a los pequeños comerciantes o establecimientos con menores activos o patrimonio, frente a los grandes empresarios o establecimientos, razón por la cual se violó el derecho de igualdad y la libertad de empresa”.
el consejo de estado declaró la nulidad de los artículos 23 y 24 del decreto 393-2002 (por el cual se reglamenta el registro de proponentes en las cámaras de comercio y se fijan las relativas a los registros de proponentes y mercantil), “toda vez que dichas disposiciones impusieron una mayor carga o tributo, por concepto de inscripción y renovación de la matrícula mercantil,
a los pequeños comerciantes o establecimientos con menores activos o patrimonio, frente a los grandes empresarios o establecimientos, razón por la cual se violó el derecho de igualdad y la libertad de empresa”.