Corte Constitucional (2126)
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La Corte determinó que no existía una conexidad externa adecuada entre el decreto de emergencia y el decreto examinado, lo que llevó a la decisión de declarar su inconstitucionalidad con efectos inmediatos. El fallo enfatizó la importancia de salvaguardar la seguridad jurídica y el derecho a la confianza legítima de los beneficiarios de las medidas del decreto. Este fallo se basa en la falta de justificación adecuada por parte del Gobierno sobre la necesidad de recurrir a un estado de emergencia y la insuficiencia de los mecanismos ordinarios para abordar la crisis en La Guajira. En resumen, la falta de conexión con la crisis humanitaria y la inconstitucionalidad del decreto base llevaron a la Corte a declarar el Decreto Legislativo 1267 de 2023 como inexequible.
En este fallo la Corte se declaró inhibida para pronunciarse sobre la presunta inconstitucionalidad del artículo 118 del Decreto 020 de 2014, que establece la clasificación de empleos y el régimen de carrera especial de la Fiscalía general de la Nación y de sus entidades adscritas. Esta decisión se fundamentó en la ineptitud sustantiva de la demanda, ya que los argumentos presentados no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia constitucional para un examen de fondo. La Corte concluyó que los demandantes no lograron presentar una argumentación suficiente que generara dudas sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada, lo que llevó a la decisión de no proceder con el análisis de los cargos planteados.
La Corte declaró la inexequibilidad del artículo 95 de la Ley 2277 de 2022, al encontrar que el artículo no fue debatido adecuadamente en las comisiones correspondientes antes de ser sometido a votación en plenaria. Se abordó la preocupación sobre la legalidad tributaria, señalando que la norma no cumplía con los requisitos necesarios para establecer un nuevo tributo, lo que genera incertidumbre y afecta los derechos de los contribuyentes. El artículo 95 de la Ley 2277 de 2022 estaba dirigido a las instituciones de educación superior (IES) en Colombia. Específicamente, la norma contemplaba una contribución que debía ser pagada por estas instituciones en relación con los estudiantes deudores del ICETEX, que es el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior.
La Sala analizó la necesidad de equilibrar el derecho a la intimidad con los fines de la investigación disciplinaria, así como la obligación de las autoridades de actuar dentro de los límites legales y constitucionales. Finalmente, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 189 de la Ley 1952 de 2019, concluyendo que, aunque la norma permite el acceso a información privada, este acceso debe ser realizado con respeto a los derechos fundamentales y bajo condiciones que aseguren la protección de la intimidad de las personas.
La inclusión de los animales de compañía en la lista de bienes inembargables es considerada constitucional por la Corte. En su decisión, la Corte determinó que la lista de bienes inembargables, que se encuentra en el artículo 594 del Código General del Proceso, es constitucional siempre y cuando incluya a los animales de compañía. La Corte argumentó que esta inclusión es necesaria para proteger los derechos fundamentales de los tenedores de animales, como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la intimidad, así como para cumplir con el deber de protección animal, reconociendo a los animales como seres sintientes.
Se trata del texto del fallo de la Corte en el que consideró que la exigencia de 1.150 semanas de cotización para las mujeres era inconstitucional, ya que perpetuaba la desigualdad y no tomaba en cuenta las realidades laborales que enfrentan las mujeres en Colombia. Según la decisión, si el Congreso no adopta las medidas necesarias antes del 31 de diciembre de 2025, el número mínimo de semanas de cotización exigido a las mujeres para acceder a la garantía de pensión mínima en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) se reducirá en 15 semanas cada año, hasta llegar a un total de 1.000 semanas. Por lo tanto, si no se implementan cambios legislativos, a partir del 1° de enero de 2026, las mujeres deberán cotizar 1.000 semanas para acceder a la pensión mínima.
El artículo 98 de la Ley 2294 de 2023, demandado, se refiere a la organización y disposición de los recursos obtenidos de la tasa del registro mercantil y de los servicios públicos delegados a las cámaras de comercio. La decisión de declararse inhibida se fundamentó en que los cargos propuestos por el demandante no cumplían con el requisito de certeza necesario para emitir un pronunciamiento de fondo. La Corte concluyó que la demanda carecía de una interpretación objetiva y razonable del enunciado normativo, basándose en suposiciones o interpretaciones subjetivas que contradecían el tenor literal de la ley y omitían el contexto normativo correspondiente. Por lo tanto, la Corte resolvió no entrar a revisar el asunto de fondo, ya que no existía un cargo apto que permitiera activar su función jurisdiccional.
El demandante sostuvo que los artículos 72, 73 y 75 de la Ley 2220 de 2022 (Estatuto Nacional de Conciliación), no guardan conexidad con la materia objeto de la ley, que es la conciliación y que la mediación policial, que se regula en estos artículos, es un tema distinto. La Sala trae colación la sentencia C-602 de 2019 sobre clases de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en la que resaltó que el artículo 116, inciso 4, de la Constitución confiere temporalmente a los particulares la función de administrar justicia, ya sea como jurados en casos criminales, conciliadores o árbitros autorizados por las partes para emitir fallos conforme a derecho o equidad, de acuerdo con lo establecido por la ley.
La Corte Constitucional amparó los siguientes derechos específicos del accionante: Estabilidad laboral relativa: concluyó que el ICA vulneró este derecho al despedir al funcionario sin considerar su situación como padre cabeza de hogar. Mínimo vital: se reconoció que la desvinculación afectó la capacidad del accionante para garantizar el sustento de su familia. Seguridad social: la Corte destacó que la separación del cargo impactó negativamente en el acceso del accionante a la seguridad social. Dignidad humana: se consideró que el despido afectó la dignidad del accionante, especialmente dado su rol como padre cabeza de hogar y las circunstancias familiares que enfrentaba. Estos derechos fueron fundamentales en la decisión de la Corte para proteger al accionante y resaltar la importancia de considerar las circunstancias personales en decisiones laborales.
La audiencia pública se llevará a cabo el 7 de octubre de 2024 en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, Bogotá. Los demandantes presentan varios argumentos principales en contra de la Ley 1816 de 2016, específicamente en relación con los incisos primero y segundo del artículo 28. Estos argumentos son: vulneración de la libertad de competencia: se sostiene que los incisos acusados limitan de forma desproporcionada la libre competencia, lo que va en contra del artículo 333 de la Constitución Política, que protege este derecho. Naturaleza de los monopolios rentísticos: los demandantes argumentan que la medida desconoce la naturaleza rentística de los monopolios previstos en el artículo 336 de la Constitución, que establece que los monopolios deben ser regulados de manera que no afecten la competencia. Derecho a la libre elección de los consumidores: se alega que la norma impide la libre elección de los consumidores en el abastecimiento del aguardiente, lo que contraviene el artículo 78 de la Constitución, que garantiza este derecho. En resumen, los demandantes consideran que la medida de suspensión de permisos para la introducción de aguardiente afecta negativamente la competencia y la elección de los consumidores en el mercado de licores destilados en Colombia.
