Consejo de Estado (6851)
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Para la Sala, la demanda versa sobre actos administrativos de contenido particular y concreto, a través de los cuales el Ministerio de Transporte le ordenó al municipio de Girardota realizar el pago de las sumas por concepto del 35% de los derechos de tránsito
El demandante explicó que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 (reforma el SGSSS), establece en cabeza de las entidades accionadas, la obligación de reglamentar un sistema de presunción de ingresos. Para la Sala, “atendiendo a la lectura integral del artículo invocado en la demanda, la materia que el legislador dispuso reglamentar a cargo del Gobierno Nacional en cuanto al
La Sala recordó que el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082--2015, (demandado), “entre los elementos de los estudios y documentos previos consideró las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación, cuyo alcance entraña el deber de justificar todos los aspectos asociados a la exigencia o no de garantías, cuando sean o no obligatorias.
Anglogold Ashanti S.A. interpuso demanda de nulidad, con el fin de que se anulen los actos a través de los cuales Cortolima declaró la terminación de la concesión de aguas a favor de la sociedad. La Sala resaltó que a la Sección Tercera no le corresponde el conocimiento de la presente controversia, por cuanto la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no versa
Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la Sección Tercera analizó una demanda de reparación en la que la actora afirmó que la Dirección Nacional de Estupefacientes incurrió en falla del servicio por omisión en la entrega de un inmueble sujeto a un proceso penal. Sostuvo que la entidad demandada, encargada de la custodia de bien, incumplió sus deberes,
La Sala revisó la página electrónica del sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, en la que, consultada la cédula de ciudadanía de la actora, se evidenció (en cuanto al comparendo objeto de este trámite) que tiene vigente una multa de tránsito, que se encuentra actualmente en cobro coactivo.
La DIAN solicitó a la Sección Primera que unificara su jurisprudencia, al considerar que existen posturas divergentes y contradictorias que reflejan una incertidumbre jurídica que afecta de manera grave tanto a los usuarios aduaneros, a las empresas aseguradoras y a la misma administración pública. Para la Sala, “teniendo en cuenta la necesidad de señalar una posición univoca
La Alta Corte, al consultar el contenido del Decreto 1735-2020, acusado, este fue expedido por el Presidente de la República y el MinComercio, y de acuerdo con su parte motiva, “se profirió en ejercicio de la competencia dispuesta en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto Ley 4334 de 2008, referido a la intervención del Gobierno
La Sociedad Consultores Integrales en Tránsito y Transporte S.A.S. -CITT S.A.S.-, fue habilitada por MiniTransporte para operar como Centro Integral de Atención CIA. Para desarrollar y ejecutar dicha actividad, CITT S.A.S. matriculó un establecimiento de comercio,
La Sala reiteró que los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 “contratos de exploración y explotación de recursos naturales, y las actividades comerciales e industriales- son dos categorías de contratos diferentes en tanto tienen características y finalidades propias que impiden que se trate de un mismo negocio jurídico y que la