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A través de esta sentencia de constitucionalidad, la Corte decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-090 de 2022, que declaró inexequibles, entre otros, los artículos 124 y 125 del Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”, porque existía cosa juzgada “formal y absoluta” respecto de las previsiones acusadas.

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La Sala recordó que “el Programa de Ingreso Solidario fue creado bajo el Decreto 518 de 2020 con el propósito de garantizar el derecho al mínimo vital y a la igualdad de los hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad económica. Si bien se concluyó la configuración de una carencia actual de objeto, se evidenció que la Presidencia de la República incurrió en una omisión debido a que no diseñó ni ejecutó una política pública dirigida a mujeres cabeza de familia como las accionantes, quienes en el contexto de la pandemia ocasionada por el Covid 19, perdieron casi que por completo la posibilidad de proveerse por sus propios medios las condiciones mínimas de subsistencia y la de sus familiares”.

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A esta conclusión llegó la Corte en la que se “protegieron los derechos fundamentales de una docente y sus dos hijos menores de edad, debido a que la accionante promovió una acción de tutela contra las secretarías de educación de dos municipios, luego de que ambas entidades se negarán a autorizar su traslado hacia un municipio diferente, con el fin de salvaguardar sus derechos como consecuencia de las amenazas y hostigamientos que se encontraba recibiendo por parte de miembros de las disidencias de las FARC-EP, luego de oponerse al reclutamiento forzado de uno de sus hijos”.

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“La Corte reiteró que un sindicato vulnera los derechos fundamentales a la estabilidad ocupacional reforzada, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, al despedir a una trabajadora/afiliada diagnosticada con trastornos mentales cuando termina

La Sala estudió tres acciones de tutela promovidas en nombre de personas mayores, que padecen enfermedades crónicas y degenerativas, que restringen su movilidad y autonomía para desempeñar las actividades básicas del diario vivir. Según los agentes oficiosos en los tres

La Corte declaró constitucional el «Acuerdo entre la República de Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde con respecto a la personería jurídica y los privilegios e inmunidades del Instituto Global para el Crecimiento Verde», suscrito en Seúl el 31 de enero de

La Corte Constitucional resolvió la demanda presentada parcialmente contra el artículo 46 de la Ley 2200 de 2022, que establece el requisito de residencia para ser diputado, permitiendo acreditarlo con una residencia de mínimo tres años consecutivos en cualquier tiempo en la

La Corte Constitucional precisó: “el artículo 1122 del Código Civil es una de las reglas generales (Capítulo I) de las asignaciones testamentarias (Título IV) del Libro Tercero de dicho estatuto, que regula el derecho sucesoral y las donaciones entre vivos. De acuerdo con dicha

A través de esta providencia, la Corte concluyó que la competencia constitucional asignada a las asambleas departamentales para la modificación del presupuesto departamental que implique el aumento de las rentas y del gasto, y el cambio de destinación del gasto en las

Se demanda la inconstitucionalidad parcial contra el apartado final del numeral 1º del artículo 6º de la Ley 2232 del 7 de julio de 2022; de acuerdo con los argumentos del demandante, “al establecer que en algunos casos la prohibición se aplicará en el término de 2 años,