Consejo de Estado (6845)
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La actora buscaba obtener la nulidad de un oficio suscrito por el asesor jurídico del despacho del gobernador del departamento del Caquetá, a través del cual le fue negada su solicitud de «declaración de que (sic) el señor (…) (sic) laboraba al servicio del Departamento como
La Sala confirmó la nulidad del acto administrativo porque fueron expedidos en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa” y revocó la orden dispuesta como restablecimiento de adelantar nuevamente el procedimiento administrativo, porque no
La Sala precisó que en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
El apelante insistió en que los daños causados por descargas eléctricas se enmarcaban en el título de imputación de riesgo excepcional, apreciación que comparte esta Sala8. Sin embargo, según se expondrá, no acreditó el nexo causal. Vale la pena precisar que este régimen
“De acuerdo con el artículo 746 del ET los hechos consignados en las declaraciones tributarias se presumen ciertos en tanto la administración no haya solicitado una comprobación especial o la ley la exija. No obstante, esta presunción admite prueba en contrario, por ello, la
“Como consecuencia del proceso liquidatorio se suprimieron 420 empleos del Incoder, entre otros, el empleo denominado Profesional Especializado código 2028 grado 14, desempeñado por una funcionaria de carrera administrativa, quien solicitó la reincorporación en un
La Sala precisó que “para el año de 1947, época en la que fue suscrito el acto acusado, las Asambleas Departamentales contaban con la facultad de crear normas a fin de regular todos los aspectos salariales de los empleados públicos del sector territorial, ya que dicha
La Sala indicó que sobre el imperativo de enjuiciar los actos previos como fundamento de la nulidad del contrato estatal, resalta la Corporación que esta exigencia fue prevista, a través del artículo 87 del CCA, modificado por la Ley 446 de 1998 , marco legal que estableció que
La Sala precisó que si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y de la
La Sala declaró la nulidad de la Resolución por la cual el Ministerio de Transporte resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la anterior, en cuanto confirmó los artículos y apartados a los que se acaba de hacer referencia. Como consecuencia, a título de