Proyecto de norma (181)
El Ministerio de Ambiente publicó para comentarios un proyecto de decreto que adiciona al Decreto 1076 de 2015, un nuevo capítulo sobre la gestión de pasivos ambientales, con el propósito de reglamentar la identificación, declaratoria, priorización, intervención, seguimiento y cierre de estos sitios afectados por daños ambientales. La propuesta crea el Sistema Único de Información de Pasivos Ambientales (SUIPA) y el Registro de Pasivos Ambientales (REPA), establece criterios para formular y verificar los Planes de Intervención, fija mecanismos de priorización cuando no exista un responsable identificado o con capacidad económica, promueve la articulación entre autoridades ambientales y sectoriales e incorpora los pasivos ambientales como determinantes en el ordenamiento territorial. Los interesados podrán enviar comentarios hasta el 16 de julio de 2026 a los correos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
El Ministerio de Ambiente publicó para consulta pública el proyecto de Política Nacional del Agua 2026-2050, con el objetivo central de fortalecer la gobernanza hídrica y garantizar la integridad ecosistémica, la biodiversidad y la justicia ambiental en el territorio. Esta propuesta, que actualiza la gestión integral del recurso, surge ante una débil gobernanza que ha limitado el desarrollo y profundizado desigualdades. Se reconoce el agua como bien común y eje transformador, frente a desafíos como la sobre-extracción, la contaminación creciente y la degradación de ecosistemas reguladores. La política se estructura en cuatro pilares: gobernanza y conocimiento para la justicia, agua para la vida (ecosistemas), agua para la gente (acceso y calidad), y adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, buscando un futuro más equitativo y resiliente.
El Ministerio de Ambiente, en conjunto con otras carteras, lidera un proyecto de resolución para establecer los lineamientos de un Curso de Sensibilización contra el Maltrato Animal, diseñado para fomentar el respeto y educar sobre las implicaciones legales del abuso. Simultáneamente, el proyecto define una Ruta de Atención al Maltrato Animal, un instrumento clave que formaliza la actuación coordinada entre entidades nacionales y territoriales. El propósito es asegurar una respuesta institucional unificada, oportuna y efectiva ante los casos de presunto maltrato, en desarrollo de la Ley 2455 de 2025, que busca fortalecer la protección y el bienestar de los animales.
El Ministerio de Ambiente, en conjunto con Salud y Trabajo, impulsa un proyecto de resolución para identificar sustancias químicas de uso industrial prioritarias, clave para la gestión de riesgos para la salud y el ambiente. La norma establece un "enfoque de riesgo", combinando variables de peligro y exposición. A partir del Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial (INSQUI), se evaluará la peligrosidad (salud/ambiente), las cantidades fabricadas/importadas y sus usos. Las sustancias categorizadas en "prioridad alta", incluyendo CMRTAC y las nuevas, requerirán información adicional, facilitando así una gestión integral y efectiva para proteger a la población y el ecosistema.
El Ministerio de Ambiente impulsa proyecto para establecer incentivos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) dirigidos a los pueblos indígenas, reconociendo su autonomía, derechos culturales y rol vital en la conservación. Este marco regulatorio, fundamentado en la Constitución y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, integrará la cosmovisión, el Derecho Propio y los planes de vida indígenas. Los incentivos no solo financiarán la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, sino que también valorarán los intangibles culturales y espirituales, así como las acciones de gobierno propio que preservan el ambiente. Los pueblos y organizaciones indígenas podrán actuar como operadores preferentes de los proyectos, asegurando su participación directa y el respeto a sus estructuras de decisión en la gestión ambiental.
MinAmbiente, mediante un proyecto de resolución, propone lineamientos para el ordenamiento ambiental participativo en la Reserva Forestal del Cocuy, establecida en 1959. La iniciativa busca equilibrar la conservación de ecosistemas estratégicos con los derechos y el sustento de las comunidades rurales, reconociendo al campesinado como sujeto de especial protección. El proceso se basa en mecanismos de participación incidente, siguiendo estándares del Acuerdo de Escazú, e incorpora activamente a las comunidades campesinas, autoridades locales y otros actores en la actualización y validación de la información cartográfica. Se integrarán criterios biofísicos, socioeconómicos y culturales, priorizando el desarrollo de una agricultura campesina, familiar y comunitaria sostenible bajo principios agroecológicos, buscando resolver tensiones históricas y derogando la anterior Resolución 1275 de 2014.
