Consejo de Estado (6851)
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En el presente asunto la demandante formuló como pretensión el cumplimiento de los numerales 18 y 25 del artículo 73 y literal “a” del numeral 1º del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, con la finalidad de “advertirle a la CREG que está obligada a ejercer sus funciones especiales, y adelantar los trámites, gestiones, denuncias y
La Sala precisó “que el artículo 56 de la Ley 1739 de 2014, facultó a la Administración para terminar por mutuo acuerdo los procedimientos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria que estuvieren en curso antes de la entrada en vigor de la disposición. En particular, el parágrafo 4° ibidem estableció que los
“El contrato de consorcio es un vehículo asociativo atípico que, al carecer de personalidad jurídica propia, también carece de patrimonio propio. Consecuentemente, los artículos 7, 12 y 18 del ET, disponen que los consorcios no son sujetos del impuesto sobre la renta y complementarios, sino sus partícipes. En materia de IVA, -que es el
En el acta de liquidación realizada de mutuo acuerdo, las partes se declaran a paz y salvo, a menos que en ella se plasme alguna salvedad. “Es por esto que, en caso de que haya desacuerdos sobre el cumplimiento de una obligación contractual, las partes tienen el derecho a dejar "salvedades a la liquidación de mutuo acuerdo", como lo indica
Para la Sala, “en cualquier asunto que involucre el reconocimiento de una relación laboral con el Estado, debe analizarse si existe o no solución de continuidad entre los periodos contractuales a efectos de declarar probada la excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios”.
Se levantó la reserva de un concepto de la Sala De Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 16 de mayo de 2018, a través del cual el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones formuló a la Sala una consulta relacionada con el hecho generador de la contraprestación que deben pagar los proveedores de
“El artículo 51 de la Ley 383 de 1997 adoptó las reglas de territorialidad bajo las cuales se determina la causación del ICA en el caso de las actividades reguladas por la Ley 142 de 1994, relativas a la prestación de servicios públicos domiciliarios.
La Sala confirmó la decisión de anular la resolución por medio de la cual Aguas del Huila revocó la adjudicación del contrato de obra a los demandantes. En esta providencia se revocó parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, la cual quedará así: se declara la nulidad parcial de la Resolución por la cual Aguas del Huila S.A. E.S.P. revocó
La Sala anuló los Oficios 100208221-2018 y 100202208- 2020, en los que la DIAN interpretó que la “Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia” le es aplicable a todos los contratos de obra pública dentro de los cuales se incluyen los de obra pública contenidos y derivados de la celebración de contratos de concesión que se
“Cuando la inversión en acciones implique asumir control en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio se presenta, de un lado, la adquisición de acciones y, de otro, el intangible o crédito mercantil, que son dos activos diferentes con tratamiento contable y tributario particular”. Para la Sala, uno de los requisitos para el reconocimiento del crédito mercantil es
