Consejo de Estado (6855)
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A título de restablecimiento del derecho, la Alta Corte declaró que la tarifa aplicable al impuesto predial unificado por los años 2008 a 2012, de los predios de propiedad de Reficar, era del 6 ‰. La Sala ordenó al distrito de Cartagena reintegrar a la Refinería de Cartagena S.A. la diferencia que resulte entre lo efectivamente pagado por concepto de impuesto predial unificado del
Con seis aclaraciones de voto, el CE declaró infundado recurso de anulación de un laudo arbitral convocado para resolver diferencias entre los miembros de Magisalud y La Previsora S.A., como administradora del patrimonio autónomo del Fomag
Para Ecopetrol, la Sección Cuarta del Consejo de estado “dejó de aplicar el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 que prevé cuáles son los contratos de exploración y explotación de recursos naturales; igualmente omitió que el Decreto 4361 de 2007, prevé que los contratos celebrados por Ecopetrol al no estar sometidos a procesos de licitación pública o selección abierta se
Para la Sala, “el impuesto predial unificado fue establecido como impuesto del orden municipal, cuya administración, recaudo y control corresponde a los respectivos municipios, a través de su órgano ejecutivo. A su vez, el artículo 3, dispuso que la base gravable del impuesto predial unificado será el avalúo catastral o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del
Para XM Compañía de Expertos en Mercados S.A., “es importante conocer cuándo un acto administrativo de carácter tributario se entiende debidamente ejecutoriado y presta mérito ejecutivo, porque existen dos (2) excepciones que se pueden proponer contra el mandamiento de pago, que están íntimamente relacionadas con la ejecutoria del acto que contiene la obligación perseguida”.
“El contrato de seguro se encuentra regulado en los artículos 1036 a 1162 del Código de Comercio, la normatividad establece que es un contrato consensual, bilateral oneroso, aleatorio, de ejecución sucesiva y de naturaleza indemnizatoria porque está encaminado a reparar los daños causados por el siniestro hasta el monto del valor asegurado.
El caso se suscitó por las quemaduras que causaron la muerte a un recluso del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga y que fueron producidas por la incineración de unos colchones de la celda, por causa de las pipetas de gas lacrimógeno lanzadas con el “truflay” por uno de los auxiliares, bajo las órdenes de un dragoneante que se
Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la sección Tercera del Consejo de Estado amparó los derechos solicitados por la ANDJE a través de una tutela dirigida contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que se dejaran sin efectos los autos que ordenaron a unas entidades públicas nacionales y territoriales pagar honorarios mensuales a integrantes
“De conformidad con el artículo 98 del CPACA y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, las entidades públicas están revestidas de la prerrogativa exorbitante del cobro coactivo, que les permite hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor que consten en un documento que preste mérito ejecutivo. Este es un procedimiento administrativo autónomo de aquel que concluyó con el acto que
Hocol S.A., (convocante), y la sociedad Adrialpetro Petroleum Services Colombia S.A.S., (convocada), suscribieron un Contrato cuyo objeto consistió en la adquisición del sistema z-sight y servicio de mantenimiento del sistema para los pozos de Hocol en Colombia”.