Consejo Superior de la Judicatura (83)
“El Consejo Superior de la Judicatura alerta a los usuarios del servicio de justicia para que se abstengan de abrir o descargar el contenido de correos electrónicos procedentes de fuentes dudosas para evitar ser víctima de Phising, método para engañar a través de la suplantación, haciéndose pasar por despachos judiciales o entidades gubernamentales. Recientemente se ha identificado un aumento en la cantidad de correos electrónicos fraudulentos que han recibido los usuarios de la Rama Judicial con mensajes diseñados para engañar a los destinatarios y comprometer la seguridad de sus datos personales y financieros”.
También ordenó la creación de tres despachos de magistrado y una secretaría para el Tribunal Agrario y Rural de Tunja, así como cinco juzgados agrarios y rurales del circuito. El Consejo Superior de la Judicatura dispuso la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural, teniendo en cuenta las características y volúmenes demográficos, territorialidades étnicas y campesinas, municipios PDET, políticas públicas y conflictos potenciales, así como la demanda de justicia sobre los asuntos de competencia de la jurisdicción.
“En el marco del XIII Conversatorio Nacional y III Internacional de la especialidad Civil, Agraria y Rural, el magistrado explicó que la Corporación realizó un esfuerzo presupuestal y un estudio juicioso de la demanda de justicia en el país y aprobó la creación de un Tribunal Agrario y Rural, con sede en Tunja, y con competencia a nivel nacional, así como la creación de cinco circuitos agrarios y rurales en Tunja, Pasto, Popayán, Cartagena y Quibdó”.
El Consejo Superior de la Judicatura actualizó los valores del arancel judicial en asuntos civiles y de familia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Constitucional y la función disciplinaria. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 362 del CGP que señala que cada dos años se debe regular el arancel judicial relacionado con copias, desgloses, certificaciones, autenticaciones, notificaciones y similares.
A través de este Acuerdo, el Consejo Superior de la Judicatura suspende términos judiciales en el territorio nacional, a partir del 14 y hasta el 20 de septiembre de 2023, salvo para las acciones de tutela, hábeas corpus y la función de control de garantías, dado el inconveniente técnico de algunas máquinas virtuales.
Estos depósitos, representados en dinero, son producto de procesos judiciales que no han sido reclamados por las partes interesadas y que se derivan de cauciones, remates, acreencias laborales, cuotas alimentarias, cánones de arrendamiento, entre otros, los cuales prescriben en dos, tres o cinco años, según sea el proceso. A nivel nacional, existen en las cuentas judiciales un total de 485 mil millones de pesos, de los cuales 330.8 mil millones corresponden a depósitos constituidos desde hace 10 y 14 años, y 154.2 mil millones de pesos se encuentran en depósitos que sobrepasan los 15 años de expedidos.
“El Órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria confirmó decisión de terminación y archivo en favor de un Juez Laboral del Circuito, al evidenciar que no aconteció mora judicial en el trámite impartido a un radicado ordinario laboral, pues verificado el expediente, determinó la Sala que los términos agotados fueron acordes con la realidad procesal y las distintas situaciones o particularidades que allí se presentaron y truncaron el objetivo ideal de una justicia célere, las cuales, en lo absoluto, podían ser atribuibles a responsabilidad funcional del encartado”.
“El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, explicó ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la posición conjunta con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, frente al Proyecto de Acto Legislativo
“El Consejo Superior de la Judicatura, luego de gestionar recursos ante el Ministerio de Hacienda e identificar necesidades prioritarias de fortalecimiento de la oferta judicial a nivel de tribunales y juzgados del país y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus
A través de un comunicado oficial, la Entidad indicó que “en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1905, la cual dispone la presentación de un examen de Estado como requisito para habilitar la tarjeta profesional de abogado para representar intereses de terceros, el Consejo