Consejo de Estado (6845)
Subcategorías
La Sala destacó que, a diferencia de otras tipologías contractuales, “el contrato de concesión de obra pública, contemplado en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no se agota en la mera ejecución de la obra y su correlativo pago, sino que implica para el contratista
Esta corporación corroboró que el tribunal a quo, al hallar la razón que motivó la sujeción pasiva de la actora, consideró que era aplicable “la regla de unificación de la sentencia de unificación del 06 de noviembre de 2019 (exp. 23103, CP: Milton Chaves García) consistente en
La Sala precisó que la sanción por mora prevista ante la eventualidad del retardo o la no consignación del auxilio de cesantías por parte del empleador se encuentra sometida al acaecimiento del fenómeno de la prescripción extintiva, para lo cual el término a tener en cuenta es el
La Sala de Consulta levantó reserva de un concepto del año 2019 a través del cual señaló que “que ninguna norma constitucional o legal permite al Presidente de la República, expresa o implícitamente, objetar más de una vez un mismo proyecto de ley, ni por razones de
Para la Sala, como quedó demostrado que la red eléctrica que causó las lesiones a los demandantes estaba desnuda y su distancia horizontal era de 1.70 metros, es razonable concluir que las omisiones mencionadas sí incidieron en la producción del daño. “Esta Sección ha
La Sala reiteró que “el contrato de prestación de servicios se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados.
Para la Sala, la postura del actor, consistente en que los alcaldes solo deben contar con aprobación de los concejos para contratar los asuntos enunciados expresamente en el parágrafo 4º del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, no es de recibo para la Corporación, “dado que,
La Sala citó los numerales 19.4 y 19.10 del artículo 19 de la Ley 142, en los que se establecen, de un lado, que las Juntas Directivas de las empresas de servicios públicos podrán permitir el aumento de capital autorizado cuando se trate de hacer nuevas inversiones en la
La alta Corte concluyó que “los límites de la potestad tributaria de los entes territoriales les impiden crear tributos, en sentido estricto. Solo podrán establecerlos en sus respectivas jurisdicciones, a través de sus órganos de representación popular, cuando una ley los haya creado”.
Para la sala, la escritura pública de constitución de la empresa de acueducto no fue la única prueba analizada en la sentencia apelada, sino que éste acudió y valoró otros aspectos. Puntualmente para los predios en los que se hizo mención a esta escritura, el tribunal tuvo como