“En el presente caso, para la expedición del título ejecutivo contenido en el acto administrativo acusado, el Ministerio de Minas y Energía invocó como normas habilitantes la Ley 6ª de 1992, el Decreto 2174 de 1992 y el Decreto 070 de 2001, normas todas que se refieren a la posibilidad de que tal autoridad ejerza la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor.

Se presentó demanda de nulidad contra la Resolución 0155-2009, por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central hidroeléctrica “Pescadero -Ituango expedida por la Directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales (E) del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible. Así como también las Resoluciones modificatorios que se

La Sala ordenó al municipio de Dosquebradas a que recategorice la zona objeto de la presente acción popular en su Plan de Ordenamiento Territorial y, en consecuencia, en el término que no supere un año, adopte las medidas necesarias de acuerdo con su

Para la Sala, la solicitud de patente para «uso de prolines para mejorar el crecimiento y/o el rendimiento» fue radicada por el abogado de la sociedad Los Alamos National Security Llc., y a la misma se adjuntó «un poder especial, amplio y suficiente para

el consejo de estado declaró la nulidad de los artículos 23 y 24 del decreto 393-2002 (por el cual se reglamenta el registro de proponentes en las cámaras de comercio y se fijan las relativas a los registros de proponentes y mercantil), “toda vez que dichas disposiciones impusieron una mayor carga o tributo, por concepto de inscripción y renovación de la matrícula mercantil,

Para la Sala, el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, cuando no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera, procederá una sanción contra la persona que intervino de alguna manera en dicha operación equivalente al 200% del valor en aduana de la misma.

Para la Sala, la sociedad recurrente tuvo la oportunidad de oponerse al acto de aprehensión, pero no lo hizo, y de ello se dejó constancia en la resolución mediante la cual se ordenó el decomiso del vehículo objeto de la controversia, Por consiguiente, la causal de aprehensión y decomiso en la que se sustentaron los actos acusados, es consecuente con lo probado en el

Para la Sala, es evidente que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo referente al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes, lo que daría lugar a que el consumidor creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular.

El hecho de que Ecopetrol sea una empresa mayoritariamente pública, no modifica la competencia jurisdiccional atribuida por la Ley a la SIC, para decidir sobre el uso de la marca Ecopetrol, en una valla publicitaria de un Colegio Unión Sindical Obrera. Ecopetrol solicitó a la SIC, se ordenara a la USO abstenerse de publicar, divulgar, retransmitir o difundir cualquier contenido

En el presente asunto, las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho recaen sobre unas resoluciones expedidas por Corpocesar que crearon una situación jurídica en Finagro, pues lo declararon infractor ambiental, y como consecuencia de ello, le impusieron una sanción consistente en una multa y el deber de ejecutar medidas compensatorias.