Sección 4 (1532)
“Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública, no es determinante el régimen contractual de la entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el general de la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la obligación tributaria se define en función del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico
“El IVA pagado en la adquisición de bienes o servicios puede ser descontado, si cumple dos condiciones: (I) que la adquisición del bien o servicio sea computable como costo o gasto en el impuesto sobre la renta; y, (II) que el bien o servicio adquirido se destine a operaciones gravadas del responsable, dentro de lo cual se incluyen operaciones gravadas con tarifa cero o exentas”.
“Si el mismo productor no efectúa un determinado proceso, sino que encarga su ejecución total o parcial a un tercero, la realización de esta actividad configura un “servicio intermedio de la producción”, de cuya prestación se obtiene un bien corporal mueble, o esté ya producido, se coloca en condiciones de utilización, sin que se requiera la adición o aporte de materias primas. En
La Sala concluyó que “para el periodo en discusión, para la amortización de inversiones que resultaron infructuosas en exploración de hidrocarburos debía aplicarse el inciso segundo del artículo 91 de la Ley 223 de 1995, en los términos en que fue modificado por el artículo 23 de la Ley 685 de 2001”.
La Sala aprobó el acuerdo de conciliación suscrito entre Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia y la Dian, en relación a la Resolución Sanción, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, que resolvió el recurso interpuesto contra la Resolución Sanción.
La sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión, por las cuales la DIAN modificó a la actora la declaración de renta del año gravable 2008. “El artículo 691 del Estatuto Tributario establece que la competencia para ampliar requerimientos especiales y proferir liquidaciones oficiales de revisión radica en cabeza del
“Respecto del defecto sustantivo por desconocimiento de la Ley 797 de 2003, la Sala advierte que el artículo 13 de la citada norma –que modificó el artículo 47 y 74 de la Ley 100 de 1993–, frente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, señaló, entre otras cosas, que cuando no existe convivencia simultánea, pero se mantiene vigente la unión conyugal con separación de hecho,
Para la Sala, no estando la DIAN obligada a requerir a cada solicitante aclaraciones o información o a expedir cualquier otra actuación, previo al rechazo de una solicitud de devolución, resulta evidente que no se vulneró el debido proceso, pues no se omitieron, ni inobservaron ritualidades o formalidades previstas para este proceso por la ley o el reglamento. Si bien, los artículos 856
La Sala reiteró que mediante Sentencia de Unificación de 20 de agosto de 2020, se adoptó, entre otras, la siguiente regla: “En todos los casos, se debe excluir de la base de cálculo de la sanción por devolución o compensación improcedente regulada en el artículo 670 del ET (en la redacción del artículo 293 de la Ley 1819 de 2016), el monto de otras sanciones administrativas tributarias que
“Según el artículo 226 de la Ley 223 de 1995, el hecho generador del impuesto de registro «Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o