El Gobierno presentó un proyecto de Política Nacional para la reducción y sustitución de plásticos de un solo uso (PUSU), buscando transformar profundamente su modelo productivo y de consumo. Los comentarios se recibirán hasta el 1 de julio a los correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. El documento, elaborado por MinAmbiente, diagnostica la compleja problemática de los PUSU, señalando sus graves impactos ambientales, sociales y económicos, y la persistencia de un modelo lineal. La iniciativa, que se alinea con la Ley 2232 de 2022 y el Plan Nacional de Desarrollo, va más allá de las prohibiciones. Propone un enfoque integral y gradual para transitar hacia una economía circular para el año 2040. Las estrategias clave incluyen el fomento del ecodiseño y alternativas sostenibles, el fortalecimiento de la responsabilidad extendida del productor para impulsar el reciclaje y aprovechamiento, y el desarrollo de capacidades para la reconversión productiva, especialmente en micro y pequeñas empresas. Además, se busca generar un cambio cultural en el consumo responsable y fortalecer la gobernanza y articulación interinstitucional para una gestión eficiente y transparente, incluyendo el fomento de la trazabilidad y la inversión en infraestructura. Este plan busca posicionar a Colombia como referente regional en la gestión sostenible de plásticos, protegiendo ecosistemas y fomentando una cadena de valor inclusiva.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de resolución que busca adoptar nuevos Términos de Referencia (TdR - 023) para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) en proyectos de infraestructura de transporte, específicamente puertos y aeropuertos. Esta iniciativa busca actualizar los lineamientos genéricos previos (Resolución 1255 de 2006) para ajustarse al Decreto 1076 de 2015, ofreciendo requisitos más detallados y específicos para cada sector. Los solicitantes de licencias ambientales deberán adaptar estos términos a sus proyectos, justificar la omisión de información no pertinente y, si fuera necesario, la autoridad ambiental podrá solicitar datos adicionales. Se contempla un régimen de transición para estudios ya iniciados o que se presenten en los próximos seis meses bajo la normativa anterior.
El Ministerio de Ambiente presentó un proyecto para fijar los parámetros y límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales No Domésticas Tratadas (ARnD-T) directamente al suelo, buscando proteger este recurso vital. Estos límites se establecen fundamentalmente mediante una "Guía para la Determinación de las Categorías del Suelo como matriz Receptora de Vertimientos de ARnD-T", la cual clasifica el terreno en categorías (I, II y III) basándose en la información proporcionada por el usuario. La resolución detalla tablas con parámetros fisicoquímicos y microbiológicos como pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), grasas, aceites, compuestos de nitrógeno y metales, cuyos valores máximos permisibles difieren según la categoría del suelo y la actividad económica específica (ej. prestadores de alcantarillado, agroindustria). Además, se fija un límite de temperatura.
El Ministerio de Ambiente publicó una iniciativa para establecer cómo se debe adelantar la delimitación progresiva de los ecosistemas de páramo en Colombia. Este enfoque responde a órdenes judiciales que exigían mayor participación ciudadana, como la Sentencia T-361 de 2017, la cual dejó sin efecto delimitaciones previas por falta de consulta efectiva. La iniciativa permitirá formalizar los avances logrados en los procesos participativos, reconociendo los acuerdos y consensos alcanzados en diferentes municipios mediante la expedición de actos administrativos. El objetivo es evitar el estancamiento, desincentivar a las comunidades y, sobre todo, habilitar la implementación temprana de medidas de protección, restauración y gestión social contempladas en la Ley 1930 de 2018, garantizando la continuidad e integralidad de la protección de estos ecosistemas estratégicos vitales para el recurso hídrico.
