Para la Sala, “el cálculo de la renta líquida gravable en la forma establecida por el artículo 239-1 del ET se encuentra condicionada únicamente a la preexistencia de activos no declarados y de pasivos declarados pero inexistentes y opera voluntariamente a instancia de parte,
En cuanto a las características que deben tener las obras para ser objeto de la deducción, la Sala reitera que, “respecto a la legalidad del Decreto 1766 del 2004 explicó, que el concepto de “activos fijos reales productivos” son aquellos que reúnen las siguientes condiciones: (I) que se trate de activos fijos, en los términos del artículo 60 del Estatuto Tributario; (II) que los mismos sean bienes
El Consejo de Estado modificó el valor de la condena ordenada en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con el saldo resultante de la liquidación. Entre el departamento del Cauca y la sociedad Global Salud Integral IPS Ltda se celebró el contrato 607 de 4 de julio de 2011, cuyo objeto fue la “prestación de servicios
La Sala ha reiterado las múltiples diferencias que existen “entre la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato y la figura del incumplimiento contractual, así como los efectos que de uno y otro caso se desprenden”. Precisa la Corporación que, “aun cuando la planeación que se debe observar en la etapa previa a la celebración del contrato se demanda respecto de
La DIAN aplicó la causal de decomiso prevista en el artículo 1.6. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, sobre un vehículo identificado con placas ecuatorianas, el cual estaba efectuando la operación de transporte internacional de la mercancía consistente en alcohol etílico desde la ciudad de Quito (Ecuador) hasta la ciudad de Palmira (Colombia), al evidenciarse que la placa
La Sala advierte que no hay correspondencia entre la identificación de los terrenos que se hizo en el pliego de cargos y la referida en las resoluciones 1013 de 2008 y 0015 de 2009. El IDUC no solo omitió pronunciarse respecto de la prueba de inspección judicial con intervención de perito solicitada por los demandantes, sino que, en ninguno de los actos acusados, analizó el
Para la Sala, la Circular Externa de 24 de abril de 2020-100-000008, expedida por la Superintendencia de Sociedades en la que se indicó la modificación de los plazos para la presentación de los estados financieros y otros informes del año 2019, no desarrolló un decreto legislativo y se ocupó de modificar plazos que habían sido establecidos en ejercicio de atribuciones ordinarias por el
“El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda de reparación que interpuso un maestro de Carmen de Bolívar (Bolívar) que, tras haber fungido como alcalde ad hoc ese municipio, fue vinculado al presunto fraude electoral que se produjo en las elecciones regionales de 1997 en esa población. La investigación de las autoridades penales se produjo por un cambio aparentemente
La Sala no admitió el control de legalidad del decreto 1374-2020, porque no desarrolla ningún Decreto Legislativo en el marco del Estado de Excepción y en sus consideraciones se hace alusión, únicamente, a disposiciones ordinarias. Adicionalmente, si bien en el encabezado se hizo referencia al artículo 14 del Decreto Legislativo 538 de 2020 y en el capítulo IV del Decreto se
Para la Sala, “en los términos del artículo 779 del ET, se entiende por inspección tributaria, un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los