El demandante y el supervisor del convenio suscribieron un acta donde consignaron que la CD&P ejecutó $1.328.080.384 por lo que restado el anticipo el ente territorial debía $578.080.384 por concepto de aportes no desembolsados; sin embargo, a pesar de los múltiples requerimientos la CD&P nunca recibió el dinero. Para la Sala, los documentos presentados con el fin de integrar el título ejecutivo complejo no acreditan la exigibilidad de la obligación cuyo recaudo se pretende ya que no dan cuenta del cumplimiento de todas las condiciones pactadas para hacer exigible la obligación de desembolso. El Consejo de Estado confirmó el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó el mandamiento de pago solicitado por la parte actora.