Consejo de Estado (6845)
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La Sala determinó: “los actos enjuiciados deben anularse, toda vez que dentro del plenario no se demostró la existencia del estudio técnico previo que justificara la nueva estructura administrativa y de la planta de personal de la Contraloría Departamental del Atlántico, como lo
La Sala precisó que el artículo 11 del Decreto 2463 de 2001, determinó que las Juntas de Calificación de Invalidez son organismos autónomos de carácter privado, sin personería jurídica, entre otras características, integrados por sujetos designados por el Ministerio de Trabajo,
La Sala se refirió al artículo 781 del ET relacionado con la consecuencia de la no presentación de los libros de contabilidad en la oportunidad exigida por la entidad fiscalizadora (desconocimiento de costos). Este artículo dispone que el contribuyente que no presente sus libros,
“Cuando se da por terminado un contrato, con fundamento en una causal de nulidad, se debe garantizar en debida forma el debido proceso, lo cual implica el requerimiento previo y la audiencia del interesado, para que pueda conocer los hechos que soportan la actuación
La Sala confirmó la improcedencia de la acción de tutela al considerar que además de los argumentos expuestos por el juez de primera instancia, el amparo solicitado tampoco cumple con el requisito general de subsidiariedad, en lo que se refiere a la pretensión de proteger a
La Sala, “al realizar la revisión del expediente para decidir sobre su admisión, observa que el demandante solicita que se decrete medida provisional en los siguientes términos: Se decrete medida provisional y cautelar a toda licencia ambiental que permita explotación minera,
“El artículo 59 de la Ley 788 de 2002 dispone que los departamentos y municipios deben aplicar a los impuestos por ellos administrados, los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para la “administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y
La Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. solicitó la declaratoria de responsabilidad patrimonial del municipio de Agua de Dios por las presuntas irregularidades ocurridas en la liquidación de la empresa municipal de servicios público de Agua de Dios (EMPOAGUA
“La responsabilidad del contratista debe estudiarse en los términos del contrato estatal, sin que este pueda beneficiarse de la inmunidad parcial prevista en el artículo 90 superior para los agentes estatales que causen daños con ocasión de sus funciones. En tanto que los miembros
“En el ordenamiento jurídico colombiano, existen esencialmente, tres formas para prestar servicios personales a una entidad pública. La primera de ellas se da a través de una relación legal y reglamentaria y corresponde a los denominados empleados públicos; la segunda por