El Consejo Superior de la Judicatura emitió el AcuerdoPCSJA24-12243, que establece lineamientos para el uso respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial (IA) en la Rama Judicial, vigente desde el 16 de diciembre de 2024. Este acuerdo busca optimizar la gestión judicial y administrativa, garantizando que los servidores judiciales se informen sobre las funcionalidades, limitaciones y riesgos de las herramientas de IA. Se enfatiza la importancia de controlar y verificar la fiabilidad de la IA generativa, así como la obligación de documentar su uso en expedientes y decisiones judiciales.
Esta alianza es un paso importante para garantizar que la tecnología contribuya a mejorar la justicia y los derechos humanos en Colombia y en América Latina. Esta se enfoca en cuatro áreas claves: el acompañamiento en la definición de directrices integrales para garantizar que las herramientas de IA se utilicen de manera ética, respetando la dignidad humana y mejorando los procesos judiciales, así como a través de talleres y capacitación la UNESCO ayudará a fortalecer las capacidades de los servidores judiciales en Colombia, integrando cursos abiertos en sus programas de formación y la creación de directrices para evaluar los impactos de los algoritmos, garantizando la transparencia y la responsabilidad en las aplicaciones de la IA.
Comunicado UNESCO/ComunicadoCSJ
El Consejo Superior de la Judicatura expidió una Circular a través de la cual puso a disposición de la ciudadanía el ABC de la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional, con la que se establecieron lineamientos, principios y criterios orientadores sobre el uso de las herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en la administración de justicia. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía, ha destacado el compromiso de la Rama Judicial en promover y divulgar esta sentencia, así como en crear espacios de capacitación sobre el uso de la IA. Se busca una regulación equilibrada que aporte valor a la función judicial y a la labor de los abogados, fomentando así una justicia más eficiente y accesible.
“El Consejo Superior de la Judicatura alerta a los usuarios del servicio de justicia para que se abstengan de abrir o descargar el contenido de correos electrónicos procedentes de fuentes dudosas para evitar ser víctima de Phising, método para engañar a través de la suplantación, haciéndose pasar por despachos judiciales o entidades gubernamentales. Recientemente se ha identificado un aumento en la cantidad de correos electrónicos fraudulentos que han recibido los usuarios de la Rama Judicial con mensajes diseñados para engañar a los destinatarios y comprometer la seguridad de sus datos personales y financieros”.
También ordenó la creación de tres despachos de magistrado y una secretaría para el Tribunal Agrario y Rural de Tunja, así como cinco juzgados agrarios y rurales del circuito. El Consejo Superior de la Judicatura dispuso la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural, teniendo en cuenta las características y volúmenes demográficos, territorialidades étnicas y campesinas, municipios PDET, políticas públicas y conflictos potenciales, así como la demanda de justicia sobre los asuntos de competencia de la jurisdicción.
“En el marco del XIII Conversatorio Nacional y III Internacional de la especialidad Civil, Agraria y Rural, el magistrado explicó que la Corporación realizó un esfuerzo presupuestal y un estudio juicioso de la demanda de justicia en el país y aprobó la creación de un Tribunal Agrario y Rural, con sede en Tunja, y con competencia a nivel nacional, así como la creación de cinco circuitos agrarios y rurales en Tunja, Pasto, Popayán, Cartagena y Quibdó”.
El Consejo Superior de la Judicatura actualizó los valores del arancel judicial en asuntos civiles y de familia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Constitucional y la función disciplinaria. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 362 del CGP que señala que cada dos años se debe regular el arancel judicial relacionado con copias, desgloses, certificaciones, autenticaciones, notificaciones y similares.
A través de este Acuerdo, el Consejo Superior de la Judicatura suspende términos judiciales en el territorio nacional, a partir del 14 y hasta el 20 de septiembre de 2023, salvo para las acciones de tutela, hábeas corpus y la función de control de garantías, dado el inconveniente técnico de algunas máquinas virtuales.
Estos depósitos, representados en dinero, son producto de procesos judiciales que no han sido reclamados por las partes interesadas y que se derivan de cauciones, remates, acreencias laborales, cuotas alimentarias, cánones de arrendamiento, entre otros, los cuales prescriben en dos, tres o cinco años, según sea el proceso. A nivel nacional, existen en las cuentas judiciales un total de 485 mil millones de pesos, de los cuales 330.8 mil millones corresponden a depósitos constituidos desde hace 10 y 14 años, y 154.2 mil millones de pesos se encuentran en depósitos que sobrepasan los 15 años de expedidos.
“El Órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria confirmó decisión de terminación y archivo en favor de un Juez Laboral del Circuito, al evidenciar que no aconteció mora judicial en el trámite impartido a un radicado ordinario laboral, pues verificado el expediente, determinó la Sala que los términos agotados fueron acordes con la realidad procesal y las distintas situaciones o particularidades que allí se presentaron y truncaron el objetivo ideal de una justicia célere, las cuales, en lo absoluto, podían ser atribuibles a responsabilidad funcional del encartado”.