Prensa Jurídica recopiló el listado de los proyectos de ley radicados para la legislatura 2026-2027, con corte al 24 de julio, que reúne 98 iniciativas presentadas desde el 20 de julio: 76 en el Senado y 22 en la Cámara de Representantes. El consolidado permite identificar las principales propuestas que iniciarán su trámite en el Congreso, entre ellas varias de interés para los sectores de minas, energía y ambiente, como los proyectos sobre prohibición del fracking, competencia en el mercado de energía eléctrica, eficiencia tarifaria en la distribución de energía, transición hacia una movilidad sostenible y regulación del greenwashing o lavado verde de imagen, además de otras iniciativas con impacto en la política ambiental y energética del país.

 Los ministerios de Minas y Ambiente, junto con la Agencia Nacional de Minería buscan adoptar la actualización de las Guías Minero-Ambientales.  Esta iniciativa crucial, que incluye documentos para exploración, explotación, beneficio, transformación y una nueva guía para la formalización, surge en respuesta a un fallo del Consejo de Estado que exigió la adecuación de la normativa. Su propósito es estandarizar la gestión técnica, ambiental, social y de gobernanza en todas las actividades mineras del país, garantizando el desarrollo sostenible de los recursos. Las guías son de cumplimiento obligatorio para operadores y autoridades, con un período de transición de seis meses, y derogan la resolución anterior de 2002, marcando un avance significativo en la regulación del sector.

El Ministerio de Minas publicó los lineamientos temporales para acelerar la articulación de proyectos de generación de energía eléctrica. La iniciativa busca promover la transición energética, la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y priorizar proyectos con potencial restaurativo, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de aquellos con carácter social. Se establecen condiciones especiales para flexibilizar la puesta en operación de proyectos afectados por atrasos en la infraestructura de transmisión y se impulsa un esquema de garantías adaptable para iniciativas de reparación. Esta medida, que mandata a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la definición de reglas específicas, busca asegurar un servicio eléctrico eficiente, continuo y equitativo, contribuyendo simultáneamente a los objetivos de paz y el desarrollo sostenible del país.

El Ministerio de Minas impulsa un proyecto para adicionar y modificar obras urgentes que mitiguen las limitaciones de la red eléctrica en la Región Caribe. La iniciativa introduce nuevos proyectos para el Sistema de Transmisión Regional (STR) y el Sistema de Transmisión Nacional (STN), incluyendo una subestación en Río y bahías de transformación en Sahagún y Chinú. Además, se ajustan las fechas de puesta en operación de compensadores síncronos en varias subestaciones clave, extendiéndolas hasta finales de 2031. La medida busca dar más tiempo a los agentes para análisis técnicos y financieros, al tiempo que armoniza el marco regulatorio de remuneración de inversiones con las normativas vigentes, garantizando la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico.

El Ministerio de Minas sometió a consulta pública la reglamentación de la transferencia de infraestructura de generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), financiada con recursos públicos, a Comunidades Energéticas. Esta medida busca impulsar la Transición Energética Justa, empoderando a personas naturales, jurídicas, y comunidades indígenas o campesinas en la gestión autónoma de su energía, y garantizando la prestación eficiente de servicios públicos. Los activos, provenientes de fondos como el FENOGE e IPSE, podrán ser transferidos en propiedad o en derecho de uso y goce, bajo modalidades contractuales específicas. Para acceder a estos beneficios, las Comunidades Energéticas deberán estar registradas, contar con personería jurídica o asociación habilitada, y presentar un esquema básico de administración, operación y mantenimiento (AOM) que asegure la sostenibilidad de los proyectos.