Para el magistrado Guillermo Sánchez Luque, quien aclaró su voto, “el verdadero punto de controversia, consistente en determinar si la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los recursos de anulación proferidos en procesos o con ocasión de contratos en los que sean parte patrimonios autónomos constituidos por entidades públicas de acuerdo con las reglas del derecho común”.