Consejo de Estado (6842)
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La DIAN solicitó que se declarara el incumplimiento y se liquidara judicialmente un contrato celebrado con la Organización Aycardi S.A.S. y, como consecuencia, pidió que se ordenara al demandado pagar el valor de la cláusula penal pecuniaria pactada en el negocio por valor
La Sala concluyó que el elemento objetivo de la sanción está acreditado porque las sociedades demandadas continuaron utilizando la ronda hídrica de la quebrada La Catana para cultivar pino y eucalipto, con posterioridad al fallo de acción popular, y demostraron que
Para la Sala, el signo solicitado tiene la fuerza suficiente distintiva para ser registrada como marca, ya que de manera alguna reproduce la expresión genérica alegada, al contrario, se aleja ortográficamente, visual y fonéticamente de la misma y podría llegar a ser evocativa de
“Se demandó la legalidad del acto por el cual el Distrito Capital reconoció la configuración de un silencio administrativo positivo y ordenó tramitar la solicitud de devolución del pago de lo no debido por concepto del ICA de los periodos 5 y 6 de 2010, 1 a 6 de 2011 y 1 a 3 de
El Consejo de Estado declaró ajustado a derecho la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la
La Sala dictó auto de unificación sobre la interpretación de los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones contenidas en la Ley 2080 de 2021, en relación con el momento en que se entienden notificadas por vía electrónica las sentencias escritas. “En la
El Consorcio Minero Unido S.A.-CMU, formuló demanda de nulidad contra el artículo 8 de la Resolución 887 del 26 de diciembre de 2014, proferida por la ANM, y la Resolución 650 del 30 de diciembre de 2019, proferida por la UPME, que establecieron el precio del carbón
Al decretar a favor del Estado la extinción de los derechos sobre el subsuelo petrolífero que ostentaba la parte actora (Roberto Santofimio Arellano y otros) en los predios alinderados en la sentencia de 22 de febrero de 1946, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Para la Sala, “la actora se limitó a enunciar que no se valoraron minuciosamente los contratos y, en realidad, no parece acertada esa afirmación porque en la sentencia atacada se hizo referencia a todos los contratos que dieron lugar a la imposición de la contribución y de manera
Para la Sala, los fundamentos desarrollados en la sentencia para justificar la decisión, no contienen conceptos o frases ambiguas u oscuras que ameriten alguna aclaración mediante auto, pues la temática fue tratada de manera completa desde el planteamiento normativo y