El Consejo de Estado declaró ajustada a derecho, de manera condicionada, la Resolución 000011 del 23 de abril de 2026, mediante la cual la DIAN estableció las condiciones técnicas para transmitir operaciones no facturadas o facturadas sin requisitos, en desarrollo del mecanismo de regularización previsto en el Decreto Legislativo 0240 de 2026. La Sala concluyó que la entidad actuó dentro de sus competencias y que la medida cumplía los juicios de conexidad, finalidad, necesidad, proporcionalidad, transitoriedad y no discriminación, pues se limitó a instrumentar técnicamente una medida ya creada por el legislador extraordinario, sin modificar sus elementos sustanciales. No obstante, condicionó su legalidad porque el Decreto 0150 de 2026, fundamento mediato de la resolución, fue declarado exequible con límites por la Corte Constitucional. Por ello, precisó que la resolución solo puede aplicarse dentro de los supuestos y plazo del Decreto 0240 y bajo los límites territoriales, materiales y financieros fijados en la sentencia C-191 de 2026.

Tras la terminación anticipada del contrato especial de servicios públicos para la prestación del servicio de energía eléctrica en Guapi, ocasionada por la conexión del municipio al Sistema Interconectado Nacional, surgió la obligación de recibir los activos y maquinarias utilizados para la prestación del servicio. El Consejo de Estado confirmó la sentencia que declaró el incumplimiento del Ministerio de Minas y Energía, al considerar que la entidad no cumplió con su deber contractual de recibir estos bienes dentro del plazo previsto, pese a las gestiones realizadas por Gensa S.A. E.S.P. para concretar su entrega. La Sala señaló que esta obligación estaba expresamente establecida en el contrato y, por tanto, no requería un otrosí o modificación posterior. Además, consideró que Gensa actuó de manera diligente y conforme a la buena fe contractual, mientras que la falta de actuación efectiva del Ministerio prolongó la custodia y mantenimiento de los activos por parte de la contratista, generando los costos cuya responsabilidad fue atribuida a la entidad.

El Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela promovida por un excolaborador de Nueva EPS frente al cobro coactivo iniciado para hacer efectiva una sanción por desacato, al considerar que no se cumplía el requisito de subsidiariedad. La Sala explicó que, dentro del proceso de cobro, aún existían mecanismos para controvertir su procedencia, entre ellos solicitar la terminación del trámite y el levantamiento de las medidas cautelares, formular las excepciones contra el mandamiento de pago y alegar la pérdida de fuerza ejecutoria de la sanción, dado que esta había sido dejada sin efecto. Para el alto tribunal, no se demostró que estos mecanismos fueran inidóneos o ineficaces, ni que el cobro generara un perjuicio irremediable que justificara acudir excepcionalmente a la tutela.

Ante la compleja situación generada por el reciente desastre nacional y sus efectos en la cadena de pagos del sector eléctrico, la CREG emitió una norma que busca brindar un alivio necesario a los comercializadores de energía al ajustar los plazos y el ámbito de aplicación de un mecanismo transitorio de diferimiento de obligaciones. El objetivo es asegurar la liquidez y la continuidad del servicio en las regiones afectadas, permitiendo que las empresas formalicen sus planes de pago y suspendiendo temporalmente procedimientos de limitación de suministro, mientras el Gobierno inyecta recursos para fortalecer la estabilidad energética del país.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que entraron en funcionamiento nuevos desarrollos tecnológicos para fortalecer los procesos de declaración de producción, liquidación y pago de regalías mineras. Los ajustes comprenden modificaciones en el flujo de pago mediante el módulo de Trámites en Línea y nuevas funcionalidades en el sistema AnnA Minería, que permiten anular declaraciones de producción y liquidación de regalías y consultar las declaraciones radicadas y su estado. Según la entidad, estas herramientas buscan mejorar la gestión y acreditación del cumplimiento de las obligaciones, así como facilitar el acceso a información más clara, oportuna y trazable para las labores de seguimiento, control y fiscalización de la actividad minera.