El Gobierno impulsa un proyecto de norma para fomentar la arquitectura tradicional y el uso de guadua y bambú, en cumplimiento de la Ley 2206 de 2022. La propuesta busca recuperar saberes ancestrales y oficios asociados a estos materiales, promoviendo su uso productivo y sostenible en vivienda, infraestructura y mobiliario. Esto se logrará mediante la adopción de lineamientos específicos que orientarán la identificación, documentación y transmisión de conocimientos constructivos tradicionales, la articulación de estos sistemas con la normativa vigente para asegurar un uso seguro y sostenible, y el fortalecimiento de la cadena productiva, la innovación y las capacidades locales para su desarrollo industrial.

La CRA respondió a una solicitud de apoyo para implementar una Estrategia de Economía Circular con residuos orgánicos. La CRA aclara que su rol no incluye el suministro directo de herramientas o asistencia técnica. Su función principal es la regulación tarifaria del servicio de aseo. No obstante, valora positivamente la iniciativa y ha avanzado en la actualización del marco tarifario para reconocer costos de tecnologías de tratamiento de residuos sólidos, como compostaje y digestión anaerobia, incentivando su implementación. Para tecnologías específicas como pacas digestoras y lombricompostaje, la CRA recomienda contactar al Movimiento Paquero de Colombia. Adicionalmente, la entidad planea desarrollar incentivos tarifarios para la gestión comunitaria de residuos orgánicos dentro de su Agenda Regulatoria 2026, buscando fortalecer el reconocimiento de estas prácticas desde el esquema tarifario. Se invita a consultar los canales oficiales de la CRA para información técnica y pedagógica en materia tarifaria.

El Gobierno impulsa un proyecto para crear la Política de Calidad Acústica en Colombia. El DNP, junto a Ministerios de Ambiente, Salud, Defensa y Transporte, lidera la formulación e implementación de esta política, buscando garantizar el derecho a un ambiente sano, la salud pública y una vivienda digna, reconociendo el ruido como factor de deterioro ambiental. A través de este decreto, el DNP establece un marco para que entidades nacionales y territoriales coordinen acciones de prevención, mitigación y control del ruido, integrando la calidad acústica en la planificación urbana y las normas de construcción. Además, el DNP preside la Comisión de Seguimiento e Implementación, encargada de monitorear su progreso mediante planes de trabajo anuales, asegurando que la política se materialice con recursos existentes y la participación ciudadana, mejorando así la calidad de vida en todo el país.

La CREG publicó los anexos técnicos para la conexión simplificada de plantas de generación. La Dirección Ejecutiva de la CREG, en cumplimiento del artículo 5 de la Resolución CREG 101 114 de 2026 y tras analizar una propuesta del Consejo Nacional de Operación, presenta un formulario y lineamientos para un estudio de conexión simplificado. Estos documentos están destinados a facilitar a los interesados la ampliación temporal de la capacidad de transporte de plantas con una capacidad instalada entre 1 MW y 5 MW ante el operador de red, con una mención especial para los autogeneradores a gran escala, que deben referirse a la Circular CREG 073 de 2024.

El Consejo de Estado precisó que el cobro de la Estampilla Pro-Universidad del Pacífico puede efectuarse en cualquier municipio del departamento, incluso si allí no existe una sede de la institución, siempre que se configure alguno de los hechos generadores autorizados por la Ley 1685 de 2013. La Sala explicó que la ley distingue varios hechos gravados independientes entre sí y que la exigencia de que exista una sede de la Universidad únicamente aplica cuando el tributo recae sobre actividades comerciales o industriales desarrolladas con aprovechamiento de los recursos naturales o la posición estratégica del municipio. En cambio, para los demás hechos generadores, como la suscripción de documentos o contratos gravados, la estampilla puede emitirse, cobrarse y recaudarse en cualquier municipio del departamento. Con este análisis, el alto tribunal confirmó la legalidad de la reglamentación expedida por el Valle del Cauca y negó las pretensiones de nulidad promovidas contra las normas que regulan el tributo.