857)
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La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decidió la impugnación presentada por la accionante en contra de la sentencia del 13 de agosto de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación. Se demandó de nulidad en contra del artículo 4.° del Acuerdo Municipal 023- 2004, del Concejo Municipal de Puerto Boyacá,
Para la Sala no se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa del actor para solicitar el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, al buen nombre, a la dignidad y a la honra de las comunidades negras, afrodescendientes y afrocolombianas, y de las mujeres.
El reproche del demandante consiste en señalar la presunta omisión por parte Ministerio de Cultura en llevar a cabo un proceso de “consulta previa” con las comunidades indígenas propietarias de los bienes originarios, materiales o inmateriales que yacen en el Galeón San José.
El Consejo de Estado levantó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Licencia Ambiental conferida mediante un Acto de la ANLA que modificó una Licencia Ambiental Global.
“Conforme con el artículo 746 del ET, las declaraciones tributarias gozan de presunción de veracidad. La norma establece que «Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que, sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija».
La Sala precisa que la norma establece que constituyen título ejecutivo, entre otros, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 829 del ET, los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden ejecutoriados en los siguientes eventos:
“En un contrato sometido al derecho privado, las partes pueden acordar someter el negocio jurídico a una etapa posterior de legalización (que cobra aún más sentido cuando se advierte que el contrato se ejecutaría con recursos públicos).
La sociedad Constructora GAP S.A.S. consideró que la mora en la prestación del servicio de acueducto y la facturación posterior del alcantarillado con ocasión del agua suministrada por terceros, constituía una operación administrativa, en el marco de la cual se incurrió en una falla del servicio, pues la tardanza fue injustificada y el cobro fue dejado sin efecto en la vía gubernativa.
La controversia se suscitó a raíz de un convenio de cooperación que suscribieron las partes, cuyo objeto era el fortalecimiento institucional a través de la implementación, acompañamiento y asistencia de mecanismos de control social, veedurías ciudadanas lideradas por la sociedad civil y seguimiento a las políticas públicas en el departamento de Casanare.
El demandante reclama la indemnización de los perjuicios de orden material y moral que le fueron causados como consecuencia de la tardanza y el mal estado en que fue devuelto un inmueble que fue decomisado en el trámite de una intervención realizada por la SuperSociedades a la Promotora Costa Caribe Ltda., sociedad que ejercía la posesión del “Hotel Bocacanoa Caserío de