Proyecto de norma (90)
El objetivo del proyecto de norma es formalizar el registro de la Reserva Forestal Protectora Nacional Guadalajara de Buga en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP). Esta iniciativa busca establecer límites cartográficos precisos, definir los objetivos de conservación y estipular los usos permitidos dentro de la reserva. Se enfatiza la conservación de ecosistemas naturales y especies de flora y fauna en peligro, asegurando la regulación hídrica y la sustentabilidad ambiental en la cuenca del río Guadalajara. Además, se busca restaurar ecosistemas degradados y fomentar prácticas que promuevan la educación ambiental, el turismo sostenible y la conservación de conocimientos ancestrales. El proyecto está alineado con normas nacionales sobre la conservación del medio ambiente y tiene como fin contribuir al desarrollo sostenible de la región, garantizando que las actividades dentro de la reserva se realicen de manera adecuada y responsable.
Para el ministerio de Ambiente La formalización del registro de la Reserva Forestal Protectora Nacional Serranía de Coraza y Montes de María en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas es esencial para garantizar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en esta región. Dicha reserva, con una extensión de 6,730 hectáreas, desempeña un papel crucial al albergar ecosistemas de Bosque Seco Tropical, que son vitales para la recarga de acuíferos y el suministro de agua a comunidades locales.
La integración de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales Río Cali y Río Meléndez se justifica por diversas razones fundamentales para el Ministerio de Ambiente. Primero, esta unión busca optimizar la gestión y conservación de recursos naturales, promoviendo un manejo más eficaz de la biodiversidad y los ecosistemas. Al consolidar las dos reservas, se facilita la protección de especies endémicas y hábitats críticos, asegurando su supervivencia ante amenazas como la deforestación y la urbanización.
El proyecto de norma del Ministerio de Ambiente modifica y adiciona disposiciones sobre la gestión integral de residuos peligrosos, haciendo énfasis en el derecho a un ambiente sano y la responsabilidad del Estado en su protección. Se establecen conceptos clave, como definición y caracterización de residuos peligrosos, y se promueve la responsabilidad extendida del productor (REP) para facilitar la recolección y tratamiento adecuado. Se fijan deberes para los generadores de residuos, que incluyen la formulación de planes de gestión, certificaciones de manejo y capacitaciones para el personal. También se reglamenta la eliminación y remediación de sitios contaminados, instando a la prevención de daños ambientales y a la transición hacia una economía circular. Se busca fortalecer el control y seguimiento de las autoridades ambientales, así como armonizar la normativa con los compromisos internacionales, como el Convenio de Basilea, para la gestión de desechos peligrosos.
Hasta el 14 de marzo MinAmbiente recibirá comentarios al proyecto que establece lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, como área de interés ecológico nacional, con el fin de garantizar su integridad ecológica, guiar su transición y adaptación territorial y al cambio climático y procurar el ordenamiento alrededor del agua. Los comentarios podrán enviarse por correo a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
“Esta reserva temporal ocuparía 37 mil hectáreas y ¿qué es lo que pretende proteger? Un recurso fundamental, el bosque secotropical que está adherente al río Cauca, pero que además depende del agua subterránea y siete cuencas abastecedoras. De esta agua subterránea, hoy, de acuerdo con estudios de la Universidad de Antioquia, dependen 10.000 habitantes rurales de toda esta área, que tiene 50% de su suelo como vocación forestal y 30% de su suelo como vocación agrícola”, dijo Muhamad. La ministra también indicó que es importante proteger los suelos de la explotación minera, pues el 88% de los predios críticos para sostener la recarga de acuíferos y las cuencas estratégicas para la población se encuentran traslapados con títulos mineros que podrían causar un daño irreversible”.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible busca establecer un marco regulatorio claro y eficiente para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) relacionado con la importación de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal en Colombia. A través de la adopción de términos de referencia específicos, se pretende simplificar el proceso de elaboración del EIA, proporcionando pautas generales que orienten a los solicitantes en la presentación de sus estudios ambientales. Estos términos de referencia son herramientas que permiten asegurar que los estudios incorporen la información necesaria para que la autoridad ambiental competente pueda tomar decisiones informadas sobre la licencia ambiental.
La "Política de Gestión Ambiental Urbana" en Colombia busca promover el desarrollo sostenible y resiliente en las ciudades, considerando el crecimiento urbano y sus implicaciones ambientales. Se identifican desafíos significativos, como la expansión urbana que ha superado 121.978 hectáreas entre 2005 y 2018, de las cuales el 43% se superpone con áreas de especial interés ambiental. Otro punto crítico es la insuficiente infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, donde el sector industrial contribuye significativamente a la carga contaminante. A pesar de mejoras en el tratamiento de aguas, solo el 44% de las aguas residuales es tratado adecuadamente.
El proyecto de norma busca regular los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y otros residuos, conforme al Convenio de Basilea y a la adhesión del país a la OCDE. Su objetivo principal es garantizar el control efectivo de dichos movimientos en el territorio nacional, estableciendo procedimientos específicos. Entre las medidas más relevantes, se destaca que los residuos sujetos al Control Ámbar, definidos por el Convenio de Basilea y la Decisión OECD/LEGAL/0266, requieren autorización para su traslado, asegurando que se manejen de manera segura y sostenible. Para residuos menos peligrosos, se aplicará un Procedimiento de Control Verde.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible busca, a través del proyecto de norma que ajusta el Formato y el instructivo para el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, modernizar y eficientizar el registro del uso del agua. La resolución propone incluir datos más completos sobre el uso de agua para consumo humano y doméstico en viviendas rurales dispersas, así como sobre el tratamiento de aguas residuales provenientes de soluciones individuales de saneamiento. Esto se deriva de la necesidad de cumplir con normativas recientes, como la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1210 de 2020, que exigen un registro detallado y específico. Al actualizar el formato y el instructivo, el ministerio busca que las autoridades ambientales puedan gestionar de manera más efectiva los recursos hídricos, promoviendo un uso sostenible y responsable del agua, garantizando así una mejor administración de este recurso vital para la población rural y el medio ambiente.
