La CRA hizo precisiones sobre el modelo de facturación conjunta de servicios públicos. Este permite que las empresas cobren varios servicios en una sola factura, exigiendo el desglose individual de cada concepto y la posibilidad de pago independiente, salvo para servicios de saneamiento básico (aseo y alcantarillado) bajo ciertas condiciones. Para evitar abusos de posición dominante, se prohíbe imponer condiciones que atenten contra la libre competencia, y la Ley 142 de 1994 lista cláusulas contractuales consideradas abusivas. La transparencia y proporcionalidad se garantizan mediante metodologías tarifarias y la obligatoriedad de separar los costos en la facturación, quedando la supervisión a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos y los usuarios.

El Ministerio de Vivienda proyecta reglamentar la Mesa de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico. Esta iniciativa busca crear un espacio de participación incidente clave, donde voceros de redes, asociaciones y confederaciones de gestores comunitarios, incluyendo pueblos indígenas y comunidades étnicas, dialogarán con entidades públicas y representantes académicos. La Mesa de GCASB, que operará bajo principios de democracia participativa, tendrá la función de elaborar su plan de trabajo anual y formular el Plan de Acción de la Política de Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento Básico. Con esto, se busca fortalecer el rol de las comunidades en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para asegurar el acceso universal a estos servicios esenciales, abordando un vacío en el ordenamiento jurídico que no había desarrollado un régimen acorde a sus realidades.

La Corte Constitucional precisó que los conjuntos residenciales no pueden prohibir ni restringir el tránsito de mascotas en zonas comunes, ni exigir autorizaciones previas. Esta decisión protege el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar de los residentes, reconociendo el vínculo constitucional con los animales de compañía.

La CREG activó las medidas extraordinarias previstas en los capítulos I, II y III de la Resolución CREG 101 114 de 2026, expedida para fortalecer la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) ante los riesgos derivados del fenómeno de El Niño y la reducción de los aportes hídricos. La decisión habilita la entrega de energía adicional por productores marginales, autogeneradores y plantas de emergencia (Capítulo I), aplica requisitos mínimos para la declaración de plantas en pruebas (Capítulo II) y suspende temporalmente el requisito de consumo garantizado para ciertos usuarios no regulados conectados al STN y STR (Capítulo III). La medida no sustituye la regulación ordinaria y podrá modificarse según evolucione la situación energética del país.

El Gobierno impulsa un proyecto de resolución para acelerar la transición energética del país. La iniciativa modifica la Resolución MME No 40509 de 2024 y reglamenta el Registro de Comunidades Energéticas (RCE), un pilar para fomentar la participación ciudadana en la generación, comercialización y uso eficiente de energías renovables. El objetivo primordial es democratizar el acceso energético, focalizando en poblaciones vulnerables, áreas rurales, municipios PDET y ZOMAC, territorios campesinos y de reincorporación, así como zonas con alta pobreza multidimensional y energética. Esto busca garantizar condiciones económicas asequibles, desarrollar economías locales sostenibles, reducir emisiones y cerrar brechas socioeconómicas, promoviendo un desarrollo energético inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. El registro permitirá a estas comunidades acceder a beneficios legales y regulatorios.