Prensa Jurídica
La Sala reiteró que, “la exención por exportación de servicios no se aplicará cuando quien resulte beneficiado con el servicio prestado desde Colombia sea un vinculado económico, situado en Colombia, de la entidad contratante del exterior. Con esa fórmula se restringe la posibilidad de que la exención cobije servicios que, directa o indirectamente, utilice el contratante en el territorio colombiano; pero en ningún sentido impide la disposición que entre el contratante en el exterior y el prestador de los servicios en Colombia exista vinculación económica». Como los cargos de la apelante se refieren a la vinculación económica (no probada ni debatida en el proceso) entre la entidad contratante de los servicios en el exterior y la prestadora de los servicios en Colombia, no están llamados a prosperar, pues la demostración que exige el parágrafo del artículo 1º del Decreto 1805 de 2010 para negar la exención, consiste en que se evidencie que quien contrató los servicios los puso a disposición de un vinculado económico suyo en Colombia, para que este los utilice o aproveche en el país, cuestión sobre la cual no recae la argumentación de la demandante ni los medios de prueba obrantes en el expediente.” (Se resalta). De allí que la jurisprudencia de la Sala, en reiteradas oportunidades, ha precisado las condiciones de acceso a la exención: I) que los servicios se presten en el territorio nacional, II) que se utilicen exclusivamente en el extranjero, de suerte que no hay lugar a la exención cuando el beneficiario del servicio se sitúe en Colombia, como contratante o como vinculado económico de este, y III) que se cumplan los requisitos fijados en el reglamento.
Reiteración jurisprudencial del Consejo de Estado en materia de correcciones provocadas
La Sala explicó que los artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario precisan que los contribuyentes tienen la oportunidad de corregir sus declaraciones tributarias con ocasión de la expedición del requerimiento especial o de la liquidación oficial de revisión, poniendo fin a la discusión, total o parcialmente, y reduciendo la sanción por inexactitud inicialmente propuesta, siempre que: (I) se acepten total o parcialmente los hechos planteados por la Administración, (II) se corrija la declaración privada incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida y, (III) se adjunte con la respuesta al requerimiento o a la liquidación oficial la prueba de pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida. Debe recordarse que, la oportunidad prevista en los anteriores artículos difiere de la relacionada con las correcciones voluntarias de las declaraciones tributarias, en donde el contribuyente goza de plena libertad para modificar el contenido de estas, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario. Precisamente las correcciones provocadas se diferencian de las voluntarias, en cuanto en las primeras “el obligado tributario carece de libertad para configurar el contenido de la declaración, en la medida en que las modificaciones sobre el denuncio preexistente solo pueden versar sobre las glosas planteadas formalmente por la Administración en el requerimiento.”
Para la Sala, respecto al principio «a trabajo igual salario igual», no es procedente, pues como ya se explicó, la desigualdad salarial y el trato discriminatorio se configuran cuando no hay causas objetivas y razonables que lo justifiquen y cuando tal diferencia no obedece a criterios válidos constitucionalmente que autoricen el trato diferente; cosa que no acontece en el presente caso, porque como quedó dicho en el acápite del régimen jurídico de los docentes, es la propia Constitución de 1991 y el legislador quienes establecieron que el servicio educativo puede ser prestado de forma concurrente por la Nación y las entidades territoriales, así como la clasificación de los docentes en nacionales, nacionalizados y territoriales, en atención al periodo y la forma de vinculación, para lo cual, el legislador estableció un régimen salarial y prestacional diferente para cada uno de ellos.
Para la Sala, no se puede inferir que existió un error en el procedimiento quirúrgico o en el diagnóstico post quirúrgico practicado al demandante, derivado de culpa o negligencia del personal médico, por el hecho de que doce horas después de practicada la cirugía le devino una pérdida de movilidad de sus miembros inferiores. “En otras palabras, coligió que existió una alta probabilidad de error de los médicos en el procedimiento practicado al paciente, el cual se perfilaba como la causa de la paraplejia del demandante. La Sala se aparta de ese procedimiento inferencial y, por contera de la conclusión así obtenida, no porque desatienda la utilidad que, en algunos casos, puedan brindar los indicios como prueba indirecta que son, sino porque esa clase de prueba exige, en su construcción, un iter lógico concatenado que no permite ni admite los sobresaltos o pasos sobreseídos en la cadena inferencial. Dicho de otro modo, no puede pasarse directamente de un hecho indicador a un hecho indicado, sin develar las reglas a través de las cuales se hace ese tránsito”.
La Sala decidió tutela instaurada por Nutresa S.A., contra la Superintendencia de Sociedades - Delegatura de Procedimientos Mercantiles, trámite al que fueron citados JGDB Holding S.A.S, IHC Capital Holding LLC, la firma de abogados Gómez Pinzón, el Grupo de Inversiones Suramericana S.A. y Nugil S.A.S., así como las partes y los intervinientes en el trámite. A juicio del demandante, la transgresión se produjo porque mediante auto se decretaron, entre otras, las medidas cautelares consistentes en “la suspensión de las decisiones tomadas por la asamblea general de accionistas de Grupo Sura S.A. durante la sesión asamblearia realizada el 26 de octubre de 2022, referentes a la autorización impartida a Luis Javier Zuluaga y Jaime Sebastián Orejuela Martínez para participar en las deliberaciones y decisiones de la junta directiva relativas a la participación de Grupo Sura S.A. en la OPA formulada por IHC Capital Holding LLC sobre acciones de Grupo Nutresa S.A. hasta la terminación del proceso”.
La Corte Suprema de Justicia, en un proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso que inició contra su cónyuge, por haber decretado como cautelas el embargo y secuestro de dos perros que, según afirmó la actora, son de su propiedad, a la vez que integran su «núcleo familiar». La Sala ratificó la desestimación del auxilio deprecado, “porque no alcanza a superar el requisito general de subsidiariedad en la modalidad de existencia de otros medios de defensa”.
En los casos de personas en situación de discapacidad el empleador conserva la facultad de terminar el contrato de trabajo con sustento en una causa justa u objetiva y, para tal efecto, no es necesario que solicite autorización ante el Ministerio de Trabajo, dicho trámite administrativo se requiere cuando el despido tenga una relación directa con la situación de discapacidad y no sea posible implementar ajustes por ser desproporcionados o irrazonables.
Para la Sala, EMERSOPÓ ESP estructuró un proyecto de acueducto en forma insuficiente y, sobre la marcha, advirtió la imposibilidad de continuarlo, lo cual le impidió cumplir el convenio suscrito con EPC, producto de lo cual desistió de su interés de continuar la ejecución del contrato número 026 de 2011 materia de esta controversia y lo determinó a disponer unilateralmente su terminación con el supuesto de la presunta nulidad sustentada en argumentos que también revelan la pérdida de interés de EMERSOPÓ ESP en la ejecución de la obra. Entre las partes se suscribió un contrato cuyo objeto fue la ejecución de obras para el funcionamiento de un acueducto en el municipio de Sopó; el contratista demanda la “revocatoria” de las decisiones por medio de las cuales la entidad contratante decidió terminar el contrato, declaró el siniestro de incumplimiento y lo liquidó unilateralmente, al tiempo que pretende que se declare incumplida a la contratante, se le condene a indemnizar los perjuicios producto del incumplimiento, que se liquide judicialmente el contrato y se incluya en su favor el valor de las obras ejecutadas y no pagadas por la ESP.