Consejo de Estado (6845)
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“La parte demandante interpuso el medio de control de nulidad contra el Decreto 1851 de 2015 “por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas y se subroga un capítulo del Decreto 1075 de 2015. El
“Los servicios de manejo y procesamiento de la información que puedan prestar algunos operadores no configuran por sí mismos la naturaleza de un servicio de telecomunicaciones y no generan la contraprestación periódica consagrada en los artículos 10 y 36 del Estatuto de
“El artículo 74 del Acuerdo 050 de 2009 incluía dentro del código 204 a las «distribuidoras y comercializadoras mayoristas de productos mixtos» y dentro de la categoría del código 205 «supermercados, hipermercados, supertiendas, almacenes de cadena, grandes superficies».
“Tal y como lo aceptó el mismo INGEOMINAS en el informe, la administración se equivocó al rechazar la propuesta del actor, ya que algunas de las superposiciones invocadas no existían, siendo posible que se continuara el trámite con el área libre. Por ello, dicho acto se
Los elementos de la relación laboral de remuneración y prestación de servicios se presumen configurados cuando media un contrato de prestación de servicio, lo que no ocurre con la subordinación, la que debe ser demostrada por quien alega la existencia de una relación laboral.
La Sala advirtió que le asistió razón al Tribunal cuando sostuvo que R.A. CONSTRUCTORES S.A.S., no ha cumplido con la orden impartida en la audiencia de verificación de cumplimiento de 10 de diciembre de 2021. “Observó que la misma no fue satisfecha, pues aun
La Sala analizó la caducidad de la acción por daños derivados de la ocupación permanente o definitiva de inmuebles. Las pretensiones se circunscriben al reconocimiento y pago de la indemnización por concepto de la servidumbre impuesta en el predio del actor por parte de
“El derecho constitucional a la libertad religiosa y de cultos encuentra su desarrollo en el artículo 15 de la Ley Estatutaria 133 de 1994, que reglamentó el artículo 19 de la Constitución Política, en el que se autoriza al Estado colombiano para celebrar convenios de derecho
“Los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad…»; sin embargo, lo plasmado por las partes en
“De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 (codificado en el artículo 195 del Decreto Ley 1333 de 1986 y adoptado para el Distrito Capital mediante el artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 1993 y por la norma local vigente para la época de los hechos, artículo 32 del