Risaralda, con el fin de establecer la autoridad competente para continuar el trámite disciplinario iniciado contra una abogada adscrita al Grupo de Defensa del Consumidor de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la referida Superintendencia, por unas presuntas irregularidades cometidas en el trámite del proceso judicial de protección al consumidor”.