El Ministerio del Interior publicó un proyecto para regular y actualizar de manera integral el procedimiento de consulta previa, subrogando capítulos clave del Decreto 1066 de 2015. Su objetivo es garantizar el derecho fundamental de las comunidades étnicas, estableciendo un marco claro para determinar la procedencia y oportunidad de la consulta ante proyectos, obras, actividades y medidas administrativas de carácter general del nivel territorial. Se pretende conciliar la efectividad de este derecho con la seguridad jurídica y la eficacia de la gestión pública, priorizando la "afectación directa" como criterio determinante. El decreto robustece las garantías de participación, publicidad y debido proceso, permitiendo a las comunidades aportar información relevante antes de la decisión sobre la procedencia, y moderniza el marco conforme al Convenio 169 y la jurisprudencia constitucional. Proyecto norma / Memoria Justificativa